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Una de los anuncios más importantes del gobierno de Pedro Castillo de apoyar a la agricultura familiar ha sido soslayado por el apoyo a los grupos exportadores, advierte el CEPES.

En el Perú la multa máxima que podría imponer el Estado es 30 mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a unos S/ 138 millones que es una suma irrisoria frente a los daños.

La brecha para financiar la Emergencia Climática aprobada por el gobierno peruano es enorme advirtió el Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes).

El IPROGA llamó la atención de la necesidad de reconocer la condición vulnerable no solo de las cabeceras sino de las cuencas en su integridad.

Salir de la emergencia alimentaria solo será posible con acciones definidas y bien estructuradas por los tres niveles de gobierno. Hablamos de acciones concretas y no de sumar leyes declarativas.

El bono no es el mejor medio para garantizar el acceso a alimentos para toda la población. El apoyo a las ollas comunes y a los agricultores es el mejor método, según Eguren.

La propuesta de una segunda reforma agraria estaba incluida en el plan de gobierno de Juntos por el Perú y ha sido retomada en el Plan Bicentenario de Perú Libre. Pero, ¿en qué consiste?

El esperado reglamento de la ley que reemplazó a la Ley de Promoción Agraria "parece parece haber sido preparado para las empresas” afirma Laureano del Castillo.

Cepes revisó los planes de gobierno en siete temas prioritarios: agua, suelos, biodiversidad y ecosistemas, contaminación, institucionalidad, cambio climático  y bosques.

El 31 de diciembre de 2020 se publicó la ley que sustituyó a la llamada Ley de promoción agraria, cuyo reglamento debe publicarse el 30 de enero.