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Perú: Organizaciones indígenas - campesinas rechazan intención de legalizar el latifundio

Servindi, 07 de agosto, 2010.- Representantes de diversas organizaciones indígenas y campesinas expresaron su rechazo al proyecto de ley que pretende elevar a 40 mil hectáreas el límite de la propiedad agraria.

Advierten que la iniciativa del Partido Aprista pretende beneficiar a las grandes empresas dedicadas a los cultivos de exportación y agrocombustibles aún a riesgo de atentar contra la soberanía y la seguridad alimentaria.

De los tres proyectos referidos al mismo tema señalan que el proyecto oficialista es el más peligroso porque propone elevar el límite a 40 mil hectáreas y así legalizar el retorno al latifundio.

Los proyectos legales son el 3194 que propone 40 mil hectáreas, el 4075 que propone 25 mil y el 4062 cuyo límite es 10 mil hectáreas.

Mario Palacios Panez, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), señaló que el proyecto de ley aprista tiene nombres propios a quienes beneficiar.

Indicó que busca legalizar la enorme concentración de tierras en la costa norte del país, donde grandes empresas se han apropiado de antiguas cooperativas azucareras que poseen tierras altamente productivas.

Tales cooperativas se formaron a partir de la Reforma Agraria de 1969 promovida por el general Juan Velasco Alvarado luego de expropiar grandes haciendas a los llamados "barones del azúcar". Sin embargo, los gobiernos posteriores fueron desmantelando progresivamente dicha reforma.

“Si el proyecto aprista es aprobado los grandes proyectos de irrigación en la costa ejecutados por el Estado serán aprovechados por las empresas dedicadas a la agroexportació y no para los campesinos que producen para el mercado interno” alertó Palacios.

Propuesta insultante

Roberto López Cruz, Secretario general de la Confederación Campesina del Perú (CCP) calificó de “insultante” la propuesta de fijar el límite de propiedad agraria en 40 mil hectáreas.

López recordó que su organización ha luchado desde los años sesenta contra la concentración de la propiedad en pocas manos y el latifundio.

“Nuestra propuesta es limitar la propiedad de acuerdo a las cuencas. La Reforma Agraria de Velasco fijó el límite en 150 hectáreas. La propuesta de la CCP es limitar la propiedad a 250 hectáreas" expresó.

López subrayó que diversos estudios demuestran que la pequeña agricultura es más barata, ecológica y genera más fuentes de empleo porque no está mecanizada como en las grandes concentraciones de tierra existentes en la costa.

"Recordemos que los pequeños y medianos propietarios somos los que producimos para el consumo interno, garantizando la soberanía y la seguridad alimentarias a costa de subsidiar a las ciudades" dijo el representante de la CCP.

"Los precios de nuestros productos -como la papa, el maíz y el arroz- son tan bajos que incluso a veces trabajamos a pérdida” sostuvo López.

"Un riesgo adicional es la escasez de agua, sobre todo en la costa. Si el cuestionado proyecto prospera, el agua sería acaparada por las grandes empresas agroexportadoras" dijo .

En diálogo con la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) observó que la iniciativa legal busca favorecer a grandes empresas en las que personajes del gobierno poseen acciones a través de testaferros.

"Tal es la situación en la industria azucarera de Piura, Lambayeque y La Libertad. De aquí nace su interés en ampliar los límites a la propiedad" concluyó.

No al latifundio

Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), señaló que los tres proyectos de ley “desconocen las características geográficas y culturales” del país y “vulneran derechos reconocidos a comunidades campesinas, nativas y productores agrarios”.

Los tres proyecto buscan ampararse “en un vacío de la Constitución Política que no establece claramente los límites de la propiedad de tierras”.

Huáscar pidió tener presente que los pequeños agricultores abastecen la canasta alimentaria nacional, mientras que la agricultura a gran escala se aboca a la agroexportación.

Productos como la canola, la caña de azúcar y el maíz, se orientan a producir agrocombustibles y amenazan la seguridad alimentaria nacional, aseveró Antolín.

En su pronunciamiento institucional la CNA propone conformar mesas de trabajo descentralizadas para recoger las opiniones de las organizaciones agrarias y otros sectores relacionados con la propiedad de tierras.

Sobre la base de este diálogo se podría consensuar un proyecto de ley acorde a la realidad social y geográfica del Perú concluyó el representante de la CNA.

La concentración de tierras

Los dirigentes coincidieron en que el proyecto oficialista expresa la filosofía del “perro del hortelano” expuesta por el presidente Alan García en tres artículos publicados el año 2007.

En ellos se agravia a las comunidades andinas y amazónicas y se les amenaza con despojarlas de sus tierras para entregarlas a megaproyectos productivos, es decir, a grandes empresas agroexportadoras y de agrocombustibles.

La concentración de tierras en el Perú ya es una realidad alarmante, principalmente en la costa, donde -por ejemplo- el Grupo Gloria compró desde el año 2006 las azucareras Casa Grande, Chiquitoy, Cartavio, Sintuco y San Jacinto.

Dicho grupo -perteneciente a la familia Rodríguez Banda- suma 60 mil hectáreas en el valle de Chicama, región La Libertad, según lo reveló esta semana un informe publicado por la revista Caretas.

El informe agrega que un total de 225 mil hectáreas se concentran en solo 34 empresas agroindustriales. En La Libertad hay 100 mil hectáreas en manos de 13 propietarios; en Lambayeque 28 mil hectáreas y 2 propietarios; en Piura 31,800 hectáreas y 7 propietarios; y en Ica 13 mil hectáreas y 8 propietarios.

Las organizaciones campesinas e indígenas declararon a la CAOI que preparan medidas para enfrentar este nuevo atentado contra sus derechos territoriales y evitar que se legalice la alta concentración de tierras y el latifundio.

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