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Perú: El gobierno aprista no ha aprendido nada del Baguazo

La mala cara del aprismo: Mauricio Mulder Bedoya, a quien seguiremos viendo en el nuevo Congreso en representación de una bancada que se ha reducido de 36 a solo 4 congresistas pero que hoy maneja las decisiones del Congreso hasta su recambio.

Por Jorge Agurto

10 de junio, 2011.- El 9 de junio de 2011 el Congreso aprobó el informe sobre los sucesos del 5 de junio de 2009 en Bagua, que derivaron en la muerte de 34 personas, entre estos 24 policías. El informe libera de responsabilidad penal a los principales responsables políticos del fatídico suceso. El debate confirmó que el Apra no ha aprendido nada del "Baguazo" y los días que le restan en el gobierno son harto peligrosos por las decisiones que puede adoptar de espaldas a la realidad y a los intereses de los pueblos y comunidades indígenas del país.

Una forma de ocultar las responsabilidades

Los sucesos de Bagua han producido seis informes, d0os elaborados por la Comisión formada por el Ejecutivo; y cuatro por el Congreso de la República.

El informe más exhaustivo e imparcial ha sido el que elaboró el congresista Guido Lombardi y que destaca elementos importantes omitidos por los demás, como el sentimiento agraviante generado por el propio presidente de la República al usar el calificativo de "perros del hortelano" y de no ser "ciudadanos de primera clase" a quienes se oponen a las inversiones en la amazonía. "La palabra 'perro' -uno de los peores insultos para los indígenas- los hirió profundamente" (p. 256).

Lombardi también registra en sus conclusiones la actitud complaciente del Estado peruano "con intereses económicos vinculados a la explotación minera" en la zona de la Cordillera del Cóndor, y que es sin duda uno de los factores que subyacen en el Baguazo.

El informe Lombardi es meridiamente claro al concluir que la protesta indígena "estuvo motivada, fundamentalmente, por el incumplimiento del derecho a la consulta previa".

Este informe sostiene que la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas actuó con incapacidad absoluta y recomienda que el Congreso de la República evalúe la posibilidad de denunciarla por infracción constitucional. La ex ministra no hizo nada para evitar el desenlace fatal y su responsabilidad política deriva de su inexcusable omisión.

El informe de Lombardi también propone que se evalúe denunciar a los ministros Mercedes Aráoz y Octavio Salazar y al ex premier Yehude Simon. De la primera afirma que es “deleznable” que la ministra dijera que, por desconocimiento, no se consultó a los nativos sobre las leyes que generaron la protesta en la selva. "El Estado no se puede eximir del cumplimiento de esta obligación [la consulta previa], aduciendo la ausencia de regulación interna. Es más, esta ausencia agrava su responsabilidad" (p. 257)

“Su responsabilidad política se desprende del incumplimiento de la obligación constitucional de someter a consulta los decretos que afectaban a los pueblos indígenas”, precisa Lombardi.

Respecto de Yehude Simon, el parlamentario sostiene que no dio una solución política a la crisis en Bagua y que se concentró en organizar “mesas de diálogo infructuosas”. Finalmente, señala que el actual congresista electo, Octavio Salazar, incumplió con su obligación de entregar la información que le solicitó la comisión investigadora.

El informe exculpatorio

De otra parte, el informe aprobado por la mayoría oficialista insiste en señalar que actores externos azuzaron el conflicto y que "hubo inaceptables casos de injerencias (...) como son las ONG que exacerbaron los ánimos con informaciones falsas y exageradas" (p. 95).

Las adhesiones a las protestas amazónicas y los movimientos locales "fueron infiltrados por elementos subversivos que generaron respuestas y propuestas que desnaturalizaban las protestas netamente reivindicativas". En este sentido considera que el comando policial no evaluó adecuadamente la presencia de "elementos ajenos a los indígenas que actuaban con pasamontañas y que utilizaron armas de fuego, así como otras armas impropias de los nativos" (p. 98).

Si bien el informe Moyano no puede dejar de reconocer que hubo un "mal diseño, equivocada estrategia y mala ejecución" de los operativos descarga la responsabilidad funcional en el General Luis Muguruza "en su condición de oficial más antiguo y a cargo del operativo".

El informe Moyano señala que la falla "determinante en el fatal resultado del operativo" fue que éste empezó con un número menor de efectivos debido a la tardanza del arribo del contingente de tierra encabezada por Luis Muguruza. Es decir, si la represión se hubiera iniciado con el doble o triple de efectivos policiales no se hubiera producido el fatal desenlace.

Sin lugar a duda, la decisión de discutir y aprobar un informe sobre el caso de Bagua a dos años de los hechos, y después de un año de haber sido elaborados, demuestra más que una sincera preocupación por el tema un afán de impunidad para las autoridades políticas  responsables e involucradas en los hechos.

La Ley de Consulta en manos del Apra

Es oportuno recordar que el oficialismo en el Congreso no pretende poner a debate en primera opción la Ley de Consulta previa aprobada el 19 de mayo de 2010 luego de un arduo consenso, sino el dictamen de la Comisión de Constitución que se allana a todas las observaciones formuladas por el mandatario Alan García Pérez, y que la desnaturaliza por completo. Esta grosería política es totalmente posible por la forma antojadiza, desnaturalizada y arbitraria como el Apra maneja e interpreta el tema indígena.

La opinión ciudadana debe estar muy atenta a cuál es el dictamen que prevalece finalmente. Si el dictamen de la Comisión de Pueblos, Ambiente y Amazonía  que insiste en la versión de consenso aprobada el 19 de mayo; o si aprueba la versión descaradamente mutilada de la Comisión de Constitución, y que es la visión de "consulta" de un aprismo trasnochado históricamente.

Si se aprueba la versión de la Comisión de Pueblos el Estado enviará una señal positiva a los pueblos indígenas y podrá retomarse el camino de la reconciliación y el de respeto al régimen jurídico internacional que protege los derechos humanos y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Si se aprueba la versión de la Comisión de Constitución se ensancharán las heridas y un nuevo clima de desazón y descontento social se reiniciará con mayor virulencia en el que nuevos "baguazos" podrán repetirse por la necedad y la indolencia política de quienes -a pesar del rechazo ciudadano expresado en las últimas elecciones- aún tienen en sus manos importantes decisiones de Estado.

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