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Perú: Oficialismo sustituye informe de Bagua por descargos de ex ministra

 

 

Por Javier Ugaz

21 de abril, 2011.- El caso Bagua pone en evidencia una vez más que el Congreso de la República actuó y actúa sistemáticamente en contra de los pueblos indígenas de la amazonía. La denuncia del presidente de la Comisión Investigadora para este caso, Guido Lombardi, de que su informe en minoría ha desaparecido de la página web del Congreso  y que en su lugar figura el texto “La verdad sobre Bagua” que contiene los descargos de la ex titular del Interior Mercedes Cabanillas, muestra un Parlamento sometido al capricho de quienes tuvieron el control en los últimos años.

El informe de Lombardi (ver 1 y 2) es uno de los más importantes –junto con el del nacionalista Víctor Isla- de los cuatro que presentó esa comisión, porque contiene una investigación seria cuyo objetivo fue esclarecer la verdad de lo que ocurrió en junio de 2009 en la curva del Diablo y en Bagua cuando la policía nacional intentó poner freno a la protesta amazónica por la llamada “ley de la selva”.

Es también, una versión imparcial de los hechos en el que Lombardi colocó los intereses de la nación por encima de las influencias políticas. No se puede decir lo mismo de los informes que presentaron, por ejemplo, los parlamentarios oficialistas Wilder Calderón y Falla La Madrid, o del informe en mayoría suscrito por los inefables Martha Moyano, Juan Perry y Eduardo Espinoza.

El informe de Víctor Isla, además de hallar responsabilidad política en las autoridades, considera que también le cabe responsabilidad penal a Mercedes Cabanillas, Alan García y Mercedes Aráoz.

Una guía explicativa de los contenidos de estos cuatro informes del Congreso así como de los que presentó la Comisión Especial (mayoría y minoría) se encuentra en el artículo de Pilar Arroyo, del IBC.

Cabanillas

Guido Lombardi acusó directamente a Mercedes Cabanillas del “cambiazo” y demandó una investigación al presidente del Congreso, César Zumaeta.

“La congresista Cabanillas ha usurpado la web de la Comisión Investigadora de Bagua para poner sus argumentos que contradicen mi informe, que ha desaparecido del enlace correspondiente”, indicó Guido Lombardi.

“Hay un interés de ocultar las conclusiones y la argumentación de mi informe y que no se someta a debate en el Pleno. Esto no es una casualidad. Ha sucedido por orden de alguien. La primera conclusión de mi informe era aprobar la Ley de Consulta”, dijo.

Por su parte, Cabanillas no tuvo peor descargo que señalar que no es “práctica parlamentaria” que se publiquen informes no debatidos y más aún en minoría, porque ello generaría acusaciones falsas contra su buen nombre y su honor.

La explicación de Cabanillas, sin embargo, es falsa. El artículo 78 del Reglamento del Congreso establece que todos los dictámenes a ser discutidos en el Pleno deben ser publicados en el Portal del Congreso o en la Gaceta del Congreso o en el diario El Peruano, por lo menos siete días antes de su debate.

El ridículo de esta explicación se hizo mayúsculo cuando trató de desacreditar a Lombardi –presidente de la Comisión Investigadora- y a su informe de "simplemente es un documento de trabajo de su apreciación personalísima" y de “injurioso, mentiroso y que emite y esconde varios documentos”.

Congreso vs indígenas

El Congreso que se va ha mantenido la misma actitud de desprecio que el presidente Alan García hacia las comunidades campesinas, nativas y a sus dirigentes.

A pesar de los intentos de la oposición por ponerla en la agenda de debates, la situación de los pueblos indígenas del país se ha visto agravada por el comportamiento de los parlamentarios progobiernistas que dilataron cualquier discusión vinculada a ellos.

Lo hizo en el 2008 cuando se negó a aprobar la ley que derogaba los decretos 1015 y 1073, cuando jugó en pared con el Ejecutivo en este caso y cuando, presionado por la indignación popular, tuvo que derogarlas no en correspondencia al pedido de los pueblos indígenas sino en homenaje a la difunta parlamentaria aprista Fabiola Salazar quien premonitoriamente le había pedido a García que no observara la autógrafa.

El Congreso también despreció a las comunidades nativas cuando en el 2009 se negó en comisiones y en varias sesiones del Pleno a debatir el proyecto que derogaba el DL 1090, llamado Ley de la Selva. Sometido al gran capital, el Congreso no derogó el decreto sino la “suspendió” en otra afrenta más a los pueblos.

Tuvo que escenificarse la vergonzosa expulsión de siete congresistas de oposición que reclamaban su derogatoria y anunciarse la marcha amazónica del centro del país hacia Lima, para que el gobierno derogue el 1090 y 1064.

La Ley de Consulta Previa observada por el presidente de la República deambula infértil por los Pasos Perdidos, al igual que los tres informes –decretos, consulta y políticas públicas- de la Comisión Multipartidaria Encargada de Estudiar y Recomendar la Solución de la Problemática de los Pueblos Indígenas, porque la presidencia del Congreso se niega a discutirlos y aprobarlos.

Igual ocurre con los informes de la Comisión Investigadora del caso Bagua.

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Enlaces recomendados:

Informe en minoría, congresista Guido Lombardi, vol 1, vol 2

 

 

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