Perú: Bagua un año después

Por Pilar Arroyo R.P*

El 5 de junio se cumplió un año de la tragedia de Bagua donde murieron 34 peruanos (24 policías y 10 civiles). Mientras muchos aprovecharon la ocasión para reflexionar sobre dichos acontecimientos, el gobierno trató de desviar la atención declarándolo el día del ron peruano. Felizmente para la nación, sus esfuerzos fueron en vano.

Semanas antes del aniversario el Congreso de la República dio a conocer las conclusiones de la Comisión Investigadora sobre los hechos acontecidos en la ciudad de Bagua, aledaños y otros, determinando responsabilidades a las que haya lugar”. Dicha comisión fue presidida por el Congresista Guido Lombardi. Diversos desacuerdos han terminado produciendo cuatro Informes(1):

  • El Informe en Minoría del Presidente de la Comisión: Guido Lombardi Elías, de la bancada de Unidad Nacional (284 páginas).
  • El Informe en Minoría del parlamentario del Partido Nacionalista Víctor Isla Rojas (252 páginas)
  • El Informe en Minoría de los Congresistas del Partido Aprista Peruano: Luis Humberto Falla La Madrid y Wilder Félix Calderón Castro (190 páginas), en adelante Informe del APRA.
  • El Informe en Mayoría del Congreso, firmado por la Parlamentaria Marta Moyano Delgado (Fujimorismo) Eduardo Espinoza Ramos (Unión por el Perú -UPP) y Juan Perry Cruz de Alianza Nacional (104 páginas), en adelante Mayoría del Congreso.

Si a ellos le agregamos los dos informes de la Mesa 1 del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos:

  • El Informe Final de la Comisión Especial para investigar y analizar los Sucesos de Bagua, Ajumaish Junikchamu Ati, Para que nunca mas vuelta a suceder (104 páginas), firmado por 4 de los siete comisionados nombrados: Pilar Mazzetti Soler, Susana Pinilla Cisneros, Ricardo Álvarez Lobo y Manuel Bernales Alvarado. Posteriormente la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) retiró la firma de su comisionado, Manuel Bernales, por no estar de acuerdo con dicho informe (2). En adelante Mayoría
  • “El Informe en Minoría de La Comisión Especial Para Investigar Y Analizar Los Sucesos De Bagua” (199 páginas) firmado por el presidente de la Comisión Jesús Manacés Valverde y Carmen Gómez Calleja (3).

Tenemos un total de seis informes que buscan explicar qué pasó. Dos de ellos han recibido elogios por su seriedad y objetividad: el de Manacés -Gómez y el de Lombardi. Hemos recorrido los seis informes buscando encontrar en ellos coincidencias y discrepancias con relación a cuatro puntos: las causas del conflicto, la actuación de diversos actores del estado y la sociedad civil durante el mismo, su apreciación sobre el operativo policial del 5 de junio y, por último, sus recomendaciones.

I.- Sobre las causas:

1.- La histórica marginación de las poblaciones amazónicas

Complace comprobar que los seis informes coinciden en que a la base de lo sucedido se encuentra la gran deuda que el Perú tiene con las poblaciones indígenas de la Amazonía, las que han sido secularmente dejadas de lado y cuyos derechos pocas veces han sido tomados en cuenta. Lombardi habla de “una deuda del Estado Peruano y del conjunto de la sociedad, con los pueblos indígenas de la Amazonía. Porque lo ocurrido en Bagua el 5 de junio del 2009 no es sino la culminación de una larga serie de conflictos y desencuentros”(p.III).

Hay cierto consenso en que hay que saldar dicha deuda y que ello pasa por el reconocimiento pleno de sus derechos. Como señala el abogado Juan Carlos Ruiz: “El Estado y los diferentes funcionarios públicos deben de comprender, que según el artículo 44 de la Constitución, uno de los deberes primordiales del ente estatal es “garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”. Debe de entender, que de conformidad con el artículo 2 inciso 19 de la Constitución, no sólo debe reconocer el derecho fundamental de todo miembro de los pueblos indígenas “a su identidad étnica y cultural”, sino que tiene la obligación de “protege(r) la pluralidad étnica y cultural de la Nación” (4).

2.- Decretos eran inconstitucionales

Cuatro de los informes (Manacés-Gómez, Lombardi, Isla y el de Mayoría del Congreso) dan la razón a los indígenas en cuanto a las causas inmediatas del conflicto. Los cuatro señalan claramente que los decretos objetados por AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) eran inconstitucionales por exceder las facultades dadas por el Congreso al Ejecutivo y por que dichos decretos no respetaron la consulta previa a la cual el gobierno estaba obligado por haber firmado, en 1995 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Como bien señala Juan Carlos Ruiz el: “ordenamiento jurídico no sólo está compuesto por leyes y normas reglamentarias (…) sino por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado, a los que la Constitución y la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional les ha reconocido la misma fuerza normativa de las normas constitucionales(5). Es decir su falta de reglamentación no era excusa para no cumplirlo, pues como señala el Informe Lombardi “el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, no se encuentra condicionada a la reglamentación de dicha figura” (p.234).

Cuatro informes (Manacés-Gómez, Lombardi, Isla y el de Mayoría) añaden además que el gobierno ofendió a la población amazónica con toda la temática del “perro del hortelano”, señalando que en la cosmovisión indígena llamar a alguien “perro” es uno de los peores insultos.

II.- Sobre los actores:

1.- Los Indígenas:

Cuatro informes (Manacés-Gómez, Lombardi, Isla y Mayoría del Congreso) reconocen que los indígenas tuvieron mayormente una actitud dialogante. También afirman (salvo el de Mayoría del Congreso) que dicha actitud contrastó con las actitudes del Congreso y del Ejecutivo que buscaban mayormente dilatar la solución del conflicto, buscando ganarlos por cansancio.

2.- Los medios de comunicación:

Aquí los informes se mueven en planos diferentes, por lo que la comparación se dificulta. Lombardi e Isla analizan el rol de los medios nacionales, señalando que buscaron (siguiendo el patrón gubernamental) silenciar la protesta y que cuando la cubrieron su intervención estuvo marcada por estereotipos desfavorables a la población amazónica, siguiendo la versión oficial. En cambio los otros informes se centran en los medios de comunicación local, a cuya cobertura informativa culpan de exacerbar a la población (Mayoría) alentar una psicosis colectiva (Informe del APRA) o de exasperar a la población (Mayoría del Congreso) .

3.- Influencias externas

Como se recordará en el Informe de Mayoría de la Mesa 1 se sugiere que la violencia fue fruto de elementos externos violentistas que se infiltraron en la protesta. Dicha afirmación es respaldada tanto por el Informe del APRA como por el Informe en Mayoría del Congreso. Entre los elementos violentistas se señalan a miembros de la Iglesia Católica, reservistas o licenciados del ejército, ronderos, maestros ligados al SUTEP, gente vinculada al Partido Nacionalista, etc. En cuanto a los reservistas Lombardi afirma que “Las innumerables referencias en tono acusador a la presencia de “reservistas”-es decir licenciados del Ejército- entre los actores de la protesta y de los enfrentamientos como si eso fuera una presencia inexplicable es, por esa razón difícil de entender. Hay que enfatizar que los reservistas son tan indígenas como los que no hicieron el Servicio Miliar y tienen intactos sus derechos ciudadanos” (nota 2, p. III).

4.- La Iglesia Católica:

Como es conocido el Informe de Mayoría de la Mesa 1 tenía serias críticas a dicha institución por considerar que a diferencia de sus miembros en el sur (Madre de Dios, etnia machiguengua), en el norte(Amazonas, etnias awajun y wampis) habían instigado la violencia en Bagua. Posición que parecen suscribir también el informe del APRA y de Mayoria del Congreso.

Sin embargo, tanto los informes de Manacés-Gómez como el de Lombardi e Isla consideran esas criticas injustas y más bien reconocen el rol mediador que le cupo jugar. Son Particularmente interesantes las afirmaciones del Informe Lombardi. En ellas se sostiene que la Iglesia Católica en su conjunto adoptó “respecto al conflicto una postura respetuosa de los derechos de los indígenas pero contraria a cualquier tipo de violencia (…) En cuanto a las actuaciones particulares puede afirmarse que la mayoría de sacerdotes no se apartó de esta línea oficial. Ello motivo que algunos tuvieran que estar junto a sus feligreses, apoyarlos en los sucesivos paros y en algunos casos hasta acompañarlos en la Curva del Diablo. Pero eso no implica participación en la vilencia, sino fidelidad a su apostolado” (p.182-183).

5.- Responsabilidades

Cinco informes (los cuatro del Congreso y el de Manacés-Gómez) coinciden en señalar que Mercedes Cabanillas (Ministra del Interior cuando ocurrió la tragedia) tiene responsabilidad política por lo sucedido. La discrepancia está en que Isla considera que también le cabe responsabilidad penal y que el APRA señala que dicha responsabilidad ya fue asumida con su renuncia al Ministerio.

En el caso de la entonces Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Araoz (hoy Ministra de Economía), salvo los informes del APRA y del Informe en Mayoría, los cuatro informes restantes le atribuyen también responsabilidad política. E isla le agrega que también tiene responsabilidad penal.

Los informes tienden a ser más benignos con el ex Primer Ministro Yehude Simon. Se le critica haber mantenido los decretos cuestionados y su acción reactiva frente a los acontecimientos (Lombardi, Isla), así como su suma lentitud (Informe en Mayoría del Congreso). El Informe de Manacés-Gómez no lo menciona y el APRA destaca su predisposición al diálogo durante el conflicto.

Otro que sale bien librado es el entonces Ministro de Defensa Antero Flores Araoz, sólo el Informe en Mayoría del Congreso le encuentra responsabilidad política.

En cuanto a los mandos policiales, los seis informes le atribuyen responsabilidad a Muguruza, el jefe del operativo; y cinco de ellos también a Uribe. Sólo el de Manacés-Gómez destaca la permanente disposición al diálogo de este último.

Un solo informe apunta hacia Alan García. Isla, basado en una información que dio a la Comisión Congresal la ex Ministra de la Mujer, Carmen Vildoso, señala que Alan García tiene responsabilidad penal.

III.- Sobre el operativo policial

Los Informes de Manacés-Gómez, Lombardi e Isla señalan que la población había decidido retirarse el día 5 de junio a las 10 de la mañana (incluso se habla de una acta al respecto) y se preguntan por qué se procedió al operativo teniendo las autoridades dicha información. En su razonamiento, ello agrava la responsabilidad de los que dieron dicha orden.

Los seis informes coinciden en que el operativo policial de desalojo fue mal ejecutado. Sin embargo, tanto el Informe de Manacés- Gómez, como el de Lombardi agregan que también fue mal diseñado. Por otro lado, cuatro de los Informes (Manacés-Gómez, Lombardi, Isla y Mayoría del Congreso) coinciden en que fue un desacierto total el cambio intempestivo del comando encargado de la operación de desalojo. Como se recordará, el día 3 de junio el General Uribe, jefe de la Dirtepol-Tarapoto (Dirección territorial policial de Tarapoto), que mantuvo una posición dialogante desde el inicio del conflicto, fue relevado del mando y en su lugar se nombró al General Muguruza.

Los cuatro también critican el hecho de que el operativo policial no haya previsto la reacción de las poblaciones aledañas de Utcubamba (o Bagua Grande) Bagua y Jaén, así como tampoco haya garantizado la seguridad de los efectivos policiales que se encontraban en la Estación 6 de Bombeo de Petro Perú, lo que ocasionó la muerte de 12 policías. Por último, señalan que la tardanza del General Muguruza en llegar al lugar (dos horas después de iniciado el operativo) fue fatal. Como es conocido se señala que ello se debió a que el día anterior estuvo festejando su cumpleaños.

Salvo el Informe de Isla todos también señalan los efectos negativos de la descoordinación habida entre el Ejército y la Policía, aunque nos da la sensación que injustamente tienden a cargar todas las tintas sólo en la Policía. Gustavo Gorriti señala al respecto que “Pese a que se esperaba el auxilio de tropas de la Fuerza Armada, no se estableció ninguna coordinación operativa mínimamente eficaz. Las operaciones empezaron sin enlace y menos sincronización con los militares. Estos, a su turno, arrastraron los pies y no tomaron acciones (como en la subestación 6, por ejemplo), que pudieron haber salvado la vida de policías”(6)

IV.- Sobre las recomendaciones

Hay plena coincidencia en los seis informes sobre la necesidad de que el Congreso de una ley que reglamente la consulta previa, cosa que a la fecha se ha logrado y se está a la espera que el ejecutivo la promulgue. Nos parece que el comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) resume el consenso ciudadano sobre el particular. La CNDDHH nos dice: “Consideramos que la Ley de Consulta, a pesar de ser todavía perfectible, refleja el esfuerzo conjunto de la sociedad por alcanzar el consenso logrado y establece el desafío de afianzar los derechos humanos y, en particular, los derechos de los pueblos indígenas que vienen siendo excluidos de las grandes decisiones de la vida nacional”(7).

También hay plena coincidencia en la necesidad de reorganizar el INDEPA (Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos), por no haber cumplido con su rol de “proponer y supervisar el cumplimiento de las políticas nacionales de desarrollo y defensa de los derechos ancestrales y actuales de dichos pueblos” (Lombardi, p.174). Asimismo, en la necesidad de juzgar a los responsables de las muertes policiales en la estación 6, con las garantías del caso.

Por otro lado es interesante destacar que tres informes congresales (Lombardi, Isla, y Mayoría del Congreso) solicitan una reforma de la Policía Nacional del Perú, desarrollar una educación en Derechos Humanos para la Paz, así como también crear una Reserva de Biósfera en la Cordillera del Cóndor. Lombardi e Isla incluso plantean una moratoria minera en dicha zona. Los tres informes mencionados también expresan su respaldo a las conclusiones de la Mesa 4 del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, que trabajó una Propuesta Nacional de Desarrollo Amazónico.

Como también es interesante que tres Informes (APRA, Lombardi y Mayoría) planteen explícitamente la necesidad de que exista una representación parlamentaria indígena propia.

En cuanto a las reparaciones hay coincidencia en cuatro informes (Lombardi, Isla, APRA y Manacés-Gómez) de que éstas deben ser otorgadas a todos por igual, sin distinción alguna.

V.- Algunas reflexiones

A un año del trágico desenlace de Bagua hay algunas cosas que parecen estar claras:

1.- Los seis informes, fruto de la investigación llevada a cabo tanto por la Mesa 1, como por el Congreso, parece dejar en claro que no fueron los indígenas los principales causantes de la tragedia de Bagua. Ello es importante subrayarlo porque lamentablemente persiste una actitud gubernamental que se niega a aceptarlo. No otra cosa se deduce de las declaraciones del Presidente Alan García: “Lo que me genera preocupación es que ahí hubo un asesinato en frío de 24 policías, se produjo una masacre de gente que trabajaba para la sociedad peruana, que no hacían más que cumplir sus obligaciones legales y que fueron víctimas de una emboscada primero y después de un degollamiento brutal”, (…)“No me cansaré de denunciar que lo que hubo en Bagua fue una masacre de policías”(8).

En el colmo de la frivolidad se quiso declarar el 5 de junio como “día del ron peruano”, no tomando en cuenta lo que señalan los de Desco “Para el resto del país, el 5 de junio de 2009 es una fecha para recordar una tragedia que tiene sus raíces en el histórico desencuentro cultural entre la selva y la capital, pero también en la soberbia presidencial, en la negligencia ministerial, en la indolencia parlamentaria, en el interés económico”(9).

La actitud presidencial contrasta con el comunicado oficial del Ministerio de Agricultura: “A un año de los lamentables sucesos acaecidos en la provincia de Bagua, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura transmiten a los deudos de los nativos y miembros de la policía Nacional que resultaron víctimas de estos hechos sus más sinceras y sentidas muestras de consideración, deseando que en memoria de estos ciudadanos se imponga hoy la reflexión, la ponderación, el diálogo y el consenso entre todos los peruanos (…) renovamos el compromiso de continuar dándole un futuro diferente a nuestros hermanos y hermanas de las comunidades amazónicas del Perú(10)

2.- Siendo cierto lo afirmado en el acápite anterior, también lo es que un reducido grupo de indígenas (se habla de no más de treinta) realizaron un asesinato a mansalva por el cual deben responder ante la justicia. Como bien señala el Informe de Manacés-Gómez “La violenta muerte de los efectivos PNP DINOES que estaban en la Estación Nº 6 viola el derecho a la vida y sacude la conciencia. Esto nunca debió suceder” (p.99).

3.- Aunque algunos señalan que el gobierno ha enmendado rumbos, otros sostienen que no ha cambiado. Alberto Chirif, respondiendo a la pregunta - ¿Cuáles son los errores que se siguen cometiendo al momento de entender o diagnosticar la Amazonía desde el Estado oficial? Señala:“No sé si se puede hablar de “errores”. El desprecio por la vida y derechos de los pueblos indígenas no es producto del error, sino del cálculo para favorecer a otros intereses. Después de los sucesos de Bagua, para este gobierno la historia no ha cambiado. La dolorosa experiencia de muerte de policías e indígenas no le sirve para nada y sigue actuando de la misma manera arbitraria, prepotente y provocadora”(11).

4.- La lucha de las poblaciones amazónicas ha permitido a dichas poblaciones un reconocimiento de la justeza de su causa, no sólo a nivel nacional sino también internacional. Alberto Chirif resume bien esto al señalar que: “Ahora muchos saben que los indígenas existen, que tienen propuestas y capacidad de expresarlas de manera decidida y, a su vez, que estas propuestas tienen una lógica particular, en la medida que apuntan a la redefinición de un modelo de desarrollo basado en la explotación de la gente y en la destrucción del medio ambiente. Este modelo está además llegando a su fin, como lo demuestran problemas como el agotamiento de recursos, la contaminación, el calentamiento global y el cambio climático, y, más recientemente, las crisis financieras que comienzan a reventar como volcanes por diferentes países del mundo”(12).

5.- El conflicto ha hecho ver a los indígenas la necesidad de tener una presencia en el escenario político, para poder garantizar que su problemática esté presente en la agenda pública. Shuar Velásquez, de la etnia Awajun-Wampís e investigador de la Universidad de Piura señala que “Ante las próximas elecciones en nuestro país, es necesario promover la participación activa de los pueblos indígenas bajo plataformas de diálogo que busquen el bien común y el desarrollo consensuado de todas las comunidades. Para ello, los pueblos indígenas de la Amazonía requieren plantear su propia agenda política en alianza con sus líderes y organizaciones, promoviendo relaciones más democráticas y de respeto de la cosmovisión de cada pueblo” (13).

Los de Otra Mirada señalan que: “se observa un hecho que de tomar mayor fuerza significaría uno de los grandes resultados de este proceso de reconciliación. Los líderes y sus bases indígenas se vienen organizando para participar en las próximas elecciones locales, regionales y nacionales”(14).

6.- Coincidimos plenamente con las siguientes palabras del Obispo Vicario Apostólico de Jaén, Monseñor Santiago García de la Rasilla Domínguez S.J. cuando señala que: “No podemos consentir que, en nombre de un “desarrollo” pensado por los traficantes del dinero y de lo que con él se puede conseguir, o aceptado por quienes creen que un mismo tipo de desarrollo es el que conviene a todos los pueblos, se menosprecie la dignidad de unas personas, los habitantes de la selva en este caso, que quieren cuidar con todo derecho su territorio porque saben que es de ellos y es también para toda la humanidad. Por eso cuidan su selva con todo lo que hay en ella. Son además unas personas que saben pensar y saben tomar decisiones sin que nadie les diga lo que deben hacer. Por eso la defienden”(15).

Notas

(1) Que se pueden bajar de http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/informes.nsf/InformesPorFecha

(2) El Informe completo se puede bajar de http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc05012010- 160741.pdf. Un resumen de las diversas objecciones a dicho Informe se puede encontrar en Boletín Virtual de la Exclusión al Reconocimiento, no. 17 (enero del 2010), que se puede bajar de www.bcasas.org.pe

(3) El Informe se puede bajar de de http://informebagua-enminoria.blogspot.com/ Un resumen del mismo se puede encontrar en en Boletín Virtual de la Exclusión al Reconocimiento, no. 17 (enero del 2010), que se puede bajar de www.bcasas.org.pe,

(4) Juan Carlos Ruiz Molleda “¿Qué hacer para que los sucesos de Bagua no vuelvan a repetirse?” 3 de junio del 2010 p.2. Se puede bajar de http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=302

(5) Artículo citado

(6) “Luto sin Lecciones”, en Caretas Nº 2133, jueves 10 de junio del 2010.

(7) Pronunciamiento de la CNDDHH - Bagua: ¡Nunca más! 04 de Junio de 2010.

(8) La República, 5 de junio del 2010.

(9) Resumen Semanal Nº 1593 (02 – 08 de junio de 2010) Año XXXIII

(10) Ministerio de Agricultura: A un año de Bagua: el Gobierno cumple con el país. Lima, 5 de junio del 2010.

(11) Alberto Chirif: “Para este gobierno, luego de Bagua la historia no ha cambiado”. Entrevista en Servicios en Comunicación Intercultural Servindi http://www.servindi.org/actualidad/26488

(12) Entrevista citada

(13) La selva en la agenda política. El Comercio, 30 de mayo de 2010.

(14) Baguazo: un año después. Informe n. 251 del 3 de junio del 2010.

(15) Carta “A mi Gente del Vicariato “San Francisco Javier” sobre el Futuro, después del 5 de Junio de 2009”, 5 de junio del 2010.

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* Pilar Arroyo es socióloga y analista del Instituto Bartolomé de las Casas (IBC).

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