Servindi, 02 de febrero, 2011.- Diferentes organizaciones sociales cuestionaron el proceso de audiencias descentralizadas iniciado el 31 de enero en Ayacucho por la Comisión Agraria en torno al dictamen del proyecto de Ley Nº 4141/2009-PE Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Mediante un comunicado difundido el fin de semana último indican el supuesto proceso de “consulta” no respeta el derecho a la consulta previa, libre e informada que tienen los pueblos indígenas u originarios, tal como lo establece el art. 6 del Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Recuerdan, que las denominadas “audiencias públicas descentralizadas” fueron cuestionada por la Defensoría del Pueblo que "exhortó a la Comisión Agraria que establezca un cronograma consensuado con los pueblos indígenas, identificando claramente los plazos de ejecución para cada una de las etapas del proceso de consulta”.
Invocan a la Comisión Agraria considerar un verdadero proceso de consulta que tenga las reglas claramente definidas según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT para no generar desconfianza en las “instituciones estatales y las organizaciones indígenas”.
El pronunciamiento es suscrito por la Red Muqui, la Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO), la Red Uniendo Manos Perú, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), CooperAcción, el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) entre otras .
Ver el pronunciamiento:
Proceso de “consulta” sobre la Ley Forestal no respeta el convenio 169 de la OIT
- Continúa “proceso de consulta” sobre dictamen del proyecto de Ley Nº 4141/2009-PE –Ley Forestal y de Fauna y Silvestre- pese a cuestionamientos de la Defensoría y de las organizaciones indígenas nacionales.
Hace unos días la Comisión Agraria del Congreso de la República hizo una nueva convocatoria pública a fin de continuar con las audiencias descentralizadas que se desarrollaron en noviembre y diciembre del año pasado. Audiencias que fueron cuestionadas debido a que no permitían un real proceso de consulta previa a los pueblos indígenas sobre el dictamen del proyecto Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Al respecto debemos expresar lo siguiente:
1.Los principales cuestionamientos a la forma de conducir el proceso se mantienen. Es necesario que el Congreso de la República previamente apruebe una “Ley sobre el Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios”, que responda realmente a lo establecido en el convenio 169 de la OIT, como lo hace la autógrafa del 19 de mayo del 2010 y que, sobre la base de los principios y etapas establecidos en ella, se desarrolle el proceso de consulta del dictamen del proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
2.Advertimos que la metodología prevista para las denominadas “audiencias públicas descentralizadas” sigue siendo la misma que se usó en la convocatoria anterior. Ésta fue cuestionada por la propia Defensoría del Pueblo en su comunicación del 3 de diciembre, del 2010 dirigida al presidente de la Comisión Agraria.
Ella señalaba, entre otros puntos, que “se ha denominado audiencias públicas a los conversatorio regionales, los cuales sólo corresponden a una etapa informativa”. En ese entones, la Defensoría del Pueblo exhortó a la referida Comisión a que establezca un cronograma consensuado con los pueblos indígenas, identificando claramente los plazos de ejecución para cada una de las etapas del proceso de consulta. Recomendación que no ha sido tomada en cuenta.
3.Cuestionamos la metodología propuesta para las audiencias por no haber sido consensuada con las organizaciones de los pueblos indígenas u originarios; por no haber considerado los lugares propuestos ni los plazos razonables y; por no contar con un proceso de información previa, adecuada y completa.
A ello se suma que, dada la proximidad de las audiencias, las poblaciones indígenas u originarias no ha sido convocadas de manera adecuada, ni han tenido el tiempo para socializar el dictamen discutirlo dentro de sus organizaciones, contando para ello con el asesoramiento necesario.
4.La metodología, tal y como está planteada, no genera un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo, que responda al principio de buena fe que todo proceso de consulta debe considerar. Por otro lado, sólo busca informar y no llegar a un acuerdo, distorsionando así su finalidad.
5.En consecuencia, este supuesto proceso de “consulta” no está respetando el derecho a la consulta previa, libre e informado que tienen los pueblos indígenas u originarios, tal como lo establece el Art. 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), derecho que ha sido reconocido por el Estado Peruano.
6.Nos preocupa que la Comisión Agraria continué con este proceso sin tomar en cuenta las demandas que han hecho públicas las organizaciones indígenas, pues puede generar más conflictos sociales y ahondar la desconfianza existente entre instituciones estatales y los pueblos indígenas, lo cual finalmente también puede afectar a las inversiones en el país.
7.Por las razones expuestas, invocamos a la Comisión Agraria para que considere y promueva un verdadero proceso de consulta que tenga las reglas claramente definidas según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.
Lima, 26 de enero, 2011.
Red Muqui –Re de Propuesta y Acción, Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO), Red Uniendo Manos Perú, Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), CooperAcción, Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Pastoral de la Dignidad Humana (PASDIH)-Arzobispado de Huancayo, Asociación Civil Labor, Cáritas-Jaén, Centro Labor-Pasco, Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), Proyecto Amigo-Huamachuco-La Libertad, Asociación Marianista de Acción Social (AMAS)-La Libertad, Instituto Sur Andino de Investigación y Acción Solidaria (ISAIAS)-Cusco, Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente –Puno, Asociación Fe y Derechos Humanos (FEDER) –Puno, Centro Andino de Estudios y Promoción –José María Arguedas (CADEP-JMA)-Cusco, Vicaría del Medio Ambiente del Vicariato Apostólico San Francisco Javier –Jaén, Instituto Sur Andino de Derechos Humanos (ISADH), Asociación Civil Radio Marañón –Jaén
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