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Las provincias de Chumbivilcas y Espinar en Cusco y el distrito de Chalhuahuacho en Apurímac son algunas de las localidades donde los conflictos mineros se han reactivado en los últimos días.

Una serie de recientes cambios normativos expedidos por el actual gobierno favorecen una minería informal que se expande sin control y sin asumir responsabilidades, ocasionando daños ambientales.

Voceros de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) intentan debilitar la institucionalidad ambiental con medias verdades y falsedades.

La muestra fotográfica estará en la galería “El gato tulipán”, ubicada en Bajada de Baños 350, Barranco, Lima, y estará abierta al público hasta el 16 de octubre.

"El Perú no puede seguir dándole la espalda a las tendencias globales en materia de fiscalidad (...) El anterior superciclo de precios se nos pasó. No deberíamos repetir el mismo error" afirma De Echave.

Además del derrame en el río Chillón, existen al menos tres zonas de riesgos más por actividades mineras con implicancias para Lima y El Callao, revela CooperAcción.

La semana que pasó se publicó la Ley 31494, “Ley que Reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los Incorpora en el Sistema de Seguridad Ciudadana”.

Cooperacción analiza situación de las concesiones mineras en el Perú, en medio de un panorama global de precios altos sobre los minerales.

La responsabilidad directa es del Ministerio de Energía y Minas y si bien es una suspensión temporal, lo ocurrido muestra el preocupante retroceso en materia de transparencia.

Cooperacción recordó que aún el Poder Judicial no ha resuelto la demanda sobre el proyecto minero Ariana que pone en riesgo las fuentes de agua para diez millones de ciudadanos de Lima y Callao.