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Perú: Agenda Indígena: de Bagua a Purús

Por César Gamboa Balbín*

13 de junio, 2012.- La semana pasada se cumplieron tres años de los penosos hechos de Bagua, del cual se inició una nueva versión de agenda de reconocimiento de derecho de los pueblos indígenas. Se instalaron cuatro mesas de trabajo relacionadas a la consulta previa, legislación forestal, políticas públicas y una Comisión de la Verdad. Sin embargo, poco se ha avanzado en estos temas.

Si bien se promulgó y reglamentó la consulta previa, el alto costo de la desconfianza y la posición minimalista durante el proceso de consulta por parte del Viceministerio de Interculturalidad y su resultado final, han logrado que hasta el momento la consulta siga sin aplicarse y si se aplicara, ésta se encontraría desnaturalizada porque el equívoco reglamento de consulta no respetó su carácter de “previa”.

En cuanto a políticas públicas para estos pueblos, se podría señalar que se ha subsumido dentro de la política de inclusión social, sin embargo, lo avanzado en las mesas Post-Bagua va más allá de medidas asistencialistas, involucran acciones de salud, cultura, manejo de recursos naturales, áreas naturales protegidas, consensos que aún se encuentran pendientes de impulsar.

En cuanto a una nueva institucionalidad indígena, pues las promesas de una propuesta de institucionalidad por parte del Estado han sido encarpetadas hasta nuevo aviso. El Viceministerio de Interculturalidad es una institución que inspira poca confianza y capacidad para promover más cambios necesarios en la agenda Estado-Pueblos Indígenas.

Por ejemplo, en los conflictos andinos relacionados a minería (Espinar, Conga) llama la atención que el Viceministerio no tenga una rol más activo que decorativo, donde deje al Ministerio del Ambiente en su rol de promotor y de mejorar el marco legal de la gestión ambiental en nuestro país.

Podemos encontrar una oportunidad en la reglamentación de la legislación forestal, pues si bien hubieron críticas sobre el proceso ad hoc de la ley forestal, lo cierto es que existen consensos de mejorar esta legislación a través del reglamento, y ello pasa por desarrollar la buena fe bajo un trabajo coordinado entre sectores, sociedad civil, sector privado y pueblos indígenas. Es indudable que debe mejorarse la consulta pasada y que debe hacerse con la necesaria dedicación para dicho trabajo en los próximos meses, sin dejar de abordar la problemática de las concesiones forestales ni dejar de promover el manejo forestal comunitario.

Finalmente, las expectativas de cambio van disminuyendo. A nivel global y regional, ya Río+20 y la intención de reformar y desaparecer la Comisión Interamericana de derechos humanos son alertas que factores externos no cambiarán nuestra realidad. Y el mal manejo de los conflictos socioambientales, así como otros potenciales (“lote” Fitzcarrald sobre la reserva para aislados Nahua Kugapakori y colindante al Parque Nacional del Manu; la pretensión de extraer gas del Parque Nacional Bahuaja Sonene; o el Dictamen 1035 que promueve la Carretera Puerto Esperanza-Iñapari violentando el Parque Nacional Alto Purús, la reserva para aislados de Madre de Dios y sin consulta previa), son muestras de un modelo que aún no entiende cómo equilibrar su crecimiento con consideraciones ambientales y sociales.

No cabe duda que hay muchos intereses, lo cierto es que el Estado debe invertir en “más tiempo” en los pueblos indígenas, pero de manera inteligente, no como lo ha venido haciendo hasta ahora.

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*César Gamboa Balbín es Director de Políticas de la asociación Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

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Fuente: Publicado en el diario La Primera el 12 de junio de 2012: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas-y-colaboradores/agenda-indigena-de-bagua-a-purus_113173.html

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