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Bolivia: Gran Marcha Indígena. La primera en reclamar al Gobierno de Evo Morales

Imagen: APC Bolivia

Por Maria Sol Wasylyk Fedyszak *

3 de julio, 2010.- El lunes 21 de junio, día en que se conmemoró el “Año nuevo aymara amazónico”, declarado feriado nacional, partió desde Trinidad, la capital del departamento amazónico del Beni, la “VII Gran Marcha Indígena por el Territorio, las autonomías y los derechos de los pueblos indígenas”.

Quienes marchan son unos 500 integrantes de las regionales de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), aunque ya se duplicó la cantidad. Son niños, mujeres, hombres que caminan gran parte del día y le ponen el cuerpo a sus demandas y que llegaran a La Paz si el Gobierno no dialoga en este largo camino con ellos.

Los motivos de la marcha son numerosos y figuran en su plataforma (http://www.cidob-bo.org/images/2010/demandas2010.pdf) pero los ejes centrales giran en torno a una falta de acuerdo entre el Gobierno y su representación, el Ministerio de Autonomía, y las organizaciones indígenas del Oriente en algunos puntos de la futura Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), una de las leyes estructurales.

El gobierno denominó los reclamos indígenas como “inconstitucionales”. Lo que los marchistas exigen es que la LMAD “garantice a todos los pueblos indígenas que tengan acceso a la autonomía indígena sin límites de números de habitantes y medición de capacidades, (…) debiendo respetarse la aplicación de las normas propias en la implementación de las autonomías indígenas y no imponer el referéndum como medio de decisión”.

También sostienen que “se deben respetar los territorios indígenas consolidados como unidades territoriales con capacidad para acceder a la autonomía indígena sin derivarlos a una ley que para que determine una nueva delimitación con la jurisdicción de los municipios”.

También reclaman el respeto al derecho de consulta que tienen los pueblos indígenas, la modificación del proyecto de Ley de Régimen Electoral (ley que una semana después de comenzada la marcha fue aprobada por la Asamblea Plurinacional) porque coarta la participación de los pueblos indígenas en la composición del Organo legislativo Plurinacional dejándolos casi sin representación. Y así fue, se coartó su participación.

Algunos funcionarios del Gobierno declaran que no “bajarán” a la marcha, y envían intermediarios con invitaciones, pero no es lo que los marchistas solicitan. Claramente expusieron que se abrirán al diálogo cuando el Gobierno se acerque a los marchistas. Ley Marco de Autonomías y Descentralización

El objeto de la LMAD es la regulación de la organización territorial del Estado y el régimen de autonomías y descentralización establecido en la parte tercera de la Constitución Política del Estado.

La autonomía “es la cualidad gubernativa de las entidades territoriales que acceden al régimen autonómico para el ejercicio de sus competencias, en el marco de la Constitución Política del Estado y la presente ley. Implica la elección de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno en el ámbito de su jurisdicción, competencias y atribuciones”, tal como figura en el texto del anteproyecto de ley presentado por CIDOB.

El contexto en el que ocurre todo esto es en momentos en que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ex Congreso Nacional), intentando cumplir con disposiciones que se hallan en la nueva Constitución Política del Estado, debe aprobar hasta finales de julio cinco leyes denominadas estructurales: la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. La nueva Constitución Política del Estado fue fruto del Proceso Constituyente que congregó a representantes de diversos sectores sociales quienes elaboraron el nuevo texto, que posteriormente fue aprobado por el Congreso, y fue votado por el pueblo boliviano a través de referéndum el 25 de enero de 2009.

La marcha Dos puntos resaltó el Gobierno como causas para la ruptura del diálogo y el origen de la movilización: que es inviable el planteamiento indígena de exigir autonomías de territorios que se encuentran entre dos o más departamentos, pues esto obligaría a redefinir los límites departamentales; y que es inconstitucional la aprobación de los estatutos de las autonomías indígenas por normas y procedimientos propios, siendo que existiría una expresa disposición constitucional que señala al referéndum como mecanismo de aprobación.

“Es ilógico, ilegal e inconstitucional (además de violar varios tratados de derechos humanos firmados por Bolivia), ahistórico y contranatura pensar que los pueblos indígenas procesen los límites estatales de la misma forma que los tecnócratas de alguna repartición estatal”, señaló el director de Cejis (www.cejis.org), Leonardo Tamburini.

"Está claro que no existe ninguna disposición legal que impida el reconocimiento de autonomías indígenas cuando los territorios están en varios departamentos, sería por demás incoherente reconocer un derecho tan trascendental como el de la autonomía indígena, limitando su alcance al lugar donde ésta se encuentre, bajo el pretexto de una inamovilidad de límites territoriales”, indicó.

Respecto a la supuesta inconstitucionalidad de la aprobación de los estatutos indígenas por normas y procedimientos propios, que fue en concreto lo que generó la ruptura de la negociación, el Gobierno sostiene que ésta propuesta es inconstitucional en aplicación del artículo 275 CPE, que son “disposiciones generales que no son aplicables al régimen especial que tienen las autonomías indígenas, las cuales en el capítulo séptimo del título que versa sobre la organización territorial del Estado, establece requisitos para la elaboración, el acceso y el régimen de las autonomías indígenas”, recalcó el directivo.

En una carta que hizo circular el ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, , quien fue parte del gobierno durante la primera gestión de Morales, señala que el art. 292 de la CPE dispone que “Cada autonomía indígena originario campesina elaborará su Estatuto, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, según la constitución y la Ley”, y no existe otra disposición constitucional, en relación a esta forma de autonomía, que permita dar a la aprobación de estos estatutos un procedimiento distinto al previsto para su elaboración.

Sin embargo, en la propuesta de Ley Marco de Autonomías del Gobierno, se pretende que los Estatutos de las Autonomías Indígenas se aprueben por referendo, siendo este una práctica ajena y extraña a esas “normas y procedimientos propios” que la CPE reconoce como único medio para elaborar tales Estatutos”.

Estos elementos y la interferencia en el diálogo con el Gobierno dieron origen a una escalada de declaraciones por parte del funcionarios del Estado y de argumentos tendientes a hacer ver como “inconstitucionales” los motivos de la marcha, ensuciando a sus dirigentes y a las ONG que apoyan a los indígenas. Uno de los mensajes que más rebotó mediáticamente fue la acusación del apoyo económico de USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo internacional, a la marcha, a los indígenas y ONG.

Nombrar USAID en Bolivia es igual a hablar de manipulación norteamericana.

En ese sentido, Almaraz subraya en la carta que: “Probablemente pueda hacerse una pequeña biblioteca con los libros que ha publicado el Gobierno con el mismo financiamiento y eso no lo convierte en un gobierno títere de los EEUU.”

En estos días era fácil perderse en la maraña de acusaciones. Los medios poco ayudaron en la comprensión del tema de fondo. Pero, cuál es el tema de fondo, ¿será quien financia a quien?, ¿serán lo personalismos que persiguen algunos dirigentes indígenas?, ¿ serán las diferencias de opiniones en cuanto a las esencias de las leyes principales que dan consistencia a este “proceso de cambio”? , ¿ serán las acusaciones de funcionarios contra ongs que manipulan a las organizaciones indígenas? ….o la cuestión de fondo es que si alguien se opone al Gobierno será objeto de bombardeo de las peores acusaciones y argumentos más desprolijos y faltos de pruebas por el solo hecho de no estar completamente de acuerdo…… ¿Cuál es el límite?

El movimiento indígena no nació ayer en Bolivia. Su primera marcha fue hace 20 años y todos estos ataques son contra el movimiento indígena que por primera vez se moviliza en un contexto político distinto a las seis marchas anteriores. Esta es una movilización en el marco de un Gobierno “aliado”, por decirlo de algún modo.

Si se ataca al movimiento indígena se atacan los cimientos del “proceso de cambio” porque las bases que hoy son criticadas y desprestigiadas permitieron al actual Gobierno su llegada al poder. Si se ataca a quienes fielmente apoyaron al Gobierno, entonces, ¿quienes son los aliados del Gobierno?

La marcha sigue. Ya casi se cumplen dos semanas de caminata y se sigue sumando gente que apoya los reclamos. Recientemente los indígenas invalidaron a un interlocutor del Gobierno, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, porque en medio de una instancia de diálogo con los indígenas, salió a dar declaraciones a los medios diciendo que “el diálogo se ha roto”. Después de eso, volvió a ingresar al predio en el que dialogaba con los indígenas. Estos últimos no sabían del mensaje del funcionario a los medios. Minutos después, cuando se enteraron, lo descartaron públicamente como interlocutor. La marcha continúa.

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* Maria Sol Wasylyk Fedyszak es periodista del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

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