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OEFA se enfrenta a mineras infractoras

Cuatro compañías mineras se oponen a pagar un aporte para ser supervisadas. Resulta que estas mismas empresas han cometido varias infracciones ambientales. El Ministerio del Ambiente defiende la facultad del OEFA para supervisar y fiscalizar a entidades extractivas.

Por José Carlos Díaz Zanelli

Servindi, 8 de junio, 2015.- En los últimos días el Poder Judicial ha tomado una decisión que puede significar un gran paso para la fiscalización ambiental. Se trata de la improcedencia de una acción de amparo presentada por la minera Gold Fields La Cima contra el Decreto Supremo 130-2013 PCM que establece el denominado Aporte Por Regulación (APR) de las empresas mineras para financiar las labores del OEFA.

Además de esta acción, el Ministerio del Ambiente se mantiene en litigio ante Indecopi junto a un grupo de compañías mineras que se oponen a pagar este monto, que representa solo el 0,15% de las utilidades. Las empresas que se oponen a realizar este pago son Sociedad Minera Corona, Caudalosa, Pampa de Cobre y Vichaycocha.

El pasado 20 de marzo el propio ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal se presentó en audiencia ante Indecopi en representación de su sector -al cual está adscrito el OEFA- para sustentar la necesidad de los APR.

Pulgar-Vidal, junto con Hugo Gómez Apac quien es presidente del Consejo Ejecutivo del OEFA, explicaron que los recursos que utilice esta institución para fiscalizar las operaciones de las compañías extractivas no pueden salir del erario nacional.

“La pregunta clave es ¿quién debe pagar la supervisión y fiscalización de una empresa minera? Es obvio que no le corresponde ni al ciudadano ni al dinero de los impuestos cumplir esa tarea. La idea es no trasladarle a un tercero el costo de lo que uno hace como actividad riesgosa”, explicó hace unos días el titular de Ambiente.

Gremio rechaza

Pero esta postura no es compartida no solo por estas mineras que han entablado un proceso contra los APR, sino por todo el gremio de compañías extractivas. Así lo hizo saber el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, quien incluso acusó al OEFA de utilizar los APR como caja chica.

“No es que nosotros queramos limitar al OEFA en su acción. Lo que no puede ocurrir es que esto sea una fuente de caja”, declaró hace poco Gálvez quien añadió que, según él, OEFA ha tenido un presupuesto excesivo en el 2014 por lo que parte de este se derivó al financiamiento de la COP 20.

En su afán por traerse abajo los APR, Gálvez ha llegado al punto de cuestionar que Pulgar-Vidal defendiera al OEFA en la audiencia ante Indecopi.

Malos antecedentes

Lo que juega a favor del OEFA en el proceso que tiene con las cuatro empresas mencionadas líneas más arriba, es el propio antecedente de estas mineras. Resulta que todas acumulan al menos una sanción por infracciones ambientales.

La Minera Corona es la más cuestionable debido a que solo entre el 2012 y 2014 acumula hasta 11 sanciones por infracciones ambientales. Todas estas sanciones se deben a excesos en los límites permisibles de contaminación y manejo de residuos sólidos. Y, acostumbrada a no querer pagar al Estado, todas las multas fueron judicializadas.

En casi la misma condición está la Minera Caudalosa que entre el 2011 y 2014 ha alcanzado hasta 15 infracciones. La mayoría de estas multas han sido judicializadas.

Por último están las empresas Pampa de Cobre que tiene tres infracciones y Vichaycocha con una, aunque esta última es una compañía subsidiaria de la conocida Volcan que opera en la sierra central y tiene multas por un monto acumulado superior a los S/. 18 millones.

Quizá estos últimos datos ayuden a explicar por qué las compañías mineras se oponen al financiamiento del OEFA.

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