Congreso debate aprobación de cuarto paquetazo anti-ambiente y anti-comunidades

Servindi, 30 de abril, 2015.- El pleno del Congreso de la República inició hoy por la tarde el debate del proyecto de Ley 3941, "Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible" a pesar del cuestionamiento formulado por organizaciones indígenas y numerosas asociaciones de la sociedad civil.

Las organizaciones indígenas que integran el Pacto de Unidad y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) rechazaron la aprobación del dictamen de la Comisión de Pueblos debido a que fueron impedidas de expresar sus objeciones en una sesión a la cual fueron previamente invitadas.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) demandó al Congreso de la República rechazar y dejar sin efecto el proyecto de Ley N° 3941/2014-PE, porque otorga todas las facilidades a la inversión privada y atenta contra los derechos humanos de los pueblos indígenas reconocidos por el Convenio 169 de la OIT.

Mediante un pronunciamiento señaló que la imposición de servidumbres a favor de proyectos de inversión en tierras que pueden ser de propiedad comunal, agudizará aún más los conflictos sociales, especialmente los vinculados con industrias extractivas y obras de infraestructura.

La Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las comunidades del Perú (CTS) cuestionó la iniciativa porque el Estado peruano no puede ofertar, como señala el dictamen, territorios eriazos considerados de propiedad estatal porque, entre otras razones, no existe un catastro actualizado.

Es decir que el mismo aparato estatal no tiene conocimiento de los límites de sus territorios, lo que podría generar que se entreguen a proyectos de inversión terrenos que estuvieran en posesión de, por ejemplo, comunidades o particulares privados.

También cuestionó el aspecto concerniente al derecho de vía que prohíbe el otorgamiento de títulos de propiedad en las franjas de tierra donde se otorgue este derecho a los proyectos de inversión.

Según el comunicado, eso significaría un impedimento en los procesos de titulación y formalización del uso de tierra que afrontan las comunidades.

Defensoría del Pueblo también observa dictamen

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la “gran dificultad de las comunidades para probar la posesión de sus tierras y territorios, por lo que se requiere un procedimiento y plazos razonables”.

En un procedimiento de otorgamiento de servidumbre las autoridades deben pronunciarse en el plazo de 10 días previsto para la formulación de la opinión técnica y 15 días previstos para la entrega provisional de servidumbre, que además se encuentra sujeta a silencio administrativo positivo.

Aspecto positivo también es relativo

Si bien el proyecto contiene ciertas medidas que favorecerían la implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), al mismo tiempo desnaturaliza su fortalecimiento al proponer la “integración temporal de permisos”.

Así lo observó Aída Gamboa, de la asociación DAR, cuando explica que ello implica que durante el tiempo que demore la implementación del SENACE, esta certificación podrá realizarla la autoridad ambiental sectorial competente, lo que "generaría vicios pues las entidades no se encuentran capacitadas para ello".

Según opinó la especialista es necesario que el gobierno erradique el “secretismo” y la práctica de aprobar los llamados “paquetazos” para agilizar los proyectos de inversión a costa del respeto de los derechos fundamentales.

Normas de este tipo requieren "un debate público, amplio y transparente, con canales accesibles de información y participación con los ciudadanos, sobre todo con los pueblos indígenas al verse afectados por tales medidas" aseveró.

No está demás remarcar que la iniciativa se esta saltando la obligación de consultar la medida a los pueblos originarios, como lo establece el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Como lo han señalado diversas asociaciones el paquete o combo normativo responde a un tendencia por legislar abarcando diversos temas pero que introduce contenidos lesivos que tienen la finalidad de desmantelar lo poco avanzado en políticas públicas ambientales y de protección de derechos comunales.