Servindi, 04 de junio, 2009.- El biólogo Sandro Chávez señaló que la Ley 29317 que aprueba y modifica el decreto legislativo 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, es nefasto, nocivo y debe ser derogado. "Si el gobierno se resiste a hacerlo es porque tiene compromisos inconfesables" afirmó.
Chávez, quién preside el Foro Ecológico y es Secretario Técnico del Colectivo Forestal, denunció que el trasfondo de la norma es promover el cambio de uso de las tierras forestales a agrícolas para alentar la producción de agrocombustibles.
| Ley N° 29317 - Ley que modifica e incorpora diversos artículos al Decreto Legislativo Nº 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre(14/01/09)
"Artículo 6.- (...) No habrá cambio de uso en las tierras que pertenecen al patrimonio forestal cualquiera sea su categoría, salvo cuando se trate de proyectos declarados de interés nacional en cuyo caso la autoridad encargada de determinar la procedencia del cambio de uso es el Ministerio del Ambiente en coordinación con la entidad del sector público correspondiente.". |
"La madre del cordero está en el artículo 6 que facultad la posibilidad de cambiar de uso de las tierras forestales que pertenecen al patrimonio forestal, cualquiera sea su categoría, a tierras agrícolas con la justificación del interés nacional" afirmo Chávez.
En el marco de la Ley 28054 de Promoción del Mercado de Biocombustibles y los decretos supremos 004-2008-AG y 016-2008-AG se encuentran declaradas de interés nacional las plantaciones de piñón, higuerilla, caña brava y bambú "con fines energéticos".
La terca oposición de la banca aprista a derogar el D.L. 1090, a pesar que la Comisión de Constitución ha declarado su inconstitucionalidad, indica que el gobierno tiene fuertes "compromisos con grandes inversionistas para producir etanol dijo Chávez.
Es conocido que el gobierno aprista está empeñado en promover los agrocombustibles. El 18 de abril constituyó el Grupo de Trabajo encargado de formular el Plan Nacional de Agroenergía y una Resolución Ministerial destaca que es función del sector Agricultura promover "el desarrollo de las áreas disponibles con aptitud agrícola para la producción de biocombustibles".
En este contexto el artículo 6 del D.L.1090 constituye un "incentivo perverso para reducir el propio patrimonio forestal" observa Sandro Chávez en detrimento del bosque y a favor de grandes inversionistas.
"Al enfrentar esta norma los indígenas amazónicos defienden el bosque tropical amazónico de las terribles consecuencias que significan las plantaciones de monocultivos para fines de agrocombustibles".
Debilitamiento de la institucionalidad forestal
Otre deficiencia del D.L. 1090 es que ha reducido el nivel jerárquico del organismo público forestal. Se establece al Ministerio de Agricultura como autoridad forestal nacional, pero las funciones las ejerce una Dirección General, órgano de tercer nivel, sin presupuesto ni funciones necesarias para asegurar la gestión sostenible de los bosques.
"La Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre se ha convertido en una simple Dirección General" explicó Chávez. "Ahora se tiene como encargado del tema forestal a un Director General, perdido en el Ministerio de Agricultura, y sin presupuesto para operar" dijo.
La poca voluntad y seriedad del gobierno en el manejo del tema forestal se expresa también en la postergación del nombramiento del nuevo Jefe del Órgano encargado de la Supervisión de las Concesiones Forestales (OSINFOR).
"El Presidente de la República no firma aún el Decreto Supremo que nombra al ganador del concurso público para nombrar al Jefe del OSINFOR a pesar que han transcurrido más de 20 días" informó el biólogo.
"Si la autoridad que debe velar por el cumplimiento de las concesiones forestales sigue acéfala esto trae como consecuencia el caos y tala ilegal en la amazonia" expresó Sandro Chávez.
"Si a esto sumamos el lento y desordenado proceso de transferencia de funciones a los gobiernos regionales podemos darnos cuenta que nada de esto ayuda mejorar la situación de nuestros bosques para su manejo sostenible" sostuvo Chávez.
Riesgo del TLC con Estados Unidos
Si existe algún riesgo de que Estados Unidos suspenda la implementación del TLC con el Perú será de exclusiva responsabilidad política del gobierno aprista, indicó Sandro Chávez.
Hace poco visitaron al país representantes de la Oficina Comercial de Estados Unidos quienes tomaron nota de lo que sucedía en el Perú y cuyos informes llegaran al Senado norteamericano.
Con la dación de D.L. 1090 se ha incumplido con lo estipulado en la Ley Nº 29157, porque varios artículos contravienen con los compromisos ambientales y el anexo sobre Manejo Forestal del Protocolo de Enmienda el TLC con los EEUU.
Para el experto forestal se han debilitado las protecciones contempladas en la legislación ambiental vigente antes de los cuestionados decretos legislativos.
"Se ha relativizado el sistema de concesiones forestales con una nueva modalidad denominada 'inversión privada' a la cual no se coloca ningún tipo de restricción y se ha desaparecido todo vestigio de participación ciudadana, como acciones de transparencia para la toma de decisiones relativas a la planificación y manejo de los recursos forestales.
Mal manejo del gobierno
Los intentos oficialistas de presentar a los indígenas amazónicos como opuestos al desarrollo son burdos y falaces pues lo que ellos quieren es que se les tome en cuenta al momento de legislar e implementar políticas de desarrollo en sus territorios.
El gobierno privilegia la actividad de hidrocarburos, minería y ahora agrocombustibles pero existen muchas más actividades que además de ser sostenibles pueden generar riqueza como el ecoturismo, el manejo forestal comunitario, las plantas medicinales, los bonos de carbono, la agroforesteria, etc.. dijo el especialista.
El gobierno ha cometido un error de fondo que es aprobar el D.L. 1090 sin consultar a los sectores interesados y menos aún a los pueblos indígenas, transgrediendo normas internacionales de rango constitucional.
Lo primero que debe hacer el gobierno y su bancada parlamentaria es reparar su error político y derogar los decretos inconsultos, inconstitucionales y lesivos a la amazonía. No hacerlo es seguir atizando un conflicto de consecuencias inesperadas y que será de su responsabilidad, dijo Chávez.
Existe una salida legal y política que el gobierno no quiere tomar
Es totalmente falso que la derogatoria del D.L.1090 signifique un caos para el manejo forestal o signifique un grave incumplimiento al TLC con Estados Unidos como lo afirman los ministros Antonio Brack o Mercedez Araoz.
La Comisión de Ambiente, Amazonía y Pueblos Indígenas tiene un dictamen aprobado del proyecto de Ley 2691,que está en la agenda del pleno del Congreso de la República y que fue debatido y consultado con diversos actores forestales y regionales.
Si el gobierno tuviera voluntad política el dictamen podría debatirse mañana y asi se resolvería el asunto de la derogatoria del D.L. 1090 y el vacío legal que preocupa a algunos, expresó Sandro Chávez.
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