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2014: ¿Año de la Industria Responsable y el Compromiso Climático?

Por Beatriz Salazar y Nelly Rivera

4 de marzo, 2014.- El gobierno declaró 2014 como Año de la Industria Responsable y el Compromiso Climático. Sin embargo, realmente, ¿hay congruencia entre esta declaración de buenas intenciones del gobierno y la realidad de sus políticas ambientales? Las organizaciones del empresariado nacional, realmente, ¿están mostrando una actitud responsable hacia el medio ambiente en un contexto de cambio climático?

El análisis de algunas políticas públicas recientes, sobre todo aquellas relacionadas con la promoción de la inversión, y los recientes comunicados de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), indican que el compromiso con la inversión es más fuerte que el compromiso climático.

En enero pasado, la Confiep hizo público su pronunciamiento «El Perú está primero», donde pone en claro que su principal preocupación sí es el clima..., pero el clima de inversiones que, según ella, está afectando la confianza empresarial.

En ese comunicado enfila sus críticas contra lo que considera «un restrictivo marco regulatorio que;se opone a la necesidad de; acelerar las inversiones privadas». Al parecer, los empresarios no están satisfechos con la agilización del trámite de permisos ambientales que estableció el gobierno, el año pasado, para facilitar las inversiones. No solo ello; este año, los empresarios están pidiendo, incluso, más beneficios, pese a que las medidas ya establecidas, al relajar los estándares ambientales, pueden ir en contra del objetivo de lograr un desarrollo sostenible y bajo en carbono.

Relajamiento de regulaciones ambientales

Un ejemplo es el D.S. 060-PCM, con el que el gobierno ya cedió a los reclamos de los inversionistas, el año pasado, al reducir los plazos para la aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA) y así «destrabar las inversiones». El problema es que se han reducido los plazos, pero no se han solucionado los problemas que causaban la demora, como la falta de personal o la insuficiente capacitación en los ministerios involucrados. Siendo esta la situación, es de esperar que la reducción de plazos solo lleve a la aprobación de EIA deficientes, que aumentan el riesgo de conflictos y de daños ambientales irreversibles.

Esta forma de destrabar las inversiones puede convertirse en una forma de privatizar las ganancias de las actividades empresariales y de socializar las pérdidas. Hugo Che Piu, investigador de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), critica el argumento –tan esgrimido por los empresarios y el gobierno– de que «solo se pueden promover las inversiones ofreciendo mayor utilidad a los inversionistas, mientras que el país acepta más pérdidas ambientales».

Según el investigador, «de esta manera, hemos logrado que en la década pasada, de cada diez soles del Producto Bruto Interno (PBI), más de seis terminen como utilidad de las empresas, mientras que casi la totalidad de los costos ambientales terminan siendo asumidos por las poblaciones locales».

El economista José de Echave, investigador de la ONG Cooperacción, opina que siendo el Perú un país con una alta dotación de recursos naturales, deberíamos apuntar a construir una autoridad ambiental fuerte, capaz de producir una reforma ambiental «en serio».

Se esperaba que el Ministerio del Ambiente (Minam) fuera la autoridad con todas las facultades, pero, en la práctica, cada ministerio es la autoridad ambiental en su sector, ya que no hay una voluntad política para concretar una reforma seria sobre este aspecto.

Cuando ciertas políticas agudizan el cambio climático

En el sector agrario también se han dado políticas de promoción de la inversión que son incongruentes con el «compromiso climático» y la «responsabilidad empresarial». Por ejemplo, recientemente, se denunció que el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali promueven la deforestación indiscriminada. Estas autoridades han permitido la adjudicación de bosques como tierras rústicas, la reclasificación de tierras de aptitud forestal a usos agroindustriales, las autorizaciones de cambio de uso de suelo y la aprobación de estudios de impacto ambiental para proyectos agroindustriales, especialmente de palma aceitera. Esta política ha impulsado la deforestación de 13 mil 76 hectáreas de bosques primarios, según denuncia la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (1)

En LRA 153, de julio de 2013, el investigador Juan Luis Dammert denunció que la mayoría de estos proyectos agroindustriales se desarrollan en tierras que han sido categorizadas como forestales. Al no existir un mapa de clasificación de suelos, detallado y vinculante, los proyectos requieren estudios de suelos específicos que, coincidentemente, casi siempre determinan que las tierras que se presumían estrictamente forestales sí son aptas para cultivos permanentes o en limpio. ¿Es esto congruente con la meta comprometida en la Cumbre Climática Mundial de 2010 (Cop 16, realizada en Cancún), de «deforestación neta cero en bosques primarios tropicales»?

Las políticas agrarias también causan un impacto

Por otro lado, la actividad agrícola en el país ha aumentado sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 18% al 23%, entre 2000 y 2009, debido al crecimiento de hectáreas agrícolas en la costa y en la selva, y al mayor uso de pesticidas y agua (2)

Sara Yalle, de la Dirección General Forestal del Minagri, señala que con la información disponible se puede inferir que existe un aumento de emisiones en cultivos como el arroz, para el cual se reporta un incremento de 24% con respecto a las emisiones del año 2000, debido al aumento de las hectáreas sembradas. Para otros cultivos de la costa aún no existe información suficiente para determinar si sus emisiones de GEI han aumentado o decrecido.

En LRA hemos advertido constantemente que el tipo de agricultura con mayor uso de agroquímicos, energía y agua, y que genera mayores emisiones de GEI, es el que predomina en megaproyectos de irrigación que son promovidos por el Estado, como Olmos o Majes II, que están en la costa. Estos proyectos están destinados a cultivos de agroexportación que son altamente consumidores de agua y dependientes de recursos hídricos trasvasados desde ecosistemas frágiles en la vertiente oriental de los Andes. Una vez más, preguntamos: ¿esta política de ampliación de frontera agrícola es congruente con el «compromiso climático» y la responsabilidad empresarial?

Al respecto, Ricardo Giesecke, exministro del Ambiente durante el gobierno aprista, señala: «Muchos en el sector agrario creen que hay que tener miles y miles de hectáreas irrigadas, y que no importa de dónde proviene el agua. Esto se justifica diciendo que contribuye a la seguridad alimentaria. Pero ¿es lo mismo lograr la seguridad alimentaria con tierras ganadas para cultivos que van a la agroexportacion, como en Majes II, o sería mejor que esos recursos hídricos se utilicen en las zonas altoandinas donde se extrae el agua?».

Los gremios representativos de los grandes empresarios, sobre todo mineros, van a continuar con su ofensiva en contra de las políticas e instituciones de gestión y fiscalización ambiental, como el ordenamiento territorial o el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

Por ejemplo, en la última Convención Minera Perumin, la consultora McKinsey presentó un reporte que afirmaba que la visión del Perú ante inversionistas nacionales e internacionales había empeorado significativamente debido a normas como la consulta previa, la zonificación ecológico-económica y la creación del Senace. Las presiones empresariales contra estas políticas continuarán, y el actual gobierno de Ollanta Humala haría bien en resistirlas.

Además, debe entenderse que ninguna medida para enfrentar el cambio climático será efectiva si se aborda aisladamente de procesos como la desertificación, la pérdida de biodiversidad o la degradación de ecosistemas, exacerbados por un modelo de desarrollo que coloca al crecimiento económico por encima de la sostenibilidad ambiental. El compromiso climático empieza, especialmente en el Perú, por tomar conciencia de esto.

Notas:

(1) Actualidad Ambiental: «Empresas de palma aceitera deforestan hectáreas de bosques primarios» en: http://bit.ly/1hasWh6.

(2) RPP: «Perú crece, pero emite más gases de efecto invernadero» en: http://bit.ly/1mA8sUx.

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Fuente: http://www.observatoriocambioclimatico.org/node/5168

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