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Perú: Exigen justicia y reparación a las víctimas de esterilizaciones forzadas

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vería en marzo caso que afectó a mujeres indígenas.

30 de enero, 2014.-  “Esterilizaciones forzadas, ¡Sanción y Justicia ahora!”, es el reclamo que hacen las mujeres víctimas de este delito y las organizaciones de la sociedad civil tras la decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los funcionarios implicados en las esterilizaciones forzadas durante todo el régimen fujimorista desde 1996 hasta 2001.

Como se recuerda, dicho programa constituyó una política pública que promovió la esterilizaciones de miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales.

"Me indigna este caso, no encontramos justicia, ¿Por qué lo han archivado? Casi no sabemos leer ni escribir, ¿Será por eso que fue archivado?”, se pregunta indignada Sabina Huillca, originaria del Cusco.

La parlamentaria andina Hilaria Supa señala que Fujimori hizo mutilar a las mujeres más pobres del Perú que no conocían sus derechos. “Este Estado nunca ha reconocido a esta población y hasta hoy siguen siendo discriminadas”, afirmó.

“El Estado a través de sus operadores de salud anuló la libertad de las mujeres a decidir sobre sus vidas, sobre sus cuerpos" explicó Mariel Távara, responsable del área psicológica de Demus.

"Además, el impacto en las mujeres de una determinada cosmovisión en nuestro país donde el vientre de la mujer es fecundo como la tierra, también se anuló la capacidad de dar vida. Se sienten incompletas.”, explica

Un fiscal que no cumple su función

“El fiscal no puede decir que no hay evidencias. Existen oficios, memorándums de los ministros que iban informando a Fujimori de cómo se cumplían o no las metas, donde se señalaban además, las cuotas de mujeres que tenían que captar para esterilizarlas, y también se hablaban de las sanciones o recompensas que iban a tener”, denunció Rossy Salazar, representante legal de Demus.

La abogada precisó que se han presentado tres fundamentos en el recurso de queja con la esperanza de que la Fiscalía Superior cambie la resolución emitida por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, a cargo del fiscal Marco Guzmán Baca.

La decisión fiscal resolvió no formalizar denuncia penal contra Alberto Fujimori, los ex ministros de salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y sus asesores y al directo involucrado en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000).

El primer punto que se ha sustentado es que el fiscal provincial no necesitaba pruebas contundentes para denunciar, sino evidencias de que se ha cometido un delito, y como precisa Rossy Salazar, “hay suficientes evidencias dentro del expediente fiscal”.

Además, el propio fiscal no cumplió con el formalismo establecido, pues para archivar un caso de 2,074 mujeres, debió explicar caso por caso. Sin embargo, la resolución sólo menciona el caso de la campesina Mamérita Mestanza, sometida a una operación quirúrgica de esterilización en 1998 y que falleció ocho días después de la intervención.

Por último, se ha fundamentado de manera contundente todas las evidencias que hay en el expediente fiscal que determinan que fue un delito de lesa humanidad.

Informes, memorándums y las declaraciones de más de 2 mil mujeres sustentan cómo han sido “engañadas, amenazadas, chantajeadas para que se lleve a cabo ese tipo de política y declaraciones de médicos y enfermeras que señalan cómo eran amedrantados para cumplir con estas metas”, explicó Salazar.

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