Muerte de Celia Ramos es uno de los casos más emblemáticos de las esterilizaciones forzadas. Foto: Composición de Jazmin Ceras/Colectivo 2074 y muchas más/OAS/La República
CIDH eleva caso ante la Corte IDH sobre esterilización sin consentimiento en Perú y recomienda al Estado reparar derechos vulnerados de víctima.
Servindi, 21 de agosto, 2023.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte IDH un caso que arroja luz sobre una grave violación de derechos humanos ocurrida en Perú.
Este es el caso de Celia Ramos Durand, cuya muerte resultó de una esterilización a la que fue sometida sin su consentimiento dentro del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), durante el régimen del Alberto Fujimori.
Residente del Caserío La Legua, en Catacaos (Piura), Ramos Durand fue intervenida el 3 de julio de 1997, convirtiéndose así en víctima del PNSRPF que promovía la anticoncepción quirúrgica.
A partir de la operación, sufrió complicaciones médicas que resultaron en su fallecimiento. Ese mismo día, 15 mujeres más fueron sometidas a la esterilización por el personal médico del Ministerio de Salud.
La investigación de los hechos estuvo marcada por archivamientos constantes. A pesar de los intentos por esclarecer la situación, el caso fue cerrado en diversas ocasiones, lo que generó controversia.
No obstante, en abril de 2018, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional de Lima ordenó formalizar la denuncia contra varios individuos, incluido Fujimori, por su presunta participación.
Celia Ramos, madre de 3 niñas, murió a los 31 años de edad a consecuencia de una esterilización en uno de los numerosos “festivales de ligaduras” realizados por el gobierno a fines de la década de los 90. Foto: archivo familiar
Evaluación de la CIDH
En un análisis exhaustivo, la CIDH determinó que el Estado peruano incumplió sus obligaciones en la regulación y fiscalización del programa de esterilizaciones y la obtención de consentimiento informado.
Además, no existían las condiciones adecuadas para llevar a cabo el procedimiento médico, lo que se reflejó en metas discriminatorias, falta de consentimiento informado genuino y la ausencia de recursos médicos apropiados.
La Comisión también subrayó que la cirugía tenía como objetivo la pérdida permanente de la capacidad reproductiva de Ramos Durand, lo que representó una violación de su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Asimismo, se evidenció una discriminación interseccional basada en género y situación económica, considerándose este acto una forma de violencia contra la mujer.
La CIDH subrayó las garantías judiciales y la protección judicial, resaltando además la falta de diligencia del Estado en las investigaciones y señalando que no se había logrado una investigación adecuada en un plazo razonable
En suma, la Comisión estableció que el Estado peruano violó múltiples derechos establecidos relacionados con el derecho a la vida, integridad personal, garantías judiciales, igualdad ante la ley, protección judicial, entre otros.
La CIDH recomendó al Estado medidas de reparación integral, investigación exhaustiva y efectiva, medidas de no repetición y la revisión de prácticas para el consentimiento informado en salud.
Ahora el caso tendrá que ser visto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), un órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) e instancia superior del sistema interamericano de derechos humanos.
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