Por Mayka de Castro, Marc Delcan y Sergio de Castro
Diagonal.- "Apostamos por una constitución, por un proyecto comenzado por las organizaciones sociales, no por un personaje". Estas palabras de Gilberto Guamangate, que participó en la ya disuelta Asamblea Constituyente en representación del Movimiento Pachakutik, resumen el que es un parecer general entre los miembros del movimiento indígena que han apoyado el nuevo texto constitucional.
En ese sentido, "esta Constitución no es el fin, es un mecanismo que debe llevar hacia la verdadera democratización y justicia social (...) Después del 28 las luchas serán más fuertes", señala Humberto Cholango, Presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI).
Una coincidencia que, sin embargo, en la valoración general del proyecto por parte de los diferentes sectores, está llena de matices e incluso diferencias.
Sí crítico de la CONAIE
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) hizo público a principios de septiembre su apoyo al proyecto de nueva constitución criticando, a su vez, la política llevada a cabo hasta ahora por el Gobierno de Correa.
Entre las razones del "sí crítico", Marlon Santi, presidente de la organización, opina que el texto "propone una economía basada en la solidaridad, en la reciprocidad y de carácter comunitario". Sin embargo, según Santi, Correa "ha minimizado al movimiento indígena y a todos los sectores progresistas que lo han estado criticando constructivamente".
Al mismo tiempo, señala que el proyecto "reconoce las nacionalidades a los pueblos, su estructura política y administrativa, pero no la aplicación de esto en el ámbito territorial".
Para Domingo Ankuash, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), "el objetivo número uno" de su organización "es la defensa territorial", por lo que "ni el sí ni el no nos va a salvar a las nacionalidades indígenas".
Pedro de la Cruz, histórico dirigente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y ex-asambleísta por la gubernamental Alianza País, coincide con Santi en que la nueva Constitución sustituye la economía de mercado por una "social y solidaria".
Por otro lado, señala que "este presidente [Correa] ha liderado las demandas que ha tenido la ciudadanía ecuatoriana, incluyendo a nosotros como organización". Por esta razón apoyan un texto que, entre otras "muchas bondades" y a pesar de algunas deficiencias, promueve la soberanía alimentaria y el reconocimiento de diferentes modos de propiedad, declara a Ecuador como un Estado plurinacional e incluye mecanismos de participación ciudadana que la convierten "en una de las más democráticas de América Latina".
Plurinacionalidad y autonomía indígena
Para Gilberto Guamangate, "pensando en un Ecuador justo, equitativo y solidario hemos planteado la construcción de un Estado plurinacional y un modelo de desarrollo basado en el buen vivir', el bienestar para todos los ecuatorianos, no sólo para los indígenas".
Un Estado plurinacional que para el movimiento indígena debe ser algo más que una declaración formal: debe formar parte integral de todo el proyecto político y económico planteado por la constitución. En este sentido, el reconocimiento de las formas autónomas de organización política y de justicia indígenas es esencial.
La constitución, según de la Cruz, recoge que "las circunscripciones territoriales indígenas pueden por consulta popular decidir auto-administrarse mediante sus propias autoridades (...). Incluso nos garantiza el derecho a la administración de justicia".
Sin embargo, para Mónica Chuji, presidenta de la mesa de Recursos Naturales y Biodiversidad de la Asamblea Constituyente y disidente de Alianza País, "no se ha dado contenidos ni desarrollo a la declaración de Estado plurinacional", ya que "tenía como centro cambiar un sistema y un modelo de desarrollo como consecución del sumak kawsay y, a partir de ello, incidir en la reforma estructural, económica y política. Pero eso en su totalidad nunca fue acogido".
Consentimiento previo, libre e informado
Una de las demandas básicas del movimiento indígena ha sido la de la inclusión en el texto constitucional del derecho al consentimiento previo, libre e informado con derecho a veto, en el caso de la explotación de los recursos naturales en territorios indígenas, tal y como aparece en el convenio 169 de la OIT.
Según el Presidente de la CONAIE, "los recursos naturales siguen siendo el eje principal de la función económica. Y cuando se habla de recursos naturales se está hablando de la extracción de éstos en territorios indígenas".
Desde la Amazonía, región rica en petróleo y recursos mineros, Domingo Ankuash sostiene que "esta constitución no da garantía total del derecho territorial. "¿Por qué no aprobaron el consentimiento? Porque hay oro, hay petróleo y quieren robarse todo".
Según sostiene el presidente de ECUARUNARI, que está haciendo campaña por el sí, "no vamos a permitir el modelo extractivista. Una cosa es no oponernos a la inversión y al desarrollo y otra, que si van a afectar al territorio, no oponernos".
Desde la FENOCIN, Pedro de la Cruz defiende que "en algún artículo puede estar considerado eso [la orientación extractivista] pero en su mayoría está enfocado a la relación con la madre naturaleza y el sumak kawsay".
Con el 90% del escrutinio realizado, más del 64% de los ecuatorianos llamados a las urnas había dado su voto en favor del texto defendido por el presidente Rafael Correa.
La CONAIE
La CONAIE nace en 1986 de la unión de ECUARUNARI (nacida en 1972) y la CONFENIAE (1980), creando posteriormente, en 1999, su regional de la Costa (CONAICE).
La consolidación de la CONAIE como actor político comienza en 1990 con el levantamiento contra el Presidente Rodrigo Borja. En 1996 se crea el que será su brazo político, el Movimiento Pachakutik, convirtiéndose ese año en la tercera fuerza política en el Congreso.
A partir de 1997 participará en las movilizaciones que llevarán a la caída de varios presidentes. Ese mismo año interviene en las marchas de demanda por una Asamblea Constituyente que se instaura en 1998.
En 1999 la CONAIE convoca a un levantamiento ("Toma de Quito") contra las políticas neoliberales de Jamil Mahuad. Su alianza con sectores militares tanto en el golpe de estado de 2000 como con el coronel Lucio Gutiérrez en las elecciones de 2002 son respondidas por estos con sendas "traiciones", empezando así un proceso de división interna.
En marzo de 2006 la CONAIE convoca un levantamiento en contra del TLC y por una nueva Asamblea Constituyente. Una concentración de 10.000 indígenas en Quito en octubre de 2007 sería convocada para mostrar su fortaleza de cara a su realización.
Sumak Kawsay vs. neoliberalismo
Según Mónica Chuji "el Sumak Kawsay, más allá de la simple traducción [constitucional] como buen vivir', significa vida plena, vida en armonía, respeto a los derechos humanos... (...) Es importante que se haya empezado a plasmar conceptos que nacen de la cosmovisión de un sector que hace dos décadas viene desarrollando propuestas para la sociedad ecuatoriana".
Aunque, como mantiene Humberto Cholango, "hasta dónde comprendan los actores sociales, económicos y políticos, eso no lo sé". Una filosofía que, según Marlon Santi, "se ha plasmado en la inclusión de la Madre Tierra, la Pachamama, como sujeto de derecho".
Para Cholango, el "buen vivir" supone que "el ser humano no viva en competencia: el modelo de Sumak Kawsay es una alternativa al modelo neoliberal".
José Gualinga, histórico dirigente de la comunidad kichwa de Sarayaku, mantiene que "nuestro proyecto de desarrollo es el Sumak Kawsay, entendiendo que estamos en interdependencia con la naturaleza. (...) Porque el buen vivir ya es el tope del desarrollo. ¿Qué es el progreso en realidad? En la naturaleza ya se ha desarrollado todo, no hace falta tumbar árboles para sembrar".
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Acceda el texto de la nueva Constitución Política del Ecuador en el siguiente enlace:
- Nueva Constitución Política del Ecuador (pdf, 172 páginas)
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