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Perú: Mujeres del campo, vÃctimas de violencia familiar, no tienen acceso a abogado de oficio

Por Juan Carlos Ruiz Molleda, Consorcio Justicia Viva

Sixta tiene 26 años y vive con su esposo Cirilo en la ciudad de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco. Se encuentra llorando cerca del fogón de su casa, pues su esposo, en completo estado de ebriedad, acaba de golpearla una vez más cuando ésta le reclamó por llegar de madrugada a casa y haberse gastado la plata del diario.

Una costilla fracturada y el tabique roto es el resultado que arroja el examen de reconocimiento médico que le han practicado. En la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) le han dicho que no resuelven este tipo de casos pues hay delito y ellos sólo concilian. Cuando fue a la Comisaría, le dijeron que sin un abogado difícilmente podrá defenderse, conseguir justicia y una sanción efectiva a Cirilo. El problema es que ella no tiene dinero para pagar un abogado, pues no trabaja. Tampoco tiene muchas posibilidades de conseguir trabajo pues es analfabeta. Sus padres la sacaron del colegio, pues siguiendo una anacrónica y repudiable costumbre, prefirieron gastar en colegio en sus hijos varones antes que en ella, total, decían, si igual será ama de casa.

Preguntando por ahí, se ha enterado que existen abogados de oficio en materia de violencia familiar pagados por el Estado que brindan defensa legal gratuita a las personas que no tienen dinero. Sin embargo, triste se puso su cara cuando le dijeron que estos abogados de oficio sólo existían en la capital de departamento, es decir, en la ciudad de Cusco, a 10 horas de viaje en carro. Esto quiere decir que en las otras 12 provincias de Cusco, NO HAY ABOGADO DE OFICIO EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR.

Sixta, consternada porque todas las puertas se le cierran, sin dinero, con pocas posibilidades de trabajar, analfabeta y sin entender este sistema de justicia que solo genera injusticias, no tiene otra opción, tendrá que continuar viviendo en su casa y seguir soportando los maltratos y golpes de su esposo a su persona y a sus hijos, gracias a la indolencia de un sistema de justicia, que olvida que según el artículo 44° de la Constitución, la razón de ser del Estado es proteger los derechos de las personas y que según el artículo 1° del mismo texto, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado.

El problema de fondo es muy sencillo. En el Perú hay 308 abogados de oficio y sólo están en las capitales de departamento, en las sedes de las Salas Descentralizadas, y en algunas capitales de provincias, pero no en los miles de distritos a lo largo del territorio peruano. Para tener una idea de la responsabilidad que le corresponde al Estado en esta materia, en Colombia existen más de 1,136 abogados de oficio, cantidad aún insuficiente. En otras palabras, sólo tienen derecho en los hechos a abogado de oficio en el Perú, las personas que viven en las ciudades. Otra vez, la población rural no tiene acceso a la justicia. Parece que no contaran o no existiesen para el sistema de justicia. La pobreza los invisibiliza. Lo que sí queda claro, es que los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en decenas de declaraciones e instrumentos de protección internacional de los derechos humanos, firmados y ratificados por el Estado Peruano, nada tienen que ver con la suerte de millones de mujeres del campo que sufren a diario violencia familiar en su propio cuerpo.

La situación de indefensión de las mujeres víctimas de violencia familiar del campo, es total y absolutamente incompatible con una Constitución Política que reconoce en su artículo 139º inciso 8, el principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala, y con el artículo 139 inciso 14, cuando establece que nadie puede ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Como podemos ver, el sistema de justicia no ha dicho nada sobre qué hacer cuando no existen abogados de oficio, situación que ocurre en las zonas rurales del Perú donde vive cerca del 30% de la población nacional.

Estaríamos entonces ante una violación masiva del derecho a la igualdad y a la no discriminación ante la ley de miles de mujeres campesinas víctimas de la violencia familiar por razón económica, social y de género. Según este derecho, reconocido en el artículo 2 inciso 2 de la Constitución, Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

Ciertamente, ésta no es solo una realidad de las mujeres del campo víctimas de violencia familiar, sino de todas aquellas personas que participan en un proceso judicial y no tiene recursos económicos. No obstante ello, la indefensión de las mujeres víctimas de violencia familiar es más patente y grave, como consecuencia de su elevada vulnerabilidad de derechos. Asimismo, si bien la indefensión es más intensa con la población del mundo rural, esto no quiere decir que no exista indefensión en las ciudades, en aquellos sectores que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza.

Ahora que todos hablan de acceso a la justicia, y que se acaba de aprobar una ley para asegurar una adecuada defensa legal a los efectivos militares procesados por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, resulta penoso constatar cómo algunas personas valen más que otras o merecen más atención que otras. Esta actitud es incongruente con una Constitución Política que impone a todos los funcionarios públicos, pero con mayor intensidad a los operadores del sistema de justicia, una obligación de acción positiva de defensa y tutela de los derechos de las personas.

Mientras no cerremos esta trágica y escandalosa brecha entre el sistema de administración de justicia y la población rural, donde viven miles de compatriotas, cualquier posibilidad de futuro y desarrollo será imposible. Tenía razón la CERIAJUS cuando decía que había que caminar hacia un modelo de justicia inclusiva. Se necesita incluir a millones de peruanos en el sistema de defensa y protección de los derechos fundamentales. ¿Hasta cuándo habrá que esperar? Parece que las costillas rotas de Sixta nada tienen que ver con las preocupaciones el Estado.

Fuente: Portal del Consorcio Justicia Viva

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Iberia discrimina a congresistas

Y PIERDEN VUELO A MADRID • Legisladoras cusqueñas Hilaria Supa y MarÃa Sumire denuncian racismo de aerolÃnea española • "Quéjense donde quieran, si ni siquiera saben hablar", les habrÃan dicho • Hoy presentan queja ante embajada de España • Cabanillas: Congreso se siente agraviado.
Las congresistas MarÃa Sumire e Hilaria Supa son defensoras de la lengua quechua. Ayer, ambas fueron maltratadas.
La noche del sábado las congresistas cusqueñas Hilaria Supa y MarÃa Sumire, ambas de la bancada UPP-PNP, iban a viajar a Madrid para participar en un congreso de parlamentarios indÃgenas.

Con sus pasajes en mano se acercaron al counter de la aerolÃnea española Iberia para registrarse y abordar el vuelo. Sin embargo, empleados de esa empresa les comunicaron que no podÃan ingresar al avión, pues este ya estaba lleno y no habÃa cupo para ellas.

Se burlaron de ellas
"Sin embargo, varios pasajeros que llegaron después que nosotras abordaron el avión sin ningún inconveniente" , indicó Sumire de Conde y responsabilizó por este incidente a la supervisora de vuelos de Iberia, Paula BolÃvar.

La congresista añadió que al quejarse por el hecho y mostrar su pasaporte diplomático, los empleados de la aerolÃnea se burlaron de su dicción y le dijeron que "podÃan quejarse con quien quisieran (...) cómo van a ser ustedes congresistas si ni siquiera saben hablar ".
Nos indigna, aseguró la congresista: "Fue un trato inhumano. Si esto nos pasa a nosotras que somos congresistas, qué pasará con el resto de nuestros hermanos quechuahablantes" , manifestó.

Adelantó, a su vez, que su abogado presentará hoy una queja ante la embajada de España en Perú.

Agravio al Congreso
Por su parte la presidenta del Legislativo, Mercedes Cabanillas aseguró que el Congreso se siente agraviado por el trato discriminatorio que sufrieron las congresistas MarÃa Sumire e Hilaria Supa de los empleados de la aerolÃnea Iberia que trabajan en el aeropuerto Jorge Chávez.

"El Congreso se siente agraviado porque dos congresistas, representantes electas de la nación, han sufrido malos tratos y sobre todo discriminació n en territorio peruano ", comentó Cabanillas.

"Es absolutamente condenable desde todo punto de vista; no vamos a permitir que a dos ciudadanas peruanas se las maltrate y se las ofenda", aseguró tras indicar que presentarán una queja a la mencionada aerolÃnea y ante el embajador de España en el Perú.

Además, sostuvo que al margen del rango del funcionario que cometió el agravio contra las dos legisladores, es la empresa la responsable porque no ha sabido instaurar entre sus empleados la obligación de tratar con respeto a los usuarios de un servicio tan importante como el transporte aéreo.

Datos
TIENE PRISIÓN. La Ley 28867 sanciona los actos de discriminació n racial, étnica, sexual o religiosa, con prisión de entre dos y tres años.
AGRAVANTE. La sanción puede llegar hasta 4 años si se emplea violencia fÃsica o mental o si el agente es funcionario público.

no me parese sobre la violencia famiar los hombres son realmente machistas

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