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Perú: Clima de terror e intimidación provoca proyecto minero RÃo Blanco (ex Majaz)

Ronderos_RioBlanco
Ronderos de Piura rechazan el clima de intimidación de los promotores de la minería y la ONG Integrando, que asocian al Grupo Romero

Por Jorge Agurto

23 de noviembre, 2009.- Un buen ejemplo de la forma autoritaria y arbitraria cómo procede la gran minería en alianza cómplice con autoridades del Estado es lo que sucede en torno al proyecto minero Río Blanco (Ex Majaz) (1), en la sierra piurana.

No basta que las comunidades se hayan pronunciado mayoritariamente en contra del proyecto a través de consultas vecinales organizadas por las autoridades municipales. No basta con que se haya demostrado la improcedencia de la concesión al no haberse logrado el consentimiento de la comunidad.

No basta con que las comunidades hayan rechazado millonarios ofrecimientos monetarios y se haya reafirmado en la actividad agropecuaria y así evitar cualquier riesgo en la protección de su ambiente y recursos de agua.

La empresa Monterrico Metals que estuvo haciendo actividad exploratoria -fase que culminó en 2006- ha recibido una sanción administrativa del organismo supervisor OSINERGMIN para resarcir los daños forestales del 2009 al 2011. Esto significa que la empresa continuará imponiendo su presencia malgrado la voluntad y la autonomía comunera.

Como si fuera poco, ha hecho su aparición la organización no gubernamental (ONG) Integrando, que en lugar de integrar, intenta propiciar la desintegración de las comunidades, creando paralelismo, contratando trabajadores para generar lealtades privadas que debiliten la cohesión comunal.

Integrando
Según los comuneros la ONG Integrando tiene licencia para causar disturbios, enfrentamientos y provocar a las rondas que se oponen a la minería.

Por más que afirme lo contrario, el representante de la ONG Integrando, Marco Vargas Trelles, no es transparente en indicar de dónde recibe financiamiento a pesar de reconocer que ha recibido entre 200 a 300 mil soles (aprox. 100 mil dólares) en donaciones, que se han invertido en obras sociales.

Como denunció la congresista piurana Marisol Espinoza la ONG Integrando no está registrada en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Esta licencia para operar política y socialmente es atribuida por los comuneros a que Marco Vargas cuenta con el respaldo del gobierno gracias a que es militante del partido aprista e incluso postuló al cargo de subsecretario general en la región Piura.

Gracias a sus obras sociales Integrando moviliza alrededor de doscientas personas. Algunos de ellas, cuando se embriagan y están en grupo, se sienten con la licencia de insultar y agredir a pacíficos comuneros como sucedió el 5 de junio en el local de la comunidad Segunda y Cajas, donde se realiza una reunión de ronderos.

Segundo Aponte, presidente de esa comunidad, ha denunciado reiteradamente que el personal de Integrando provoca a los comuneros quienes han acordado pedir el retiro de esa institución.

La Coordinadora Nacional de Radio (CNR) recogió en julio el testimonio de Pedro José Vargas Lamela, ex trabajador de la ONG Integrando, quién aseguró que esta organización espiaba a los dirigentes comuneros de Piura que se oponen a la minería irresponsable y, a la par, azuzaba a la violencia para causar división y violencia entre las comunidades.

Integrando quiere ganar presencia entre las comunidades y su primera estrategia de promover la siembra de trigo con la promesa de ser comprada por la empresa ALICORP fracasó. Ahora se encuentra empeñada en hacer obras, caminos para ganar simpatía de la población.

Lo cierto es que la empresa ALICORP es una de las empresas emblemáticas del poderoso grupo de poder Romero, que se sospecha podría ser uno de los donantes directos o indirectos de los recursos que emplea Integrando. No hay que dejar de lado el siguiente dato: la entidad Agropecuaria Las Huaringas -perteneciente al Grupo Romero- tiene una opción de compra del 20 por ciento de las acciones de Monterrico Metals.

Es decir, el interés del Grupo Romero detrás del proyecto minero está confirmado. La opción de compra se materializaría cuando los esfuerzos mancomunados de empresarios, oeneges divisionistas e incluso autoridades del Estado, logren torcer el brazo a la voluntad comunal y se apruebe el estudio de impacto ambiental del proyecto.

Esquema_MonterricoMetals
Esquema que explicaría el entramado de las relaciones entre diversos actores privados. Elaboración: CooperAcción

El interés político del gobierno está verificado cuando el propio Jefe de Estado afirmó que el proyecto Río Blanco va "sí o sí" mientras visitaba China. Y su ex premier Jorge del Castillo atacó con ferocidad y amenazas directas a los promotores de la consulta vecinal que dijo: ¡NO a la Minería!

Esta complicidad del Estado se hace patente también cuando el poder judicial no dio trámite a las denuncias de torturas que sufrieron comuneros por parte de las fuerzas policiales, que en lugar de resguardar la legalidad brinda protección particular a los campamentos de la empresa.

Ha sido la Alta Corte del Reino Unido la que en una actuación ejemplar ha sancionado a Monterrico Metals congelando sus activos para resarcir la muerte de dos comuneros y a 28 comuneros víctimas de torturas que participaron en la primera marcha contra el proyecto minero.

Jacocha
Los ronderos de las comunidades piden se respete la legalidad, el estado de derecho y el Estado garantice la paz social sin ponerse al lado cómplice de los actores antisociales

La reciente muerte de tres personas del campamento de Monterrico Metals en un ataque armado sorpresivo es un hecho muy extraño que ensombrece el panorama de conflicto social. La empresa ha descartado que los comuneros hayan tenido alguna responsabilidad y éstos han sido los primeros en pedir se investigue a profundidad para hallar a los responsables.

Sin embargo, voceros políticos del gobierno se han apresurado a pedir la instalación de una base militar para defender la actividad minera, lo cual ha sido seguido por los acólitos de la minería que por lo visto creen tener un pretexto inobjetable para que el presupuesto de Defensa Nacional resguarde su actividad privada.

La ONG CooperAcción ha observado que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) "no ha asumido su responsabilidad en el proceso de diálogo con las autoridades y comunidades representadas en el Frente de Desarrollo Sostenible" y, en una situación inaudita, el premier, varios ministros, y el presidente regional se reúne con la empresa Río Blanco "para definir temas de seguridad nacional" de espaldas a la población y sus autoridades locales.

Es importante destacar que el interés minero no se reduce al proyecto Río Blanco sino que existen siete proyectos mineros y grandes intereses mineros que pretenden crear un distrito minero en una zona de páramo que cumple una función estratégica en el abastecimiento de agua dulce a la región Piura.

Finalmente, debemos recalcar que Monterrico Metals ya culminó su fase de exploración el año 2006, formalmente se encuentra en proceso de cierre y no tiene permiso de exploración ni estudio de impacto ambiental aprobado. Su presencia en las comunidades es ilegal y rechazada por las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas y no tiene permiso válido para permanecer en sus territorios.

Por afimar estas verdades en medios locales de Piura se ha abierto una querella por difamación a la abogada de CooperAcción Emma Gómez Moreno. Peor aún, las autoridades se niegan a registrar las denuncias de agresión que sufren los comuneros pero se muestran solícitos y expeditivos cuando los denunciantes son voceros de la empresa.

Este es el clima de persecución, intimidación, amedrentamiento a los que se ven sujetos los comuneros cuando la gran minería pretende a todo costo imponerse sobre la voluntad del pueblo, las autoridades municipales y la comunidad. Y sin duda, esto no es lo que ofreció Alan García cuando estuvo en campaña electoral en esta zona (2).

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(1) La empresa Monterrico Metals es accionista principal de Río Blanco Copper S.A. (Minera Majaz). Monterrico Metals es subsidiaria indirecta de la empresa china Zijin Mining Group (con 80% del consortium).

(2) Alan García llegó a la Presidencia el 2006 ofreciendo todo lo contrario a lo que viene haciendo actualmente. Si usted duda de esta afirmación vea el siguiente video en Ayabaca: http://www.youtube.com/watch?v=7F2tGjejdmc

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Comentarios

Vean en este video:
http://www.youtube.com/watch?v=viE6CusL4bM

La deforestación y desplazamiento de indÃgenas que está causando el grupo Romero en sus plantaciones de palma para biocombustibles en la amazonÃa.

No son novedad los abusos de dicho consorcio.
Es preocupante que esto se expanda por el territorio amazónico.

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