Servindi, 12 de marzo, 2009.- El día de hoy la mayoría oficialista del Congreso aprobó una nueva Ley de Aguas de carácter privatista, centralista y anti-ecológica, según denunció el grupo parlamentario del Partido Nacionalista Peruano (PNP).
La norma, calificada de "muy inferior" a la anterior de 1969, ignoró las propuestas formuladas por las juntas de usuarios de los distritos de riego, los gremios campesinos, las organizaciones indígenas y los grupos ambientalistas. También abre paso a la privatización del recurso hídrico.
El texto aprobado elimina en el artículo 2 la expresión "sin fines de lucro" que establecía una valla firme a los intentos de privatización del agua que el actual gobierno ya emprendió con los Decretos Legislativos 1081 y 1083, actualmente cuestionados por su inconstitucionalidad.
Asimismo, reconcentra la gestión del agua en la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y elimina las Autoridades Autónomas de Cuenca que existían en la anterior legislación.
La concentración de funciones en la ANA "favorece a las empresas, principalmente mineras, interesadas en la explotación comercial del agua, las que ahora podrán obtener licencias desde Lima sin la intervención de las Regiones" advierte el PNP.
Los "Consejos de cuenca" a nivel regional ya no tendrán una partiipación efectiva debido a que no tendrán "ningún poder decisorio sobre el destino del agua" y se reducirán a simples "comisiones multisectoriales de diálogo y coordinación".
La iniciativa legal también desconoce la necesidad de proteger la intangibilidad de las cabeceras de cuenca que constituyen las fuentes sagradas de producción de agua para el país.
"Las zonas de montaña y de nevados podrían eventualmente ser concesionadas por la ANA para actividades productivas, mineras o de otro tipo, poniendo en riesgo los ecosistemas frágiles de donde proviene la mayor parte del agua" advierte el comunicado.
De igual modo, la norma aprobada deja de lado el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas u originarias sobre las licencias que pueda otorgar la ANA sobre las aguas de sus territorios, "contrariando principios que ya se han incorporado en las Declaraciones de las Naciones Unidas".
La bancada nacionalista se opuso resueltamente a la aprobación pero no pudo impedir que una mayoría oficialista apruebe la nueva versión del proyecto que contó además con el apoyo de la bancada fujimorista y los representantes de Unidad Nacional.
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Mayoría del Congreso impone una nueva Ley de Aguas privatista, centralista y anti-ecológica
El Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Peruano hace conocer al país que la mayoría del Congreso, bajo la iniciativa del Partido Aprista y con el apoyo de los representantes de Unidad Nacional y el partido fujimorista, ha aprobado una "Ley de Recursos Hídricos" que no respeta el consenso logrado en el pleno del 1º de marzo pasado, y que impone un carácter privatista, centralista y anti-ecológico al manejo del agua.
La ley tampoco toma en cuenta las propuestas y reclamaciones que han venido haciendo las juntas de Riegos de los Distritos de Sierra y Selva, los gremios agropecuarios CNA, CCP, las comunidades indígenas y los grupos ambientalistas del país.
Se ignora el acceso al agua como derecho humano y se abre las puertas para su explotación comercial, al haberse eliminado del artículo 2 la expresión "sin fines de lucro" que establecía una valla a los intentos de privatización del agua que el actual gobierno ya emprendió con los Decretos Legislativos 1081 y 1083, actualmente cuestionados por su inconstitucionalidad.
La ley elimina las Autoridades Autónomas de Cuenca que existían en la anterior legislación y en nombre de un falso principio de "autoridad única" se reconcentra la gestión del agua en manos de la llamada "Autoridad Nacional del Agua" (ANA), la que a partir de la fecha concentra todas las funciones de otorgamiento de derechos de agua, trasvases y tarifas, en todo el país.
Las Regiones no tienen participación real ya que los "Consejos de cuenca" mencionados en la ley se reducen a comisiones multisectoriales de diálogo y coordinación, sin ningún poder decisorio sobre el destino del agua.
La concentración en la ANA de funciones que antes se ejercían en forma descentralizada por las Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego (ATDR) y las Autoridades Autónomas de Cuenca, favorece a las empresas, principalmente mineras, interesadas en la explotación comercial del agua, las que ahora podrán obtener licencias desde Lima sin la intervención de las Regiones.
La ley desconoce también la necesidad de proteger la intangibilidad de las cabeceras de cuenca que constituyen las fuentes sagradas de producción de agua para el país. De ese modo las zonas de montaña y de nevados podrían eventualmente ser concesionadas por la ANA para actividades productivas, mineras o de otro tipo, poniendo en riesgo los ecosistemas frágiles de donde proviene la mayor parte del agua.
Las comunidades andinas y amazónicas no tienen derecho al consentimiento informado previo sobre las licencias que pueda otorgar la ANA sobre las aguas de sus territorios, contrariando principios que ya se han incorporado en las Declaraciones de Naciones Unidas.
Estas y otras consideraciones importante que atraviesan el texto de la ley - un texto mal redactado y técnicamente inferior al de la Ley de Aguas de 1969- llevaron a los representantes Nacionalistas a oponerse resueltamente a la ley aprobada, en defensa de los usuarios de riego, los gremios agropecuarios, los usuarios urbanos, las comunidades indígenas, y las poblaciones del país que tienen derecho de acceso al agua como bien público y a que este recurso vital no sea depredado.
Bancada Nacionalista, Lima 12 de Marzo del 2009
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