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Manifiesto en defensa del Sistema Interamericano de DD.HH. ante amenazas de los Estados

- Documento será presentado en la III Conferencia de Estados Partes de la Convención Americana sobre DD.HH., que se llevará a cabo el 21 y 22 de enero en Montevideo.

Servindi, 17 de enero, 2014.- Las constantes amenazas del que es objeto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) por parte de mandatarios y funcionarios de alto nivel de algunos Estados de la OEA, motivó la divulgación de un manifiesto de respaldo al cual pueden adherirse organizaciones indígenas y sociales.

Las organizaciones que deseen firmar el manifiesto y/o enviar sus comentarios pueden hacerlo, a la mayor brevedad, al siguiente correo: [email protected]

En el texto se advierte que el SIDH y, en especial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentran en un estado de vulnerabilidad respecto la financiación de los estados miembros.

Por ello, demandan un aumento de la aportación económica especialmente a la CIDH para que se restablezca la capacidad y el poder de denuncia de las agresiones y la protección de los derechos humanos en la región.

El manifiesto fue elaborado por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), de Ecuador, como parte de un acuerdo asumido en una reunión de diversas organizaciones indígenas y de apoyo de la región de América Latina y europeas, celebrada en Neuquén (Argentina), en junio de 2013.

En el mismo solicitan también el cese de las amenazas por parte de los gobiernos de algunos países de la región relacionadas con la denuncia de la Convención Americana, que afectaría de forma desproporcionada la tutela efectiva de los derechos de los pueblos indígenas de la región.

Piden, además, el cumplimiento total y sin dilaciones de todas las medidas de reparación establecidas en soluciones amistosas, informes de fondo y/o sentencias del Sistema, relativas a violaciones de los derechos de los pueblos indígenas del continente.

Manifiesto

A los Estados y ciudadanos de nuestra América Intercultural y Plurinacional

Los pueblos Indígenas de América que suscribimos el presente manifiesto,

Considerando:

Que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante “SIDH” o “sistema”) y sus órganos, han constituido un espacio fundamental para el desarrollo normativo y jurisprudencial de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas que habitamos los países miembros de la Organización de Estados Americanos (en adelante “OEA”).

Que el Sistema es indispensable para la consolidación y el fortalecimiento de Estados interculturales y plurinacionales en nuestra América, pues constituye un espacio independiente y neutral para el debate en torno al cumplimiento de mandatos constitucionales y obligaciones internacionales.

Que el SIDH ha demostrado un gran compromiso con la lucha histórica de nuestros pueblos, dando voz a los que en un momento dado no tuvimos voz, a través de la interpretación evolutiva de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante “Convención” o “CADH”), adecuándola a la pluralidad humana, jurídica y cultural de nuestras naciones.

Que el mecanismo de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “CIDH” o “Comisión Interamericana”) es una herramienta fundamental para salvar la vida y proteger la integridad de nuestros pueblos indígenas de la región.

Que nuestro Sistema Regional de Derechos Humanos viene siendo objeto de continuos ataques por parte de algunos Estados de nuestra región, hecho que ha afectado su dinámica de trabajo diaria en busca de la protección y tutela de los derechos humanos en el continente.

Que existen frecuentes amenazas realizadas por mandatarios y funcionarios de alto nivel de algunos Estados de la OEA, a través de pronunciamientos públicos con amplia difusión, sobre la eventual denuncia de la Convención Americana, acto que ya ha sido ejecutado por la República Bolivariana de Venezuela.

Que el SIDH y, en especial, la CIDH se encuentran en un estado de vulnerabilidad respecto la financiación de los estados miembros.

Acordamos:

Iniciar un proceso de defensa permanente al Sistema Interamericano, rechazando categóricamente todo ataque en su contra proveniente de los Estados de la OEA o de cualquier otro organismo, nacional o internacional, ya sea gubernamental o no gubernamental. Además,

Demandamos:

Un Sistema Interamericano fortalecido, trabajo exclusivo de la Asamblea Permanente de la OEA, a través del aumento de los recursos económicos y humanos de los órganos del SIDH, y el apoyo continuo a sus actuaciones.

El cierre definitivo del proceso de reforma abierto desde 2010, que pretende debilitar la estructura del sistema y sus competencias.

Información oportuna, transparente, veraz, verificable y contextualizada, por parte de la OEA y sus países miembros, sobre toda acción tendiente a reformar la estructura y funcionamiento del SIDH y los órganos que lo componen.

Procesos de participación continuos, impulsados no solamente en el seno de la OEA, sino también en cada uno de nuestros países, con el objetivo de elaborar una propuesta que realmente logre hacer más eficiente el trabajo del Sistema y sus órganos.

La ratificación de la Convención Americana y el reconocimiento de la Competencia contenciosa de la Corte, por parte de aquellos estados de la OEA que no lo han hecho hasta la fecha o que, por algún motivo, han denunciado el tratado.

El cese de las amenazas por parte de los gobiernos de algunos países de la región relacionadas con la denuncia de la Convención Americana, que afectaría de forma desproporcionada la tutela efectiva de los derechos de los pueblos indígenas de la región.

El cumplimiento total y sin dilaciones de todas las medidas de reparación establecidas en soluciones amistosas, informes de fondo y/o sentencias del Sistema, relativas a violaciones de los derechos de los pueblos indígenas del continente.

Un aumento de la aportación económica al SIDH, y en especial a la CIDH, por parte de los estados miembros de la OEA para que se restablezca la capacidad y el poder de denuncia de las agresiones y la protección de los derechos humanos en la región.

La exigencia de obligatoriedad de asistir a las audiencias y sesiones organizadas por la CIDH por parte de los actores demandados, especialmente cuando la demanda es en contra del Estado.

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