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Comunidad de Supayacu interpone demanda para detener exploración de empresa Águila Dorada

Imagen referencial

- Exploración se realiza en la cabecera de cuenca del río Chirinos. Comunidad señala que nunca se consultó a la población sobre actividades.

Servindi, 8 de noviembre, 2013.- La comunidad nativa awajún de Supayacu, en Cajamarca, y la Organización Fronteriza Awajún de la misma región (ORFAC) interpuso una demanda de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para que se declare la nulidad de la resolución que autoriza a la empresa Exploraciones Águila Dorada S.A.C. realizar actividades que impacten en sus territorios.

Los habitantes de la comunidad ubicada en el distrito de Huarango, provincia de San Ignacio, sostienen que el proyecto “Yaku Entsa", a cargo de la citada empresa de capitales canadienses y asentada en la comunidad awajún vecina de Naranjos, pone en peligro las aguas del río Chirinos.

El temor de los nativos se debe a que "Yaku Entsa" se ubica en la cabecera de la cuenca de este río que divide a Supayacu de Naranjos.

En diálogo con Servindi, Neire Unkuch Jempekit, coordinador de la Oficina de Asuntos Indígenas de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, precisó que las exploraciones en la zona se iniciaron tras la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero, el 6 de setiembre último.

Según explicó Unkuch Jempekit, la comunidad de Supayacu y sus anexos albergan a una población de más de quinientos habitantes, y sus principales recursos los extraen del río Chirinos y de los bosques en la zona.

"Si el río Chirinos se contamina no solo Naranjos será la afectada sino también Supayacu", aseveró.

Actualmente, Naranjos se encuentra dividido por obra de la minera, sostuvo el representante de la la Municipalidad de San Ignacio, para agregar luego que es solo un sector pequeño de esta localidad la que está a favor de la actividad extractiva.

Los habitantes de Supayacu consideran que pese a no figurar en los estudios de la empresa como zona impactada directamente por la actividad minera, ellos debieron de haber sido consultados.

Indican, además, que estos mismos estudios, a los que dio el visto bueno el MEM, contienen información falsa al señalar que sí se consultó a las comunidades.

En ese contexto y dado los compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano, como el Convenio Nº 169 de la OIT, y la legislación nacional vigente, indican, la comunidad de Supayacu debió ser consultada sobre los impactos ambientales que generarían las actividades de exploración.

Neire Unkuch recordó que de las autoridades en Lima tienen conocimiento de la posición de la comunidad de no permitir la minería en sus territorios.

Actualmente, la comunidad cuenta con la asesoría legal de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ).

La comunidad espera que las autoridades judiciales respondan protegiendo sus derechos fundamentales.

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