Amenazan de muerte a dirigentes y comunicadores indígenas de Colombia

- La Minga rechaza intimidación y denuncia "plan de muerte" implementado por gobierno y paramilitares.

Servindi, 21 de octubre, 2013.- El autodenominado "Comando Urbano los Rastrojos" amenazó de muerte a dirigentes y comunicadores indígenas de Colombia y anunció una "limpieza social" y convertirlos en "objetivo militar" sino paralizan la protesta y regresan "a sus sitios de origen".

El comunicado número 17 del supuesto grupo paramilitar, correspondiente a la zona norte del Cauca, lleva por fecha el 15 de octubre y amenaza de manera directa a autoridades y líderes indígenas, consejeros y asesores del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Entre ellos se menciona a Ayda Pilcue, Feliciano Valencia, Gilberto Yajue, Luis Acosta, Enry caballero, Jorge Vicente Otero, Luis Fernando Arias, a los consejeros mayores "y demás directivos de ONIC, ACIN, medios de comunicación del sur, occidente e indígenas y populares".

Los Rastrojos argumentan que el levantamiento indígena se realiza "en contra del desarrollo del país" y que las exigencias de la Minga Indígena iniciada el 14 de octubre "no son más que las exigencias de las FARC al gobierno colombiano".

Rechazan intimidación

Un comunicado de la Minga Social Indígena y Popular rechazó y condenó la amenaza de Los Rastrojos, al que calificó de "una secuela del temido paramilitarismo que operó a sangre y fuego a finales del siglo pasado y comienzos de este".

La intimidación que realiza dicha agrupación al margen de la ley "atenta contra la libre expresión y el derecho a la comunicación y la información, derechos contemplados en nuestro Derecho Mayor como pueblos" reza el comunicado.

El comunicado de Los Rastrojos pretende estimagtizar al movimiento indígena como supuesto instrumento de las FARC, y coincide con otras acusaciones del gobierno vertidas por Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa.

Ambos pretenden "estigmatizar, criminalizar y reprimir por vía militar las expresiones legítimas del movimiento social, indígena y popular" indica el comunicado suscrito por la ONIC, el CRIC y la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia (AMCIC).

La posición de los Rastrojos y la línea dura del gobierno pretenden soslayar que la Minga tiene como una de sus principales demandas que el gobierno cumpla los acuerdos pactados en tres años de negociaciones, de los cuales más del 70 por ciento no se han cumplido.

Desde que se inició la Minga las fuerzas públicas han atacado a numerosos comuneros a quienes han destruido sus campamentos, enseres y alimentos.

En particular las fuerzas del orden han tomado como blanco de sus agresiones físicas y verbales a los comunicadores indígenas que desempeñan su labor informativa cubriendo las incidencias de la Minga.

El comunicado de las organizaciones indígenas detalla varios casos de agresión a comunicadores, informa del bloqueo del sitio web del Tejido de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y presenta antecedentes de agresión en los últimos años.

El comunicado afirma que las intimidaciones y amenazas forman parte del plan de muerte orquestado por los mismos gobiernos y por las empresas trasnacionales contra los pueblos indígenas, que exigen legítimos derechos y luchan pacíficamente por el respeto a la vida, al territorio, a la autonomía y la dignidad como pueblos.

Acceda a los documentos referidos en la información:

A continuación el texto del comunicado de las organizaciones indígenas:

Comunicadores indígenas rechazan amenazas en su contra y exigen garantía al derecho a la libre expresión

En el marco del Proceso de la Minga Social Indígena y Popular y desde escenarios como la Cumbre Continental de Comunicación Indígena, Abya Yala (que acaba de realizar su II Cumbre en Oaxaca, México), rechazamos y condenamos las recientes amenazas en contra de dirigentes y comunicadores indígenas que participan en la actual movilización pacífica en Colombia y, que exigen la garantía de sus derechos y el cumplimiento de los acuerdos pactados en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno y que aún no se han cumplido. Dichas amenazas según panfleto enviado a organizaciones, dirigentes y comunicadores indígenas del CRIC y ONIC, del supuesto grupo armado autodenominado grupo “Comando Urbano los Rastrojos”, una secuela del temido paramilitarismo que operó a sangre y fuego a finales del siglo pasado y comienzos de este.

Ratificamos que condenamos esta amenaza violenta, pero no respondemos con acciones agresivas o de intolerancia, sino reiterando nuestro libre y legítimo derecho a la protesta civil pacífica, nuestra libre determinación, el derecho a la vida y a la libre expresión como comunicadores de los procesos organizativos y comunitarios enmarcados en la Ley de Origen de nuestros pueblos, la Constitución Política y el Derecho Internacional que ratifican y amparan este derecho.

En este sentido y bajo la orientación de las autoridades indígenas y populares de la Minga Social Indígena y Popular, rechazamos este acto de intimidación, el cual agrede nuestra integridad, la autonomía y nuestro derecho legítimo como pueblos. Así mismo atenta contra la libre expresión y el derecho a la comunicación y la información, derechos contemplados en nuestro Derecho Mayor como pueblos, en la normatividad nacional, así como en diferentes mecanismos del Derecho Internacional, como la Declaración Universal sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU.

Este episodio de amenaza en el cual son señalados varios medios y comunicadores indígenas como el coordinador del Programa de Comunicaciones del CRIC, José Vicente Otero, se conoció por medio de un panfleto emitido como comunicado No 17-Zona 17 Norte del Cauca del 15 de octubre del 2013, en cuyo contenido se intimida y amenaza de muerte a consejeros del CRIC, de la ONIC, asesores y a demás líderes y comunicadores que promueven la lucha y la resistencia pacífica y que por medio de los medios propios y apropiados difunden para llegar a nuestras comunidades indígenas y a la sociedad mayoritaria, haciendo uso de la comunicación como herramienta política y mecanismo de defensa para dar a conocer las necesidades reales de nuestros pueblos, sus luchas de reivindicación y nuestra diversidad cultural, valores cosmogónicos y espirituales y simbólicos para bien de la humanidad.

Así mismo, la Minga fue testigo de la agresión del cual fueron víctimas 3 comunicadores indígenas el pasado 17 de octubre quienes en su ejercicio de su labor comunitaria y en defensa de la libertad de expresión, hacían el cubrimiento periodístico en la Minga Social Indígena y Popular en defensa del territorio, la vida y la soberanía, fueron agredidos física y verbalmente por el ESMAD, que además de agredir intentaron quietarles los equipos de comunicación en inmediaciones de la vereda el Llanito sobre la vía panamericana, entre Mondomo y Santander de Quilichao, Cauca.

Por su parte el Tejido de Comunicaciones de la ACIN, hace 3 días denunciaron públicamente que la página web ha sido bloqueada. Según la denuncia en los últimos meses se nos han presentado dificultades con el envío de nuestros boletines, el último que logramos enviar titulado “La palabra de los pueblos no tiene precio”, salió después de dos días de haber sido enviado. Luego, a pesar de que no somos una empresa, en cumplimiento a la Ley Hábeas Data, enviamos dos mensajes preguntando a nuestros contactos si deseaban seguir recibiendo nuestros boletines o no, pero nunca llegaron. Seguidamente, enviamos el boletín informativo llamado “Nos levantamos en Minga para seguir siendo lo que nunca hemos sido”, pero tampoco llegó.

Consideramos estas intimidaciones y amenazas como parte del plan de muerte, que es orquestado por los mismos gobiernos y por diferentes actores de las macroeconomías y empresas trasnacionales contra nuestros pueblos indígenas, que reclaman la garantía de sus legítimos derechos y enmarcan su lucha pacífica en el respeto a la vida, al territorio, a la autonomía y la dignidad como pueblos.

Además de estas amenazas, el panfleto se convierte en una estigmatización que nos hace objetivos militares, como la siguiente aseveración temeraria: “para nadie es un secreto que sus demandas y movilizaciones (se refieren a las de los pueblos indígenas) son exigencias de las FARC al gobierno colombiano, pues no teniendo otra alternativa en la Habana ponen en carne de cañón a los pobres indios, quienes a través de sus milicianos hacen inteligencia y aterrorizan a sus comunidades a salir masivamente en contra del desarrollo del país”. Cabe destacar que además como antecedentes de estas amenazas, referimos varias acusaciones que desde el mismo gobierno nacional en cabeza del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se hacen para estigmatizar, criminalizar y reprimir por vía militar las expresiones legítimas del movimiento social, indígena y popular.

Algunos antecedentes:

  • Mayo del 2005: Montaje del DAS, La Fiscalía y el ejército en la casa del comunicador indígena Vicente Otero en el municipio de Caldono. Fue detenido 5 meses acusado de terrorismo. Posteriormente la Fiscalía precluyó el caso a favor del comunicador y se comprobó que todo era un montaje para judicializarlo.

  • Julio del 2005: Intento de cierre de Radio Nasa, a pocos días de una audiencia solicitada por las autoridades indígenas de Caloto.

  • Febrero del 2006: Panfleto, vía Internet a la ACIN y el CRIC, firmado por lasFARC amenazando a los coordinadores de las emisoras indígenas del Cauca y de los comunicadores del CRIC.

  • Abril 28 del 2006: El ESMAD en un intento de desalojo en la alcaldía de Morales señala de terroristas y milicianos a dos comunidades indígenas de la emisora "Nuestra voz estereo" de esa localidad.

  • Mayo del 2006: En la Cumbre Nacional Itinerante de La Maria Piendamó, el ESMAD, quemó equipos de transmisión de las emisoras indígenas y detuvo a Richard Calpa periodista de Radio Libertad de Totoró, así como a un periodista del periódico virtual El Turbión.

  • Septiembre 19 del 2006: Griseldino Yafue y Rubiel Lis, de la Emisora Indígena USWAL NASAYUWE ESTEREO de Caldono fueron secuestrados por agentes secretos del DAS, posteriormente encarcelados y acusados de terrorismo.

  • Marzo del 2008: Silsa Arias Martínez, coordinadora de Comunicaciones ONIC, es amenazada por grupos paramilitares.

  • Agosto del 2008: Paramilitares que se camuflan con ropaje de "campesinos embejucados" amenazan líderes del norte del Cauca, del CRIC y del Tejido de Comunicaciones de la ACIN.

  • Agosto 15 del 2008: Paramilitares amenazan a Gobernadores indígenas de la zona occidente y Alfredo Campo, director de la Emisora Nuestra Voz Estéreo y una semana después repiten la amenaza contra el consejero CRIC, Algelmiro Valencia.

  • Diciembre del 2008: Amenaza mediante panfleto anónimo a Griseldino Yafuè, Lucio Guetio, Ernesto Botototo, Rubiel Lis y José Vicente Otero del a Emisora USWAL NASAYUWE ESTERO de Caldono, a quienes se les declara objetivo militar sino salen del territorio.

  • Febrero 9 del 2009: llegaron dos hombres en una motocicleta a la casa de Gustavo Adolfo Ulcué, quién maneja todo lo técnico de la página web de la ACIN. Preguntaron por Gustavo y cuando el hermano abrió la puerta, enseguida los hombres lo encañonaron y se entraron a la casa. Buscaron por todas partes, entraron a la habitación de Gustavo y se llevaron su computador portátil. Cuando salían le dijeron al hermano “Agradezca que no estaba Gustavo, porque si lo encontramos le hubiéramos hecho la vuelta completa”

Entre otros hechos de constantes amenazas y agresiones nos permitimos citar el reciente Informe de la organización Reporteros Sin Fronteras -capítulo Colombia-, el cual entre otras, pone en evidencia el anuncio que, el pasado 28 de julio, hacían grupos paramilitares Águilas Negras y Rastrojos, de llevar a cabo una “limpieza social” en el norte del Cauca, amenaza dirigida a comunicadores indígenas. El Informe enfatiza que la situación de amenaza a las emisoras indígenas es permanente y cita casos como el ocurrido el 28 de enero, 2012, cuando el comunicador indígena Luis Hernán Sánchez, del pueblo Totoro miembro de la Red AMCIC, fue amenazado de muerte a través de llamada telefónica.

Entre otros casos que destaca el informe hace referencia al año 2011, a principios de abril, mediante un panfleto los grupos paramilitares, amenazaron de muerte a los responsables de las 10 emisoras indígenas del Cauca y al coordinador del Programa de Comunicaciones del CRIC. Para 2010, el 14 de octubre fue asesinado en su casa frente a su familia, el comunicador indígena Rodolfo Maya del Cabildo de López Adentro zona norte.

El Informe reitera que durante 2009, las amenazas se mantuvieron contra los comunicadores de esta zona del país, tiempo durante el cual algunos comunicadores como Gustavo Ulcué, encargado de la parte técnica de la web del Tejido de Comunicaciones ACIN, tuvieron que salir desplazado por amenazas contra su vida. El mismo año recibió amenazas y estigmatización la emisora Uswal Nasayuwe Estéreo, de Caldono, especialmente su coordinador Silvio Marino Medina y Sinforoso Bomba, quienes fueron calificados de terroristas del frente Sexto de las FARC. Cabe recordar que a finales de 2008, por medio de un panfleto anónimo fueron amenazados y declarados objetivos militares, otros comunicadores de esta emisora, entre ellos los dirigentes Griseldino Yafuè, Lucio Guetio, Ernesto Bototo y Rubiel Lis.

Tanto el informe de Reporteros Sin Fronteras como las organizaciones y comunicadores indígenas han documentado estos y otros casos de amenaza, intimidación y acciones violentas contra líderes y comunicadores indígenas que ponen en riesgo la vida y el ejercicio a comunicar libremente. De otra parte estos hechos se han puesto en conocimiento de la justicia y la opinión nacional, y han sido llevados a escenarios internacionales como las secciones del Mecanismo de Expertos y del Foro Permanente del Naciones Unidas y La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a la VI Cumbre de las Américas, sin que hasta ahora haya habido acciones correctivas y/o de protección por parte del Estado colombiano y su gobierno.

Por ello exigimos a las instituciones del gobierno y de la justicia encargadas de investigar estos hechos y judicializar a sus responsables. Así mismos exigimos a los entes de control y al Ministerio Público instar al gobierno a cumplir sus funciones de proteger la vida de los comunicadores y a garantizar el ejercicio de sus derecho a la libre expresión. Por último sumamos nuestra denuncia al pronunciamiento de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y las organizaciones regionales filiales, en rechazo a las estigmatizaciones, persecuciones, amenazas, constreñimientos, capturas ilegales, agresiones y vulneraciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que han tenido lugar con ocasión de la Minga Social, Indígena y Popular “Por la Vida, El Territorio, La Autonomía y La Soberanía” por parte del gobierno nacional.

Minga Social Indígena y Popular, Por la Defensa de Vida, el Territorio

Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC

Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC

Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia-AMCIC

Octubre 20 del 2013

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