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México: Indígenas suscriben Declaración de San Lázaro

Hermanos y hermanas indígenas de México:

La historia de los pueblos indígenas es una historia de despojos y agravios. Los poderes del Estado han perdido la oportunidad histórica para resarcirnos de todos los daños que nos han hecho. La historia de México la padecemos a pesar de haberla construido con todas nuestras fuerzas.

Observamos con tristeza que la oportunidad de diálogo no ha rendido los frutos esperados. La palabra de los pueblos indígenas no ha sido escuchada, se cerraron los oídos de la sociedad dominante y del estado en todo este tiempo. Ahora reina el silencio de los muertos. Para la clase política mexicana, no estamos en su agenda política. Nuevamente somos los excluidos.

Pero nos llena de preocupación que sean ahora los vientos de la inestabilidad y la incertidumbre política los que soplan fuerte en todo el territorio mexicano y amenazan con dejarnos fuera de las prioridades nacionales.

En esta turbulencia política estamos concientes que no podemos dejar de participar y expresar nuestra palabra. Millones de mexicanos y mexicanas salen a las calles a demandar el respeto al sufragio efectivo, que se abran las urnas y se cuente voto por voto y casilla por casilla. Esa demanda también es nuestra para despejar toda duda y no padezcamos un nuevo sexenio de incertidumbre.

Los pueblos indígenas nos oponemos a otros seis años de invisibilidad y manipulación política. Estamos en el límite de la paciencia por tanta desigualdad, por tanta discriminación, exclusión, marginación y racismo; por la ausencia de una efectiva política del estado mexicano para con los pueblos indígenas, a pesar de ser un potencial económico y cultural.

Lo anterior se traduce en la aplicación de políticas públicas que permiten el despojo de nuestros territorios y la depredación de nuestros recursos naturales, el saqueo de nuestra biodiversidad y el pillaje de nuestros conocimientos y saberes.

Pero además, la violación sistemática de nuestros derechos humanos, manifestándose en la represión y encarcelamiento de autoridades y dirigentes indígenas.

No obstante que los pueblos indígenas somos los primeros mexicanos y mexicanas, los más antiguos, nuestro futuro está prácticamente cancelado porque carecemos de derechos claros y precisos que garanticen nuestro derecho al devenir.

Tenemos presente aún la afrenta que nos propinaron con las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, realizadas por el legislativo en el año 2001, que no responden a nuestras demandas históricas.

Por eso, reafirmamos que no descansaremos hasta lograr una profunda reforma del estado que reconozca a plenitud nuestros derechos fundamentales consagrados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

En este contexto, dirigentes y legisladores indígenas de varios estados del país, nos hemos reunido en la Casa de la nación mexicana, en el Taller de capacitación para líderes indígenas para dar seguimiento a la Resolución GB.289/17/3 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y resolvimos lo siguiente:

Que ratificamos el compromiso con nuestros pueblos y comunidades indígenas de México, en la defensa de la autonomía y libre determinación, de nuestros territorios y recursos naturales, genéticos, la biodiversidad y nuestra cultura, cosmogonía y espiritualidad, como son los casos de la Tribu Yaqui, de Chicontepec, Ver., del estado de México, La Parota, Teotihuacan, entre otros.

Además seguimos exigiendo nuestro derecho a la representación política en el Congreso de la Unión y los Congresos Locales, porque las puertas de representación nacional deben abrirse por disposición expresa de la ley. No podemos aceptar un sistema político monoétnico, monoculturalista y mestizocrático que excluye la diversidad de identidades indígenas La Cámara de Diputados y Senadores, no pueden ser espacios exclusivos de una sola etnia nacional.

Al mismo tiempo demandamos el control, la administración y la operación de medios de comunicación de los pueblos, comunidades u organizaciones indígenas, así como el acceso a medios de comunicación públicos y convencionales.

En esta lucha es imprescindible el reconocimiento de los derechos de las mujeres, jóvenes, niños, niñas y ancianos indígenas, pero también los derechos de los migrantes quienes nos hemos visto en la necesidad de abandonar nuestros lugares de origen de manera voluntaria o forzosa ante de la falta de condiciones para nuestro desarrollo y el derecho a una vida digna.

Pero nuestra agenda no termina allí. Seguimos insistiendo en impulsar una verdadera educación indígena intercultural que respete y aproveche la sabiduría de nuestros pueblos en todos los campos del conocimiento. Una educación que facilite el acceso a la cultura, la ciencia y la tecnología. Una educación que mejore nuestras perspectivas de desarrollo y eleve la calidad de nuestras vidas. Una educación que respete la rica diversidad cultural y fortalezca nuestra identidad, y un paso inicial, es el reconocimiento de las universidades promovidas por nuestros pueblos y comunidades indígenas.

Mientras tanto acordamos realizar las siguientes acciones:

Designar a un Comité Promotor para dar seguimiento a la Resolución GB289/17/3 de la Organización Internacional del Trabajo, y otros acuerdos o convenios internacionales referentes a derechos de pueblos indígenas.

Exigimos a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, reconocer los derechos indígenas establecidos en los Acuerdos de San Andrés, además de otros derechos asentados en la reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, y retomar como prioridad la creación de la Sexta Circunscripción Plurinominal para Pueblos Indígenas, guardado en el tintero de la Cámara de Diputados desde 1992.

Por la importancia que reviste para los pueblos indígenas estas reivindicaciones acordamos:

1.- Promover desde este momento la creación del Parlamento Indígena de México.

2.- Exigir la transparencia del proceso electoral del 2 de julio, pidiendo para ello al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la apertura de las urnas, contando voto por voto, casilla por casilla.

3.- Constituir una Comisión Alterna para los festejos del Bicentenario de la Independencia de México, por que no podemos aceptar ningún festejo, en tanto los pueblos indígenas estemos excluidos. Festejo sí, pero sin exclusión.

4. Llamamos a las Fracciones Parlamentarias de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, para que la Comisión de Asuntos Indígenas, tenga en su presidencia a uno de los diputados indígenas, pero que sobre todo, se encuentre involucrado en el movimiento de sus pueblos o comunidades. Nos referimos a Humberto Alonso Razo, legislador electo por el distrito de Zacapu, Michoacán; Marcos Matías Alonso, electo en el distrito de Chilapa, Guerrero o Wenceslao Herrera Coyac, del distrito de Zacapoaxtla, Puebla.

Es el tiempo de los pueblos indígenas. Que se acabe el silencio.

Con las palabras del libro sagrado de nuestros hermanos y hermanas mayas: Chilan Balam, decimos al mundo:

Pero llegará el día en que alcancen a Dios las lágrimas y de sus ojos baje la justicia y de un golpe sobre el mundo

Palacio Legislativo de San Lázaro, Julio 28 de 2006

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