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México: "Diálogo político debe superar enconos y conflictos en Guerrero"

Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobierno de la SG, recibió con frialdad a Bruno Plácido Valerio y sus compañeros de la UPOEG

Servindi, 29 de agosto, 2013.- "¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿De qué se tiene que pedir perdón? se pregunta Marco Matías Alonso en referencia a la postura del gobierno del Estado de Guerrero que ha puesto condiciones para reiniciar el diálogo con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Ello luego que la policía comunitaria/ciudadana de Guerrero retuviera en El Pericón a cerca de 100 militares los días 5 y 6 de agosto, en una acción que felizmente no desencadenó en un enfrentamiento violento.

Matías Alonso considera que es necesario crear la Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Guerrero (CADPIG) y que los conflictos, por más agudos que sean, sólo podrán ser procesados a través del diálogo político entre las partes.

A continuación el artículo completo de Marcos Matías Alonso, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), sobre el tema:

¡De qué tenemos que pedir perdón!

Por Marcos Matías Alonso*

29 de agosto, 2013.- Posterior a la ruptura entre la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y personeros de la Secretaría de Gobernación (SG), diversos conflictos se agudizaron en múltiples regiones indígenas de Guerrero. Pugnas y desencuentros que se incuban por la limitada respuesta gubernamental, brotan como  hongos sin control previsible.

Los mandos castrenses y las autoridades federales se indignaron por los acontecimientos de El Pericón, municipio de Tecoanapa, área en la que fueron retenidos cerca de 100 militares por la policía ciudadana de la región (5 y 6 de agosto pasado). La UPOEG encabezó dicha acción y afortunadamente no hubo enfrentamiento violento. La prudencia de los soldados y la compostura ciudadana evitó desembocar en una tragedia mayor. Sin embargo, el lamentable episodio de El Pericón originó la ruptura del diálogo entre la SG y la UPOEG.

Previo a diversas reuniones en el área de acontecimientos y en Casa Guerrero, tanto la UPOEG como la secretaría General de Gobierno, manifestaron su interés de superar el conflicto de El Pericón. Para ratificar dichos acuerdos, ambas instancias se trasladaron a la SG (8 de agosto) para retomar la agenda de prioridades demandada por la UPOEG. Fue una reunión ríspida. Luis Enrique Miranda Nava, en su carácter de Subsecretario de Gobierno de la SG, recibió con frialdad a Bruno Plácido Valerio y sus compañeros de la UPOEG. El saludo protocolario fue rígido y el subsecretario condenó los hechos ocurridos en El Pericón.

La censura gubernamental se expresó en el boletín de prensa de la SG que se difundió el mismo día de la infructuosa reunión. En un escueto mensaje reiteraron:

“Asimismo, les comunicaron que estaban siendo atendidos en la Secretaría de Gobernación, con el único fin de hacerles saber que no se tolerarán actos similares y que no habrá mesa de diálogo con ese grupo hasta en tanto no haya condiciones de respeto irrestricto a las instituciones del Estado mexicano y el marco legal que nos regula. Lo anterior, con independencia de las denuncias penales que procedan ante las autoridades competentes con el propósito de que se castigue a los responsables de los hechos con todo el rigor de la ley”.

Del breve mensaje resaltan tres advertencias. La no tolerancia de actos similares explica el endurecimiento de la postura gubernamental hacia otros grupos sociales. Sin respeto al Estado mexicano no habrá diálogo político con la UPOEG. Ello presupone que los pueblos de esta organización  deben  ofrecer  una  disculpa  pública  a  los  militares  retenidos  en  El Pericón. Disculpa, clemencia y perdón por haber osado tocar a un sector intocable. Si la policía ciudadana y los comisarios municipales de la región no acatan la disposición, vendrá el castigo con todo el rigor de la ley. Esta postura explica las acciones que viven día con día la policía comunitaria/ciudadana de Guerrero.

El sábado 10 de agosto, el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la UPOEG celebró su asamblea general en Playa Ventura, Copala. En la parte final acordaron un pronunciamiento dirigido al Presidente de la República y al Gobernador de Guerrero (Sur 15/VIII/13). En dicho documento manifestaron: “Somos una fuerza de paz, somos pueblos enteros los que nos hemos puesto de pie para hacer por nosotros mismos lo que el Estado no ha podido hacer por nosotros. No estamos en contra del gobierno ni en contra de los poderes legalmente constituidos, mucho menos contra las fuerzas armadas. Reconocemos la madurez del Ejército y la Marina para que en Guerrero no haya habido enfrentamientos entre fuerzas que provenimos del mismo origen popular. Mantenemos nuestra disposición de actuar conjunta y lealmente con el Ejército y la Marina en la lucha por la seguridad y la justicia para nuestros pueblos y comunidades”.

Las autoridades federales y mandos castrenses han considerado insuficiente la anterior aclaración y por ello no se restaura el diálogo político entre las partes. Quizá esperan que los pueblos pidan perdón, sumisión y clemencia. A raíz de los acontecimientos de El Pericón, escucho con mayor frecuencia que los pueblos del SSJC de la UPOEG no están dispuestos a pedir perdón.

Su clamor: ¡de qué tenemos que pedir perdón! Me hizo recordar el ultimátum que en enero de 1994 el gobierno federal lanzó contra los indígenas zapatistas para que depusieran las armas y pidieran perdón al Estado mexicano. En voz del subcomandante Marcos, los rebeldes indígenas respondieron:

“¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De levantarnos en armas cuando encontramos todos los caminos cerrados? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos? ¿De no rendirnos? ¿De no vendernos? ¿De no traicionarnos?”.

Y las preguntas sacudieron las conciencias:

“¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿Los que, durante años y años, se sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra que acabamos por dejar de tenerle miedo? ¿Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas? ¿Los muertos, nuestros muertos, tan mortalmente muertos de muerte "natural", es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares?¿Los que negaron el respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a nuestra lengua? ¿Los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra?”.

Las interrogantes de los zapatistas de Chiapas son válidas para los “insurrectos” de Guerrero y otros estados de la República: “¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿El presidente de la república? ¿Los secretarios de estado? ¿Los senadores? ¿Los diputados? ¿Los gobernadores? ¿El ejército federal? ¿Los grandes señores de la banca, la industria y el comercio? ¿Los partidos políticos? ¿Los intelectuales?”.

A las preguntas demoledoras del subcomandante Marcos, pueden agregarse los siguientes cuestionamientos: ¿quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿Los millonarios más opulentos del país? ¿Los magnates que se benefician de las políticas privatizadoras? ¿Los que hacen negocios al amparo del poder? ¿Los que son acusados de peculado y salen libres por falta de pruebas? ¿Los empresarios mineros que destripan la naturaleza? ¿Carlos Slim, por ser el hombre más rico del mundo en un país con más de 50 millones de pobres? ¿Rubén Figueroa por sus crímenes que continúan en la impunidad? ¿Los jueces que abren las rejas a los delincuentes y a los pobres los encarcelan por robarse unas gallinas?

Y el memorial de agravios, ofensas y vejámenes puede prologarse, al igual que las miles de preguntas sin respuestas: ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿De qué se tiene que pedir perdón? ¿Quién defiende el honor y la dignidad de los pueblos? Ahora más que nunca hace falta crear la Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Guerrero (CADPIG). Los conflictos, por más agudos que sean, sólo podrán ser procesados a través del diálogo político con las partes. En ese escenario deben superarse los enconos, para dar oportunidad a la diplomacia del entendimiento y el razonamiento. No hay otra alternativa más que el diálogo político. En ese entorno debe preguntarse y responderse: ¿quién tiene que pedir perdón y quién debe otorgarlo?

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*Marcos Matías Alonso es Investigador Titular del CIESAS. Correo electrónico: [email protected]

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Fuente: Artículo de opinión publicado en El Sur. Periódico de Guerrero. 27 de agosto del 2013.

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