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Perú: Las buenas intenciones no alimentan

Por Fernando Eguren*

Cepes, 9 de mayo, 2013.- Después de muchos años, la atención sobre la seguridad alimentaria parece que de nuevo llama la atención del Poder Ejecutivo y del Congreso, aunque todavía con timidez. Después de todo, el gobierno declaró 2013 como el Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad, lo que ha coincidido con la declaración de las Naciones Unidas, del mismo año, como Año Internacional de la Quinua, producto emblemático de nuestros Andes.

Se rompe la inercia…

Hasta hace algunos meses, si algún alto funcionario de un gobierno extranjero o de la FAO preguntaba quién era el interlocutor oficial del Perú en seguridad alimentaria, se hubiese dado con la sorpresa de que nadie sabría la respuesta, pues simplemente no había. Pero esta inercia se rompió con el Decreto Supremo 102-2012-PCM, aprobado el 12 de octubre de 2012, que creó, de manera permanente, la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, liderada por el Viceministerio de Agricultura (1).

La comisión se ha puesto dos objetivos: evaluar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria (ENSA) 2004-2015, y dar los lineamientos para una nueva ENSA que regiría hasta 2021. Sobre la evaluación de la ENSA, la comisión no tendrá mayores problemas, pues prácticamente no se implementó. Más adelante nos referiremos a los avances de la nueva ENSA.

… pero sin coordinación

Pero en el Congreso, de manera paralela, ya desde 2011 se habían presentado seis iniciativas legislativas sobre el tema, que han sido recientemente sintetizadas en un predictamen de la Comisión Agraria que está siendo consultado a diferentes instituciones de la capital y de las regiones. Esta propuesta incide, sobre todo, en aspectos institucionales, como la creación tanto de un Sistema y un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, como de los consejos técnicos sectoriales y los comités regionales.

Estos dos procesos, del Ejecutivo y del Legislativo, marchan de manera paralela con escasa o ninguna relación entre sí. Esto constituye, obviamente, un problema, pues es absurdo que eventualmente se dé una ley de seguridad alimentaria sin que se base en una estrategia definida previamente.

Debilidades de la propuesta del Ejecutivo

Hace unos pocos días, la comisión tuvo una importante reunión en la que participaron casi todos sus miembros —significativamente, no asistieron representantes del MEF ni del Mintra—, a la que también fue invitado el Cepes (que no forma parte de aquella), en donde un representante del Minag expuso un diagnóstico del tema alimentario en el Perú y los avances en la elaboración de una nueva ENSA.

Aun cuando los avances son interesantes, el diagnóstico presentado tuvo tres grandes deficiencias que, de no ser subsanadas, ciertamente no constituirán una base adecuada para la estrategia que se piensa diseñar. La primera deficiencia es que el diagnóstico no hace referencia alguna al contexto internacional. Es sabido —y más aún desde la crisis de alimentos surgida en el periodo 2007-2008— que la situación de los países está estrechamente vinculada a los vaivenes de la economía internacional.

Hay un consenso en todos los organismos internacionales —Banco Mundial, FAO, Ifpri, FMI y muchos otros— acerca de que el futuro de la seguridad alimentaria estará afectado por procesos globales como el crecimiento de la población, el deterioro de los recursos naturales, la concentración de la propiedad de la tierra, la competencia por el uso del suelo (alimentos versus biocombustibles, producción para la exportación o para el mercado interno, alimentos para ganado o alimentos para las personas) y los impactos del cambio climático.

El diagnóstico tampoco aborda las obligaciones y limitaciones autoimpuestas por los tratados de libre comercio, que reducen la autonomía del Estado para definir políticas soberanas sobre seguridad alimentaria. No es casualidad que en los avances de la propuesta de la nueva ENSA no se mencione para nada el concepto de «soberanía alimentaria»: el Ministerio de Relaciones Exteriores y, seguramente otros más, son renuentes a escuchar cualquier referencia a ella, y eso a pesar de que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores —del cual el Perú forma parte— decidió, en 2010, «Aprobar el Programa Andino para Garantizar la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional… cuyo objetivo es contribuir a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional de los Países Miembros de la Comunidad Andina, bajo los principios de equidad y derecho a una alimentación adecuada». (2)

Una estrategia cortoplacista y epidérmica

En tercer lugar, el diagnóstico no indaga sobre las causas de algunos graves problemas alimentarios existentes. Para mencionar tan solo algunos: la desnutrición infantil, particularmente en las áreas rurales; la anemia, que afecta sobre todo a niños y mujeres en edad de gestar; la deficiencia de micronutrientes en las dietas; la creciente incidencia de la obesidad, incluso en los sectores pobres; y el peso de la comida «chatarra» en la malnutrición de crecientes sectores de la población. El diagnóstico tampoco se refiere a nuestra excesiva dependencia de la importación de trigo, maíz industrial y oleaginosas.

En cuanto al horizonte temporal definido por la nueva ENSA: 2013 a 2021, resulta totalmente inadecuado para una estrategia. Un horizonte tan cercano no permite ponderar los desafíos que hay que comenzar a enfrentar desde el presente, en particular si se toman en cuenta los impactos crecientes del cambio climático sobre la producción de alimentos, el problema del agua, el deterioro de los suelos y el crecimiento demográfico. Los organismos internacionales construyen escenarios hacia 2050, y Senamhi hacia 2030. La absurda idea de poner 2021 como fecha mágica por el solo hecho de que en ese año se celebra el bicentenario de la independencia de la metrópoli española, también ha sido adoptada nada menos que por el Ceplan (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico). La comisión debería jugar con dos horizontes temporales: 2030 y 2050.

En síntesis, esperamos: a) que la comisión intersectorial y las instancias del Congreso que están preparando la propuesta de ley de seguridad alimentaria establezcan una relación de diálogo y colaboración; b) que la comisión revise sus puntos de partida, en particular el diagnóstico, y considere el contexto global como primer paso para construir una ENSA adecuada; y c) que amplíe su horizonte temporal. En siguientes números de LRA se revisarán otros aspectos de la propuesta de la comisión.

Notas

(1) Forman la comisión las representaciones de nueve ministerios, más el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y un representante de las siguientes organizaciones no gubernamentales: Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe), Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, Conveagro y la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales del Perú (Anepap).

(2) Artículo 1 de la Decisión 742 de la CAN, del 22 de julio de 2010.

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*Fernando Eguren es Presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)

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Fuente: La Revista Agraria N° 150: http://www.larevistaagraria.org/sites/default/files//revista/LRA150/Las%20buenas%20intenciones%20no%20alimentan.pdf

La Revista Agraria 150, Abril 2013 

La revista Agraria es una publicación del Centro de Estudios Sociales CEPES y se distribuye gratuitamente a nivel nacional con el diario La República el último miércoles de cada mes.

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AGRODATA

  • Crisis de la educación rural

EDITORIAL

  • ¿Es la agricultura una actividad extractiva?

CONTENIDO

  • Las buenas intenciones no alimentan
  • Mesa redonda. La quinua: presente y futuro
  • Los impactos del cambio climático sobre la agricultura
  • Los primeros pasos del Niño Vigoroso
  • ¿El programa Mi Riego beneficiará a los más pobres?

En esta ruta de enlace usted puede acceder a la revista en versión PDF: http://www.larevistaagraria.org/content/la-revista-agraria-150-abril-2013-texto-completo

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