 La extracción forestal mecanizada ha dejado a los territorios de muchas comunidades indígenas y campesinas sumamente degradados. Foto: S. Luna
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Por José Álvarez Alonso
Unas cincuenta, mil más o mil menos, es la cifra que se baraja de las familias que se quedarían sin trabajo en Loreto ante la crisis del sector forestal, aunque algunos hablan de hasta 100,000 y más.
Las industrias están virtualmente paradas por falta de materia prima, y sus voceros echan la culpa de esta situación a la no aprobación de los Planes Operativos Anuales (POA) de las concesiones forestales, la mayoría de los cuales fueron presentados en los últimos días del año 2008.
Los "defensores del statu quo", como los llama el conocido analista en temas forestales y amazónicos Guillermo Andrade, utilizan a estas familias como coartada, o como "escudo social", para tratar de presionar al gobierno y mantener por un tiempo más algunos aspectos ventajosos de ese viejo régimen, como la aprobación de los POA con serias deficiencias técnicas y sin inspección ocular previa, y cierta tolerancia para la comercialización de madera de origen ilegal. Un escudo social, por cierto, del que se acuerdan sólo para explotarlo y para defenderse de situaciones como la actual. La gente a la que utilizan como peones mal pagados o proveedores de materia prima barata resulta que son ahora su mayor preocupación.
La mayor parte de la culpa de la actual crisis, a decir de muchos analistas, incluyendo al Ing. Andrade, la tienen los concesionarios e industriales, por obstinarse -torpemente asesorados- en mantener un modelo de explotación forestal arcaico e insostenible, basado en la informalidad y en la explotación humana, a través de la inhumana práctica de la "habilitación".
La mayoría de los expertos preveía, sin embargo, que el cumplimiento de la ley y la obligatoriedad de la aplicación de planes de manejo era inexorable, no sólo por los compromisos adquiridos con la firma del TLC y las leyes de EE.UU (como la Enmienda a la famosa Lacey's Act), sino por la misma evolución y modernización del Estado peruano, y por la incontenible Globalización: cada año que pasa los mercados compradores van a ser más y más exigentes con el origen legal de la madera. No me cabe duda, sin embargo, que también el difunto INRENA (que en paz descanse), con sus ineficiencias, corruptelas y sobre-regulaciones, tuvo buena parte de la culpa de la actual crisis. Pero no toda ni mucho menos, como algunos intentan hacer creer a la ciudadanía.
No voy a hablar de POAs y concesiones, expertos hay que ya hablan bastante del tema, pero sí de las comunidades rurales, indígenas y campesinas, que tirios y troyanos se disputan, como si de sus empleados se tratase, pero de cuyos problemas en realidad muy pocos se preocupan. Enfocaré el tema desde la realidad de Loreto, pero en Ucayali es muy similar, y en ciertas zonas de otras regiones amazónicas también. Cabe preguntarse: ¿solucionará la aprobación acelerada de los POAs el problema de los campesinos e indígenas que usan la madera para subsistencia? No lo creo, como vamos a ver.
Comunidades rurales vs. concesiones forestales
 El actual modelo forestal no beneficia a las comunidades indígenas y campesinas, que terminan más pobres de lo que estaban luego de la "madereada". Foto: José Álvarez
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Volvamos a las "manoseadas" comunidades. Es cierto lo que se dice de la importancia de la madera en la economía rural: no hay quebrada o río loretano, por menor que sea, o comunidad, que no tenga gente local, especialmente antes y durante la creciente, sacando su maderita. Alrededor del 99% de estos pequeños madereros, los que en buena medida abastecían en estos últimos años a la industria regional con su producción, eran obviamente ilegales, o informales, para calificarlos más certeramente, y se dedicaban-y se seguirán dedicando- a la madera no como negocio, sino para solventar sus necesidades básicas.
Para muchos de esos indígenas y campesinos, la madera es la única fuente posible o viable de obtener un ingreso económico -por insignificante que sea, con las reglas de juego actuales- para adquirir bienes básicos para su economía familiar, como sal, querosene, fósforos, ropa, materiales escolares, medicinas... En zonas apartadas de las ciudades no pueden vender productos agrícolas, porque no llegan a la ciudad frescos, o porque el alto costo del transporte hace totalmente ruinoso el negocio. La carne de monte tampoco puede ser comercializada legalmente en ciudades si no proviene de áreas bajo manejo, por lo que sólo les queda la madera.
Ahora bien, la absoluta mayoría de esos pequeños madereros tradicionales, indígenas y campesinos (que algunos expertos forestales califican como "madereros sin bosque", porque no tienen acceso legal al bosque) están lejos de las concesiones forestales, o en cuencas donde ni siquiera hay concesiones forestales. En años pasados, entre el 97% de la madera procesada en Loreto (según el Grupo Regional de Manejo de Bosques de Loreto - GRMB-L), y el 99.9% (según funcionarios de la Administración Técnica Forestal y de Fauna de Iquitos) no provenía de las concesiones, sino que era de origen ilegal, y provenía en buena medida de los pequeños extractores informales, indígenas y campesinos.
Es claro, entonces, que la aprobación de los POAs de las aproximadamente 200 concesiones en funcionamiento de Loreto no solucionaría el problema de estos miles de pequeños extractores regados a lo largo y ancho de los ríos y quebradas de Loreto, ya que ahora no podrán seguir lavando volúmenes de madera ilegal con las guías de transporte de los concesionarios, como lo hacían en años pasados. A no ser que los industriales y comerciantes sigan pensando en aceptar madera de origen ilegal (talada fuera de concesiones, de las parcelas de corta anual aprobadas para el POA IV del 20090, del 1 Agosto 2008 al 31 Julio 2009), cosa que no aceptarán ni la flamante Dirección General Forestal y de Fauna del Ministerio de Agricultura, ni los gringos que van a supervisar el cumplimiento de los compromisos del TLC en el tema de ordenamiento forestal.
Se sabe que habrá una supervisión mucho más estricta, no sólo del Gobierno peruano, sino de inspectores del Gobierno de EE.UU. para la madera exportada a ese país (sea directamente o productos acabados de madera vía México o China, por si acaso), en virtud de los acuerdos firmados para la implementación del TLC. Cabe recordar que la Enmienda al Lacey's Act convierte a la importación a EE.UU. de madera ilegal o sus subproductos en un delito similar al narcotráfico, con penas de cárcel al importador a las dos horas de hecha la denuncia, y quema de la madera. Según algunos analistas de Loreto, la primera exportación del 2009 de Loreto -2 millones de pies tablares que quedaron aforados del último embarque del 2008-, estará constituida básicamente de madera de origen ilegal.
¿Beneficia realmente el actual modelo forestal a las comunidades rurales?
 La explotación de los peones forestales (incluyendo niños) ha sido denunciada reiteradamente a nivel nacional e internacional, y es uno de los muchos lados oscuros de la industria forestal en la amazonía peruana. Foto: S. Luna
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Queda entonces desvestida la artimaña de tratar de usar esas 50,000 familias como coartada para los POAs en debate. Supongo que los aprobarán finalmente sin previa inspección ocular de campo como se acordó, y luego se harán las inspecciones oculares a posteriori, en las que probablemente se descubran algunos o muchos "inventos" (o "inventorios") y cosas por el estilo... Pero sigue el problema de los miles de miembros de comunidades rurales, indígenas y campesinos, que no están cerca de concesiones y quieren aprovechar, como siempre han hecho, la maderita de sus quebradas. ¿Los van a contratar a todos como peones los titulares de las concesiones? Lo dudo mucho... ¿Hay algún plan alternativo para ellos? Bueno, es posible que haya otras propuestas, pero voy a mencionar aquí el que están impulsando el Grupo Regional de Manejo de Bosques de Loreto (RMB-L), y junto con él, el Gobierno Regional de Loreto - GOREL y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP.
Esta propuesta busca, en esencia, facilitar el acceso legal al bosque de las comunidades rurales y de los pequeños propietarios de predios titulados. Incluye, en resumen, lo siguiente:
1) la aplicación de un sistema de extracción de baja intensidad (menos de 2 m³/ha) y bajo impacto, que permite prescindir de la presentación de los caros y complejos documentos llamados "planes de manejo";
2) la eliminación de las restricciones al uso de la motosierra para aserrío longitudinal de maderas duras' que no flotan; y
3) la capacitación y organización de las comunidades para que manejen sosteniblemente sus bosques con planes de manejo simples y prácticos, de forma que puedan comercializar en términos de equidad su madera, y eventualmente transformarla y comercializarla ellos directamente.
También debe considerarse un fuerte apoyo para que puedan identificar con GPS los árboles por extraer, ya que ésta es la condición ineludible para certificar el origen legal de la madera.
¿Acaso los empresaurios loretanos que se han enriquecido por años con la madera están preocupados para aprobar los POAs de las comunidades? Algunas están esperando meses...
Hoy esos planes de manejo requieren de costosos inventarios y del contrato de consultores forestales, de modo que un plan de manejo para el aprovechamiento forestal de 500 ó 100 ha en territorios titulados de comunidades sale costando entre 30 mil y 50 mil soles. Por eso son el principal cuello de botella para su formalización de los pequeños extractores rurales.
El drama de las comunidades involucradas en la madera
Es urgente buscar un modelo realmente inclusivo que los ayude a manejar sus bosques y promueva un desarrollo realmente sostenible. Foto: S. Luna |
Más bien, donde ha pasado la actividad maderera impulsada por alguna empresa, las comunidades suelen quedar peor de lo que estaban: un estudio realizado en Ucayali por el Ing. Américo Quevedo, ex asesor de la Asociación de Industriales Madereros y Afines de Loreto, demuestra que más del 60% de los territorios titulados de comunidades indígenas que hicieron tratos con madereros para vender su madera tienen su bosque "altamente intervenido" -descremado, o depredado al extremo-, debido a una intensa explotación mecanizada que ha dejado al territorio sin maderas valiosas y sin fauna, debido a la intensa alteración del hábitat.
Además, la fauna silvestre suele resultar depredada en extremo por los mismos madereros, quienes "subsidian" la actividad forestal con la carne de monte, como muestran los estudios de R. Bodmer. ¿Salieron beneficiadas esas comunidades de la venta de sus maderas? Quizás recibieron algún generador de luz o un motor peque peque, como pago irrisorio por los miles de trozas que se llevaron los madereros, pero eso fue todo.
En muchos casos los madereros quedaron en cancelar la deuda "en el siguiente viaje", que como el lector puede sospechar, nunca se produjo, y en otros dejaron endeudada a la comunidad ante la SUNAT -conozco varios casos en Loreto, en el Momón, en el Curaray, en el Nanay, en el Tigre-, porque no pagaron los impuestos por la comercialización de las maderas, a pesar que se comprometieron al momento de obtener el permiso de extracción. También hay varias comunidades que fueron multadas por el INRENA y deben altas sumas, porque los madereros que manejan sus permisos lavaron con ellos madera ilegal, generalmente cedro y caoba.
Hoy la desnutrición, el alcoholismo, la prostitución, la desintegración familiar y otras lacras sociales proliferan más que antes en las comunidades donde pasó la madereada. Como decía de forma cruda un dirigente campesino, "los madereros se llevan toda la madera y sólo dejan en las comunidades deudas, cuernos e hijos abandonados."
En La Voz de la Selva se suele escuchar denuncias sobre abusos realizados por madereros, como el caso del Apu de la comunidad nativa El Sol, río Atacuari: en el año 2005 madereros bien conocidos sacaron una enorme cantidad de cedro, trajeron al APU a Iquitos para que pagarle por la madera, lo tuvieron meciéndole más de dos meses. Le decían: ven mañana, regresa en la tarde, no salió el cheque, ven pasado mañana, te voy a dar un adelanto (una migaja), no está el gerente, ha salido, regresa mas tarde, los mexicanos no han depositado la plata... Nunca le pagaron, el APU se aburrió, y regresó a su comunidad sin llevar nada.
Un ejemplo para ilustrar las secuelas del modelo forestal vigente en la Amazonía peruana: en la Comunidad de Obrero, en el bajo Ucayali, un estudio mostró que en los últimos 50 años fueron extraídos más de 3'000,000 de pies tablares de madera, contando sólo las maderas finas', equivalentes a unos 10 millones $ en el mercado. Ahora esta comunidad está sumida, como todas las de la zona, en la pobreza extrema: el promedio de ingresos por familia no supera los 30 - 50 soles mensuales, y la desnutrición alcanza a más de la mitad de los niños. ¿Adónde fue esa riqueza? ¿Las comunidades rurales progresarán con el sistema actual extractivo-mercantil y con la práctica de la habilitación forestal? Al menos deberían pedirles su opinión a la hora de diseñar planes y leyes que involucren los recursos amazónicos, a través de las organizaciones representativas. Cosa que creo no han hecho ni quienes diseñaron la actual ley forestal, ni quienes los emplean como coartada para seguir manteniendo el statu quo.
Urgente buscar alternativas
Es urgente buscar un modelo forestal realmente beneficioso, no ruinoso, para las miles de comunidades amazónicas (solamente en Loreto son unas 2400), quienes más que beneficiarios son víctimas de un modelo de aprovechamiento forestal; en el mejor de los casos, estos pequeños extractores son considerados vendedores de árboles en pie a 5-20 soles el palo (¡a veces incluyendo mano de obra!), y en el peor, materos o peones pésimamente pagados y sin ningún tipo de beneficio social. "A veces, ni siquiera les pagan, les engañan y les dan migajas, como para aburrirlos y si vienen a Iquitos, regresan sin llevar nada", me escribe un experto forestal.
Y aquí surge el otro problema: menos de 600 comunidades en Loreto (unas 430 indígenas, y 41 campesinas, según datos del MINAG) tienen territorios titulados y por tanto pueden acceder directamente a un permiso forestal. El resto, unas 1800 o más, tendrían que tramitar un "bosque local", figura muy engorrosa administrativamente, y que sólo permite el aprovechamiento de hasta 500 ha, generalmente en bosques residuales con muy poca madera comercial. Esa gente necesita urgentemente alternativas para poder aprovechar legalmente su madera, sin trámites complicados y caros.
A pesar de que la ley forestal contempla Términos de Referencia algo más simplificados para comunidades, los trámites siguen siendo tan engorrosos y caros que en la práctica sólo unas pocas decenas de comunidades han accedido legalmente al bosque en los últimos años. Las que los consiguieron fueron apoyadas por ONG, o por madereros, que en buena medida utilizaron sus permisos para lavar madera, metiendo a buen número de ellas en problemas serios con el INRENA y la SUNAT, y dejándolas endeudados por tributos que no pagaron. No se tiene noticia de una sola comunidad que haya obtenido por sí sola un permiso o autorización, ni probablemente lo obtengan con la nueva ley si no hay mayor flexibilidad.
Actualmente existen buenas perspectivas para un manejo comunal del bosque rentable y sostenible: las maderas duras, para pisos especialmente, tienen excelentes precios en el mercado internacional (sólo en EE.UU. se dice que la demanda anual es de unos 2,000 millones de dólares, y la demanda de China es mucho mayor). Los territorios cercanos a las comunidades, donde las maderas rojas y blancas tradicionalmente explotadas en Loreto son ya muy escasas o inexistentes, todavía contienen abundantes maderas duras con buena demanda, como quillosisa, estoraque, azúcar huayo, palisangre, quinilla, charapilla y otras. A 1.5 soles o más están pagando algunas empresas el pie tablar de madera dura' motoaserrada en cuartones, cuando por el de cumala los campesinos e indígenas reciben habitualmente en su comunidad 20 centavos. A estos 20 centavos no les queda casi nada después de aplicarle la famosa regla Doyle: "menos 2 pulgadas arriba, menos dos pulgadas abajo"; el "baleo"; y las reglas amañadas para medir el diámetro, entre otras artimañas usadas habitualmente por habilitadores y acopiadores de madera.
Si a la par de facilitar su acceso legal al bosque, se mejorase la capacidad de negociación de las comunidades y, eventualmente, hubiese mayor competencia en la compra de productos maderables (como se espera si en un futuro próximo llegan a formalizarse permisos para miles de comunidades amazónicas), podrían vender a precios reales de exportación, que significan entre tres y seis veces ese precio, y mejorarían significativamente sus condiciones socioeconómicas, sin perder su libertad, autonomía y dignidad.
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* José Álvarez Alonso, es Master en Ciencias, Biólogo de profesión, e Investigador del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP)
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