ONU: Trabajarán en nuevo instrumento internacional sobre derechos de los campesinos

Servindi, 25 de octubre, 2012.- El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas elevará para su aprobación a la Asamblea General, un proyecto para la creación de un grupo de trabajo que se encargará de negociar, finalizar y remitir una propuesta de Declaración sobre los Derechos de Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales.

Se trata del proyecto de resolución A/HRC/21/L.23, aprobado el 24 de setiembre durante el último periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

El mismo fue promovido por Bolivia y coauspiciado por Guatemala, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela y Palestina, entre otros; y busca responder a la vulnerabilidad en la que viven poblaciones rurales en el mundo, en particular en lo que respecta a la inseguridad alimentaria.

La decisión del Consejo de Derechos Humanos recoge en su integridad el informe presentado en febrero pasado por el Comité Asesor encargado de elaborar un proyecto de declaración sobre los derechos de los campesinos, durante la 19 sesión del CDH.

La embajadora de Guatemala en Ginebra, Carla Rodríguez Mancia, señaló que la decisión de su país de auspiciar la propuesta responde a “la acción coherente de la política exterior con las prioridades en materia de política pública en el país”.

Adrián Zapata, comisionado para el Desarrollo Rural Integral del mismo país, señaló que el desarrollo rural es un tema de acumulación histórica, por lo que no se pueden esperar resultados inmediatos, lo que se debe garantizar es una política integral, no de gobierno, sino de Estado.

Por su parte, la embajadora de Bolivia, Angélica Llanos, señaló que “el Comité Asesor concluyó en su último estudio que los instrumentos internacionales de derechos humanos siguen siendo insuficientes para proteger plenamente los derechos de los campesinos y campesinas y otras personas que trabajan en las zonas rurales".

Entre los más discriminados y vulnerables del mundo

Dicho informe concluye que agricultores y otras personas que trabajan en áreas rurales forman parte de las poblaciones más discriminadas y vulnerables en muchas partes del mundo.

A diario miles de personas en las áreas rurales son víctimas de expropiación de sus tierras, desalojos y desplazamientos forzados, a causa de un fenómeno global denominado “land grab” o apropiación de la tierra.

Según Vía Campesina, existen 1,2 mil millones de campesinos y campesinas y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Esta población constituye el 80 por ciento de la hambruna a nivel mundial, del cual el 70 por ciento son mujeres, refiere el informe final del Comité Asesor.

“Las mujeres campesinas se ven particularmente afectados por el hambre y la pobreza, en gran parte como resultado de la discriminación en el acceso y control sobre los recursos productivos, como la tierra, el agua y el crédito”, señala el informe.

¿Qué hacer?

Para superar esta situación de exclusión la Comisión Consultiva recomienda al CDH “crear un nuevo procedimiento especial para mejorar la promoción y protección de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales”.

También exige una mayor atención a la reforma agraria en beneficio de los titulares de pequeña escala de la tierra y promover la seguridad de la tenencia y el acceso a la tierra, en particular para las mujeres.

Asimismo, llama a que las políticas gubernamentales estén lo suficientemente bien formuladas para atender las necesidades de las personas más vulnerables que trabajan en las zonas rurales.

Proclama que el derecho a la tierra debe ser reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos.

Nuevo instrumento internacional

Por último, el comité asesor señala la necesidad de que el CDH elabore un nuevo instrumento internacional de derechos humanos sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.

Asimismo, se propone una declaración sobre los derechos de los campesinos que figura en el anexo la cual podría servir como modelo.

Este nuevo instrumento deberá reconocer los derechos consagrados en los instrumentos internacionales existentes, para aumentar la coherencia y la visibilidad.

Asimismo, su elaboración debe contar “con la plena participación de los campesinos, pequeños propietarios, trabajadores sin tierra, pescadores populares, cazadores y recolectores y todos los demás interesados”.

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