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Editan video y libro sobre el relator ONU y la situación de los pueblos indígenas en Argentina

Servindi, 23 de setiembre, 2012.- La visita de James Anaya, relator de las Naciones Unidas para asuntos indígenas, ha motivado la publicación de un informe y la edición de un video, cuyo avance presentamos en esta ocasión. Ambos han sido producidos con el patrocinio del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

La Situación de los Pueblos Indígenas en Argentina

El informe examina la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina, y hace recomendaciones al respecto, sobre la base de la información recibida por el Relator Especial durante su visita al país del 27 de noviembre al 7 de diciembre de 2011.

Reconocer que el Estado de Argentina realizó pasos importantes para reconocer los derechos de los pueblos indígenas en el país, como las reformas de la Constitución de la Nación de 1994 en materia de los pueblos indígenas.

Asimismo, la adopción de la Ley 26160 que inició un proceso para contribuir a regularizar las tierras indígenas, la ratificación del Convenio 169 de la OIT, y el voto en la Asamblea General a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Sin embargo, persiste una brecha significativa entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación real.

Es necesario que el Estado, tanto a nivel federal como provincial, priorice y dedique mayores esfuerzos a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas.

En particular, el Estado debe adoptar políticas públicas claras, así como elaborar medidas legislativas y administrativas adicionales para impulsar un mayor conocimiento y acción estatal en materia indígena entre todos los poderes del Gobierno.

En el informe, el Relator Especial hace un enfoque especial en temas relacionados al reconocimiento y protección de tierras y recursos naturales, incluyendo el programa de relevamiento territorial y las industrias extractivas y agropecuarias; el acceso a la justicia, los desalojos y la protesta social; y la situación social y económica de los pueblos indígenas, incluyendo educación, salud y desarrollo.

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