Servindi, 12 enero, 2009.- El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos condenó esta semana las investigaciones por terrorismo que llevará a cabo la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) contra 35 defensores del medio ambiente en Perú.
El Observatorio cuestionó la decisión del Fiscal Superior que en enero de este año transfirió el caso contra los activistas ambientales a la DIRCOTE para continuar las investigaciones y denunciarlos ante el Poder Judicial, de ser el caso.
El Observatorio, un programa de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), expresó que se trata de "una persecución contra defensores de derechos humanos que ejercen sus derechos ciudadanos frente a una actividad que pone en riesgo los recursos naturales".
La persecución se inició el 24 de marzo de 2008 cuando la Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas denunció por el "delito de terrorismo y otros" a 35 defensores del medioambiente.
Los denunciados han expresado de manera activa el rechazo mayoritario de la población involucrada en las áreas del proyecto minero Río Blanco, que teme por las graves consecuencias ambientales, sociales y económicas que traería para Piura.
Además, la empresa Río Blanco Cooper S.A. fue multada por no cumplir sus compromisos ambientales y dañar al medioambiente, indica el comunicado.
Al respecto, el Observatorio ha conocido que pese a la oposición de los habitantes de estos lugares, el gobierno peruano insiste en apoyar esta explotación minera contraria a los intereses de las poblaciones locales y además, persigue a los defensores del medio ambiente, que asumen la defensa de dichos intereses. Prueba de esto, es el Decreto Supremo 024 publicado por el gobierno peruano el
El Observatorio llamó al Gobierno peruano a condenar estos procesos judiciales y asegurar la seguridad e integridad física y psicológica de todos los defensores de derechos humanos y del medioambiente.
Asimismo, expresó su preocupación por el decreto supremo de 27 de diciembre de 2008 que declara de "necesidad pública" la concesión de 35 denuncios mineros al consorcio chino Zijin, actual propietario del proyecto minero Río Blanco Cooper S.A.
La medida se adoptó a pesar que la Constitución prohibe a los extranjeros tener propiedades o concesiones a menos de 50 kilómetros de la frontera, salvo "necesidad pública".
Tanto la Defensoría del Pueblo como portavoces del Congreso de la República estiman "ilegal" la presencia del consorcio chino en Piura pues la "necesidad pública" no está justificada ni fundamentada.
Finalmente, el Observatorio solicitó a las autoridades peruanas poner fin al hostigamiento e intimidación a los defensores de los derechos humanos y asegurar la aplicación de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998.
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