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Perú: Los derechos de los pueblos indígenas después del 5 de junio de 2009

Por Renato Levaggi Tapia*

8 de junio, 2012.- En tiempos en que quienes protestan son llamados antimineros, antidesarrollo, azuzados o incendiarios, como elegantes maneras de no decir rojo, cholo o indio en televisión o twitter, me parece pertinente enunciar algunas ideas que me invaden al pensar en la protesta ocurrida hace tres años en la Curva del Diablo en Bagua.

No es mi intención dar más vueltas a los hechos y consecuencias de la tragedia ocurrida aquel 5 de junio, de la que, dicho sea de paso, han devenido muy pocas responsabilidades –penales y políticas- y muchos afectados impunemente –policías y civiles-. Mi intención es dar una mirada a las acciones del Gobierno (de García y Humala) después del llamado de atención que representó una protesta nefasta con una característica trascendental: fue una protesta indígena.

En el aspecto jurídico-normativo pueden identificarse tres instrumentos como acciones posteriores al Baguazo: la ley de consulta previa de setiembre de 2011, su reglamento de abril de 2012 y la recientemente publicada directiva que regula la base de datos oficial sobre pueblos indígenas, de mayo de este año.

Sobre la ley de consulta, algunos expertos podrían concluir que existe un “empate técnico” entre sus aspectos positivos y negativos (1). Aunque la Ley de Consulta es histórica y su promulgación resistió todos los embates de García, contiene aspectos sustanciales negativos que deben ser cuestionados.

Sin embargo, creo que es otra la batalla que debe librarse, y que ésta se centra básicamente en su implementación, lo que es, en buena cuenta, la materialización del significado que el Gobierno peruano le dará a este derecho. Ello, ciertamente, no está en la norma y la opinión de las propias organizaciones indígenas respecto a su contenido y a la actuación del Ejecutivo post ley de consulta es, por decir lo menos, preocupante. La información que se maneja en este momento, indica que el Pacto de Unidad, conformado por Aidesep, Conacami, CNA y Onamiap, presentaría una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley.

El cuestionado reglamento de la ley de consulta, fue aprobado en un clima de división entre las organizaciones que no supo ser manejado por el Gobierno. La consecuencia más evidente es que sólo hayan participado de las reuniones finales CONAP y CCP, quedando fuera por decisión propia el Pacto de Unidad debido a que sus organizaciones exigían la modificatoria de la ley de consulta antes de la discusión del un reglamento que la desarrolle, una pretensión que me parece razonable toda vez que ese fue el tenor de la gran mayoría de encuentros macro regionales para la “discusión” del reglamento. Sobre este, existe un Informe técnico elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH (2) y un Informe jurídico del IDL sobre su constitucionalidad (3). El escenario es preocupante, no sólo por los aspectos cuestionables del contenido del reglamento, ni las dudas sobre la legitimidad de su aprobación, si no, sobre todo por las consecuencias de esto último en el camino de la puesta en práctica de las consultas en el país.

El escenario se ha complejizado con la aprobación de la directiva que regula la base de datos oficial sobre pueblos indígenas, el mes pasado, mediante resolución del Ministerio de Cultura (4). En esta, se estarían estableciendo criterios adicionales para la determinación de quién es indígena en el país. De manera específica, se menciona a la lengua y al territorio como criterios objetivos “clave”, mientras que el resto de su contenido evidencia la ausencia de una entrada interdisciplinaria especializada para el análisis de la diferencia cultural.

Creo que para cierto sector de la opinión pública, los pasos que ha dado el Ejecutivo son los correctos: promulgó una ley, la desarrolló con un reglamento y está comenzando a establecer directivas especializadas que delimiten el camino de la implementación de la consulta. Sin embargo, es necesario leer entre líneas. Las normas tienen deficiencias que llegan a desnaturalizar sus propósitos, dejan de lado instrumentos internacionales como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, carecen de legitimidad en las bases indígenas y las miradas distintas a la jurídica, a un tema sumamente complejo, brillan por su ausencia.

En suma, las acciones del Gobierno respecto a la problemática indígena no parecen responder de manera alguna a un intento de ruptura de la dominación cultural o a un amago de inclusión de estos pueblos en la toma de decisiones en el Estado. Por el contrario, relativiza la diferencia y la hace invisible bajo el velo del “desarrollo” y la inclusión social. El debate sobre el conflicto cultural ha salido del espacio público –si estuvo en algún momento- y se limita a excesivamente reducidos espacios académicos privados en los que priman, precisamente, las posiciones que lo niegan.

La interculturalidad se ha vuelto una palabrita famosa con cero contenido en estos días o es que ¿en verdad hay una política de reconocimiento de las diferencias culturales en el más alto nivel? ¿Ha habido algún tipo de negociación –entre organizaciones socioculturales distintas- de este nuevo relacionamiento que exige la diversidad de nuestro país? No y no. Creo que, tres años después de Bagua, pocas cosas han cambiado, las normas siguen legitimando a un modelo incuestionable en todo sentido, bajo pena de expatriación.

Notas:

(1) Para un análisis profundo ver la “Guía de interpretación de la Ley de consulta previa de los pueblos indígenas (Ley N° 29785): Análisis, comentarios y concordancias de cada uno de los artículos” del Instituto de Defensa Legal.

(2) http://es.scribd.com/doc/96188132/Informe-Tecnico-del-Reglamento-de-la-Ley-de-Consulta-Previa

(3) http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_trabajo/doc19042012-143556.pdf

(4) http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc31052012-112058.pdf

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*Renato Levaggi Tapia es abogado del Instituto del Defensa Legal (IDL).

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Fuente: Publicado en el portal de Justicia Viva: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=828

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