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Perú: IDL pide derogar norma que cambia competencias en casos Espinar y Cajamarca

Servindi, 2 de junio, 2o12.- El Instituto de Defensa Legal (IDL) cuestionó la Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ del consejo ejecutivo del Poder Judicial que ordena el cambio de competencia para los casos de las protestas en Cusco y Cajamarca hacia los juzgados de Ica y Lambayeque, respectivamente.

IDL pidió al presidente del Poder Judicial y al consejo ejecutivo que se derogue dicha norma y que sean garantes de la independencia de su institución y de los jueces de las zonas convulsionadas.

Asimismo exigió que el Gobierno Central modifique su política de enfrentar los conflictos sociales y que deje de realizar prácticas que son propias de gobiernos autoritarios y que no corresponden a épocas de democracia.

Señaló que el Fiscal de la Nación debería garantizar la independencia del Ministerio Público y no emitir una norma similar a la dictada por el Poder Judicial.

El pronunciamiento de IDL pide a los jueces no aplicar la resolución administrativa y hacer respetar la Constitución Política y las leyes.

Los casos que han cambiado de competencia incluye a aquellos que se encuentran en trámite.

Cargamontón de poderes para criminalizar la protesta

"La voluntad política del Gobierno Central por criminalizar la protesta ha sido trasmitida al Poder Judicial y al Ministerio Público, en una reunión con el ministro de Justicia y el ministro del Interior llevada a cabo el jueves 31 de mayo pasado (tal como lo reconoce la nota de prensa del Poder Judicial) y mediante un oficio reservado cursado por el ministro del Interior (tal como consta en la citada resolución)".

"Como respuesta a ese pedido, el Poder Judicial emitió una (...) cuestionable resolución administrativa, sumándose a la política gubernamental, resquebrajando el principio de independencia judicial externa y poniendo en riesgo la garantía de un juicio debido para las personas involucradas en los actos de protesta", señala el comunicado de IDL.

"La Resolución Administrativa 096–2012–CE–PJ es inconstitucional e ilegal. Además, porque no resiste al test de razonabilidad, habida cuenta que el Poder Judicial en la ciudad de Cusco y en la región Cajamarca se encuentran funcionando normalmente".

"Eso significa que no hay una privación del derecho de acceso a la justicia, como denuncia la exposición de motivos de la resolución. Además, en la Corte de Cajamarca y Cusco existen jueces honestos que han dado muestras de independencia y capacidad de garantizar un juicio debido. Por el contrario, la obligación de litigar ante las otras cortes coloca barreras de acceso a la justicia para los campesinos y pobladores cusqueños y cajamarquinos, mellando su derecho a la defensa y al juez natural".

En ese sentido, prosigue el pronunciamiento, "los operadores jurídicos están llamados a preferir la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de la Carrera Judicial y los respectivos códigos sustantivos y procesales para no aplicar la Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ y hacer primar el Estado de Derecho y la independencia judicial".

Más aún, en un exceso de la irregularidad, la resolución administrativa ha sido publicada el día de hoy (1 de junio) en el diario oficial El Peruano, por lo que entra en vigencia recién mañana (2 de junio) y no puede utilizarse para justificar el traslado del alcalde de Espinar a Ica. En consecuencia, el ilegal traslado llevado a cabo hoy no puede justificarse ni por la resolución 096-2012-CE-PJ.

Violación de derechos en Espinar

La actuación del Gobierno en el caso de Espinar, Cusco, choca contra quienes reclaman respeto al Estado de Derecho.

La detención ilegal de varios dirigentes incluido el alcalde Óscar Mollohuanca, el uso indebido de armas letales que ya cobró la vida de dos pobladores, la siembra de pruebas, entre otras, son muestras de la errada respuesta del Gobierno a las protestas de la ciudadanía.

Asimismo, para la población de esta provincia, la actuación de la policía nacional es censurable, en especial de la Dinoes. Desde hace años, afirman, muchos de sus miembros actúan bajo las órdenes de la minera Xstrata Tintaya sin que cumplan su rol de garante de derechos.

Durante las protestas, denunciaron los dirigentes, la logística para reprimir las manifestaciones fue ofrecida por la minera y no se descarta que pueda existir un convenio entre ellos.

Según uno de los abogados que sigue el caso, las detenciones se han producido sin orden judicial y sin flagrancia.

Al mismo tiempo, la Vicaría de Sicuani se encontraría en la mira de grupos vinculados al Gobierno con la intención de eliminar a los aliados de la sociedad civil.

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Comentarios

Con esta Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el gobierno de Ollanta Humala, autoritariamente y violentista pretende callar las voces de los pueblos de Cajamarca y Espinar en el Cusco que reclaman con derecho el respeto al Ecosistema del Agua, la Contaminación Ambiental provocado por la empresas mineras de Yanacocha y Xstrata - Tintaya y el Estado de Derecho que por su incapacidad de diálogo de Ollanta y Valdés optan por la suspensión de los derechos constitucionales. Eso el pueblo no lo vamos a permitir y por lo tanto exigimos más respeto y diálogo para solucionar los problemas sociales. "Hablando se entiende señor Presidente y Premier"; por eso Dios nos ha dado boca para hablar. Un abrazo.

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