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Perú: Estado de Emergencia versus Estado de Derecho

Inaceptables detenciones arbitrarias y uso abusivo de la fuerza en Espinar

CooperAcción, 1 de junio, 2012.- Ante la información obtenida sobre las torturas de por lo menos tres jóvenes espinarenses cometidas por parte de las fuerzas del orden, la detención ilegal y el maltrato de 22 civiles en el campamento Tintaya Marquiri, incluyendo a tres mujeres, un menor de edad y dos integrantes de la Vicaría de Sicuani: Jaime César Borda Pari y Romualdo Tito Pinto, CooperAcción manifiesta su más profunda indignación y rechazo a todo uso arbitrario y desmedido de la fuerza pública, pues contribuyen a polarizar y acentuar la alta conflictividad ya existente en Espinar.

Sobre la detención de los defensores de derechos humanos de la Vicaría de Sicuani, cabe señalar que fueron inmovilizados mientras acompañaban un acto de constatación de detenciones en el interior del campamento minero Tintaya Marquiri, acusándolos de haber encontrado municiones en el interior del vehículo de la Prelatura de Sicuani, acusaciones que cuestionamos rotundamente, dada la contribución que dicha institución ha realizado al respeto de la democracia y los derechos humanos en el país.

Asimismo, condenamos que en un Estado de derecho se aprovechen estas condiciones inaceptables de violencia en Espinar, para criminalizar a aquellas organizaciones que buscan velar justamente por el desarrollo y la garantía de una democracia en donde las actividades extractivas en nuestro país se realicen de manera ordenada, respetuosa del medio ambiente y de los derechos humanos, principios que justamente contribuyen a la sostenibilidad de cualquier actividad económica y al desarrollo en nuestro país.

Es por ello que desde CooperAcción, demandamos al Estado peruano el pleno respeto de los derechos humanos, de la dignidad de la persona humana, base de una democracia y de las garantías constitucionales existentes. Y requerimos el respeto al derecho a la vida, a la integridad y a un debido proceso.

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Comentarios

HAN CONVERTIDO LOS CAMPAMENTOS MINEROS EN CAMPOS DE CONCENTRACIÓN, AL IGUAL QUE EN AYAVACA Y HUANCABAMBA NOS SECUESTRARON EL 2005 A 32 PERSONAS Y NOS ACUSARON DE TERRORISTAS TRATANDO DE PRESENTARNOS CON ARMAS

El títere de las transnacionales Ollanta humala y su premier fujimontesinista Oscar Valdez estan convirtiendo el país en un enorme campo de concentración secuestrando a los peruanos que luchan por Paz con dignidad y Justicia social, secuestro que se materializa con el decreto de Estados de emergencia en diferentes puntos del país, militarización de todos los pueblos del Perú donde los pueblos exigen el respeto de sus derechos conm es a un ambiente sano, el fin del saqueo de sus recursos naturales, el respeto y protección de las cabeceras de cuencas de donde proviene el agua que consume la Agricultura, ganadería y la población en general. Detiene a sus dirigentes y líderes como es el caso del Alcalde de Espinar por orden expresa del primer ministro fujimointesinista Oscar Valdez, quien exigió a actuar a los fiscales contra los líderes de las manifestaciones de protesta. Estamos ante un virtual autogolpe de Estado cuyas cabezas visibles son Ollanta Humala Tasso, Oscar Valdez Dancurt, Adrian Villafuerte, Nadine Heredia,miembros prominentes de la Confiep, la Sociedad de Minería y Petroleo,el congresista Otárola,el Ministro Calle y Urquiso, contando con el respaldo del aprofujihumalismo

Se materializa el autogolpe de Estado con Oscar Valdez, Adrian Villafuerte, Ollanta Humala Tasso, Nadine Heredia, miembros prominentes de la CONFIEP, la Sociedad de Minería y Petróleo, Ministro Calle y Urquiso, los estados de emergencia evidencian el golpe de Estado encubierto, que subordina la independencia del Poder Judicial y arremete contra los gobiernos Regionales y gobiernos locales, al extremo de cerrarles el flujo de sus cuentas. Menudean las detenciones arbitrarias, secuestran y militarizan poblaciones enteras al interior del país, eliminando los derechos básicos como la libertad de reunión, el no allanamiento del domicilio sin una orden expresa del Juez, la libertad de expresión, de circulación, etc.

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