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Bolivia: Marcha en defensa del TIPNIS se hace de mayor respaldo tras denuncias al Gobierno

Foto: Fabiola Chambi / Los Tiempos

Servindi, 29 de marzo, 2012.- Pese a que hace solo unos meses el presidente Evo Morales firmó la ley que establece que ninguna carretera pasará por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboró Sécure (TIPNIS), hoy indígenas de esta zona afrontan un nuevo peligro ante las intenciones del gobierno de hacer valer una reciente norma que establece la consulta previa para construir la vía.

La III Comisión Nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) acordó para este 25 de abril el inicio de la IX Marcha Indígena y de trabajadores y movimientos sociales del campo y la ciudad que partirá desde la localidad de Chaparina (departamento del Beni) con destino a la ciudad de La Paz.

Buscarán de esta manera defender los territorios comunitarios y los derechos individuales y colectivos de los indígenas de las intenciones del gobierno de Evo Morales de promover la construcción de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Mojos (unirá los departamentos de Cochabamba y Beni) que pasaría en medio del parque.

Según el censo nacional del 2001, el TIPNIS alberga más de 12 mil habitantes. Los indígenas de la zona consideran que los 177 kilómetros del tramo 2 del proyecto provocará deforestación y facilitará la invasión de colonos productores de hoja de coca a esa región donde habitan más de 60 comunidades de origen yucararé, chiman y moxeño.

Entre las organizaciones que han confirmado su participación en la próxima marcha se encuentran el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), que junto a la Cidob conforman las organizaciones matrices que representan a todos los pueblos indígenas de Bolivia.

También estará la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib) y la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB).

Gobierno intenta romper unidad indígena

En el encuentro celebrado en la ciudad de Santa Cruz los dirigentes denunciaron que funcionarios del Estado y efectivos del Ejército invadieron el territorio indígena. El secretario de Juventudes de la Cidob, Tomás Candia, afirmó ver embarcaciones de la Armada de su país a su retorno a la comunidad de Trinidad. Las embarcaciones estaban “llenitas de militares y con ametralladoras”, señaló.

Denunciaron también actividades promovidas por organizaciones como el Movimiento Al Socialismo (MAS), que encabeza nuevamente Evo Morales, y que patrocinó la reunión entre ocho corregidores en Totora (norte alto del Sécure), con el fin de desconocer las resoluciones del XXX Encuentro de Corregidores en Gundonovia que ratifica el rechazo indígena a la construcción de la carretera.

Youci Fabricano, de la comunidad mojeña Puerto San Lorenzo, sostuvo que las actividades paralelas para impulsar la construcción de la carretera se hacen con el fin de cambiar a las autoridades legítimas.

Advirtió así que el evento realizado en Totora se hizo con un despliegue logístico nunca antes visto, menos en los encuentros en los que participó donde se llegaron a reunir más de 40 corregidores.

Según el indígena mojeño, el Gobierno ha prometido más tierras del TIPNIS a los colonizadores del Polígono 7 afiliados al Consejo Indígena del Sur (Conisur), a su vez, afiliado al MAS, cuya actividad principal es la siembra de coca.

Mediante una resolución firmada por distintos dirigentes indígenas, la Cidob pidió que se investigue y sancione a los autores de los actos de violación de derechos humanos cometidos en contra de los marchistas que defendían el TIPNIS el 25 de setiembre de 2011 en la localidad de Chaparina.

Esta localidad emblemática ha sido elegida ahora por los manifestantes para el inicio de la nueva marcha.

Conisur y el dilema de la consulta

En febrero del presente año Evo Morales promulgó la Ley 222 de Consulta Previa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), luego de que el Consejo Indígena del Sur (Conisur) hiciera su “contramarcha” para pedir la construcción de la carretera del TIPNIS bajo el argumento de que la misma contribuiría a mejorar el acceso de los pueblos a la educación y la salud.

La nueva norma estableció un plazo de 120 días, que vence en junio, para el cumplimiento de la consulta. Una parte de la polémica se centra en que el Conisur, o gran parte de éste, no debe ser objeto de consulta.

Iván Bascopé, director regional del Centro de Estudios Jurídicos (Cejis La Paz) señaló que las 17 comunidades indígenas (de las que habla el gobierno en esta zona) no son tal ya que según los mapas y la información de los corregidores del TIPNIS, en la zona del Polígono 7 solo existe alrededor de nueve comunidades y que Santísima Trinidad es la única que mantiene una estructura organizativa con visión indígena perteneciente a la regional de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB).

Según Alejandro Almaraz, ex viceministro de Tierras del gobierno de Evo Morales, el Conisur renunció a ser parte de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) para adherirse al saneamiento individual adoptado por las organizaciones sindicales de colonizadores y la mayoría se dedica básicamente “al cultivo excedentario de coca y secundariamente al de yuca, arroz y plátano, y están al margen de la gestión del parque”.

Sin embargo, el gobierno ha desconocido estos argumentos y continúa con el proceso que permitiría operar a la empresa constructora brasileña OAS en el tramo 2 del proyecto. El tramo 1 y 3, si bien ya están avanzados, por el momento se desarrollan lentamente por las lluvias.

Sobre la posibilidad de dialogar, planteada por el Gobierno, el presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, reiteró que primero el Ejecutivo debe derogar la Ley 222 de Consulta en el Tipnis.

A diferencia de la movilización anterior, la IX Marcha será protagonizada no solo por las organizaciones indígenas sino también por los sindicatos de la Central Obrera de Bolivia (COB), movimientos sociales urbanos, ecologistas y decenas de redes internacionales.

Para acceder al pronunciamiento del último encuentro de la Cidob dar clic aquí.

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