Servindi, 27 de marzo, 2012.- La noticia la dio el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Roverssi, en una reunión con el relator especial de Naciones Unidad sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, quien llegó hasta Costa Rica para coordinar el proceso de consulta que involucra a las poblaciones indígenas del sur del país.
El principal temor ante la construcción de la hidroeléctrica es que pueda afectar 690 hectáreas del territorio ancestral del pueblo indígena de Terrabá que, de concretarse, será la planta de generación hidroeléctrica más grande de Centroamérica.
La consulta se hará después de que hace algunos meses Anaya formulara varias recomendaciones sobre la necesidad de consultar a los pueblos indígenas para el proyecto hidroeléctrico Diquís.
A diferencia de otros países de la región, Costa Rica es uno de los primeros países que consiguió regular el problema de la territorialidad de sus pueblos indígenas al contemplar criterios de inalienabilidad e imprescriptibilidad establecidos en la ley indígena de 1977, mucho antes de que se conociera el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que ratificó en 1993.
En un comunicado, la Casa Presidencial aseveró que “el Estado costarricense ha confirmado su compromisos con el proceso de consulta a los pueblos indígenas. Dicho proceso, deberá considerar los tiempos prudentes y necesarios a efectos de avanzar de manera sólida y sistemática en los objetivos comunes entre todos los actores involucrados”.
El proyecto está a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La consulta se aprobó luego de varios enfrentamientos cuando empezaron las primeras obras que obviaron el parecer de los pueblos indígenas.
El relator de la ONU James Anaya sigue el caso desde hace más de un año y espera la conformación de un equipo de facilitadores que ayuden en el proceso de consulta a los actores del gobierno y a las poblaciones indígenas.
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