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Bolivia: ¿Qué quieren los indígenas del TIPNIS?

Por Guido Pizarroso Durán

La Jornada, 27 de marzo, 2012.- Para una consulta efectiva a los habitantes del TIPINIS sobre el futuro de su territorio, es necesario crear condiciones que restituyan la credibilidad en el Gobierno y confianza en los indígenas y la sociedad en general. Para ello, es necesario llevar a la justicia a los que atentaron contra los derechos humanos durante la Octava marcha indígena, y crear opciones de diálogo. Estas son bases mínimas para que se pueda efectuar una consulta que, en el actual ambiente de confrontación y hostilidad, solamente pueden precipitar desenlaces indeseables.

Una de las voces de alerta fue efectuada por el alto Comisionado de las Naciones Unidas en Bolivia, Dennis Racicot, quien planteó la necesidad de crear un clima de diálogo constructivo antes del proceso de consulta "previa" a los pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), sobre la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

Racicot dijo que es necesario iniciar un diálogo para que en el proceso de consulta participen todas las partes involucradas, es decir, las comunidades indígenas que habitan el territorio en conflicto. Como ya es conocido, el gobierno ha involucrado en la consulta a gente ajena al TIPNIS, colonos, cocaleros y algunos indígenas del Polígono 7, que se encuentran fuera del perímetro del Territorio Indígena, que juntos superan en población a los habitantes del Parque, que es una reserva natural protegida por la Constitución Política, leyes y acuerdos internacionales.

Una sincera reconducción de la política del gobierno sobre el TIPNIS, debe partir con pasos iniciales objetivos, y no simples anuncios como la posibilidad de "un nuevo trazo" de la carretera cuestionada nacional e internacionalmente, como se anunció últimamente mientras se realiza una campaña descarada, entregando motores fuera de borda, alimentos, regalos y promesas a los habitantes de la zona para inducir la aceptación de la construcción de la vía que ya se la ha denominado como la carretera de la discordia.

Mientras el gobierno se empeña en su agresión a los indígenas, los representantes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) han definido llevar adelante la novena marcha en defensa del Tipnis, a iniciarse el 20 de abril, a la que invitaron a todo el país a sumarse a la defensa del Parque Nacional Isiboro Sécure.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo que está abierta la posibilidad de diálogo de parte del Gobierno, pero el presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, indicó que de haber una verdadera voluntad de diálogo, tendría que manifestarse con la anulación de la ley 222. Esta situación radical, sumada a las acciones del gobierno para mover un congreso paralelo de supuestos indígenas, en una manifiesta intención para mostrar división, ofrecen un panorama desalentador y pocas esperanzas de una solución. Simultáneamente, los indígenas tienen una posición muy clara y, entre otras demandas, quieren respeto a sus derechos, protección de su territorio, y que otra muestra de acercamiento se daría con la conclusión de las "investigaciones", desenmascarando a los verdaderos responsables que dieron la orden de atacar a los indígenas durante la octava marcha, porque los autores directos están plenamente identificados y solamente corresponde que se les inicie las acciones legales, que hasta el momento no avanzan, por la protección oficial a los perpetradores.

Otra señal sería que el gobierno desista de su empeño de enjuiciar a los dirigentes de las naciones originarias por un supuesto secuestro del canciller o inclusive por haber, supuestamente, atentado contra su vida, hechos que han mostrado ante el mundo, la verdadera intención de los que buscan destruir el TIPNIS.

Finalmente, el gobierno tiene que ofrecer una señal nítida de que detrás del empeño en construir la carretera atravesando el territorio indígena, no existen otros intereses, para lo cual se impone la rescisión del contrato con la empresa constructora OAS, y la posterior contratación legal, transparente y basada en el resultado de la consulta "previa", de otra empresa bajo términos técnicos, objetivos claramente delineados y, fundamentalmente, de respeto al ecosistema, por una ruta que no afecte la reserva.

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Fuente: La Jornada: http://www.jornadanet.com/Opinion/n.php?a=2898

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