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Perú: Decretos del "perro del hortelano" deben derogarse por lesivos al país

La congresista Juana Huancahuari señaló que la Mesa de Diálogo que evalúa los decretos legislativos 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090, debe recoger la opinión ciudadana expresada en diferentes pronunciamientos y manifestaciones, y acordar sus derogatorias en la sesión programada este miércoles, para su posterior debate en el Pleno.

Los mencionados decretos fueron mencionados como parte del paquete de normas expedidas por el poder ejecutivo para implementar la adecuación del país al Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos y que son conocidos como la política neoliberal del "perro del hortelano" impulsada por el Presidente Alan García.

Huancahuari sostuvo que los pueblos indígenas de la amazonía y de la sierra, la sociedad civil, el Foro Ecológico, la Cumbre Amazónica, diversas organizaciones especializadas en temas ambientales, los gobiernos regionales y los frentes de defensa, cada uno desde su perspectiva, se han manifestado en contra de estos decretos.

La parlamentaria se reafirmó en que, por ejemplo, el decreto 1064 es inconstitucional, porque pretende derogar una norma como la Ley de Tierras, cuando esta última señala que no puede derogarse o modificarse excepto con otra norma expedida por el Congreso.

La gravedad de este decreto se halla también en que promueve el cambio de uso de tierras forestales por agrícolas o eriazas, afecta el derecho del acuerdo previo de las comunidades, así como a su territorio, identidad, consulta previa y consentimiento.

Respecto del decreto 1080 sostuvo que fue creado para allanar el ingreso de las semillas transgénicas a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), entidad que cumplirá el papel de juez y parte ya que además de importar, producir y comercializar semillas tendrá a su cargo la certificación de pureza e identidad de las semillas y la vigilancia de las medidas sanitarias.

El decreto 1081 que crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, trata de imponer una norma de aguas abreviada y opuesta al proyecto de ley sobre la Ley General de Aguas que ha sido consensuada en varias audiencias públicas con los sectores involucrados. Este decreto es incompatible con el Convenio 169 de la OIT ya que no toma en cuenta la protección especial a la que tienen derecho los pueblos indígenas en relación al acceso a los recursos naturales, que se encuentran en sus territorios.

El decreto 1089 pretende titular y elevar un catastro de tierras rurales a través de una entidad ajena al sector rural como Cofopri, en un período de cuatro años. No considera mecanismos de resguardo y respeto de las tierras de comunidades campesinas y nativas que a la fecha no han sido tituladas, o que se encuentran en procesos de titulación y ampliación de sus territorios comunales.

Asimismo, el 1089 recae en inconstitucional pues al pretender modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, contraviene la Constitución que establece que las leyes orgánicas no pueden ser delegadas al Poder Ejecutivo.

Igualmente, el decreto 1090 que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, deriva en inconstitucional por no haber consultado a las comunidades nativas, tal como lo establecen los artículos 6, 15 y 17 del Convenio 169 de la OIT y los artículos 19, 30 y 32 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

El decreto 1090 es nocivo porque promueve el cambio de uso de las tierras, permitiendo la deforestación de los bosques para dar paso a plantaciones de monocultivos.

Finalmente, Huancahuari Páucar se mostró en contra de que desde el gobierno se pretenda modificar este decreto, cuando la ciudadanía exige su derogatoria, al no responder a las necesidades del sector forestal.

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