Servindi, 22 de agosto, 2011.- El dirigente indígena emberá, William Barrigón, señaló en Noticias AM que los enfrentamientos del 18 de agosto en la población de Sambú, se dieron porque los colonos agredieron a los indígenas y anunció que continuarán los desalojos.
Como se sabe, los indígenas de la etnia Emberá- Wounaan se enfrentaron con colonos blancos en la población de Sambú, en la selvática provincia fronteriza de Darién, por un litigio de tierras.
Tres indígenas y un colono fueron trasladados a un hospital, heridos en la disputa con armas de fuego, lanzas y machetes.
Las indígenas exigen el desalojo de 73 familias campesinas, pero los colonos se niegan a dejar las tierras, argumentando una interpretación de una ley vigente de demarcación comarcal, emitida en 1983.
El dirigente William Barrigón señaló que el Gobierno Nacional engañó a las autoridades indígenas, y que el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), no acudió porque no sabía que tenía que vigilar el desalojo.
El dirigente afirmó que permitirán quedarse a los afrodarienitas, que estuvieron antes de la demarcación de la Comarca mediante Ley 22 del 8 de noviembre de 1983, pero que los colonos que llegaron después serán desalojados.
Barrigón afirmó que los inmigrantes de las provincias han invadido tierras indígenas desde que se construyó la carretera y han deforestado miles de hectáreas en la comarca.
Los grupos en disputa instaron a la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, a que contribuya a resolver el conflicto territorial de forma definitiva.
Por su parte, el viceministro de Gobierno, Luis Ernesto Carles, reconoció que hubo un incidente entre las dos partes litigantes en donde resultaron personas heridas, pero que no guarda relación con el desalojo que llevan a cabo.
Refirió que unas 74 familias campesinas que no han podido sustentar su derecho de posesión sobre las tierras serán desalojadas de la comarca Emberá.
Carles dijo que aquellas familias tendrán que salir del territorio, y que le han presentado otras alternativas para vivir. Afirmó que las tierras les pertenecen a los indígenas.
Por su parte, los campesinos aseguran que no saldrán porque ya llevan treinta años viviendo en ese lugar.
Cerca de 65 personas, en su mayoría mujeres y niños, se refugiaron en la Colonia Chiricana, huyendo de la violencia. Fabián Caballero, uno de los afectados con el desalojo, denunció que la cerca de su finca fue destruida, así como sus cultivos y que su ganado se extravió.
Extraoficialmente se informó que un juez del distrito de La Palma, cabecera de la provincia de Darién, ordenó suspender los desalojos.
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