12 de octubre en Colombia

Por Bartolomé Clavero

El pasado 9 de octubre el Presidente de la República de Colombia ha decretado el estado de conmoción interior, el cual, según la Constitución en vigor (artículos 213 y 214), faculta al gobierno a adoptar cuantas medidas estime necesarias y proporcionadas, pudiéndose incluso llegar a suspender temporalmente la vigencia de leyes mediante meros decretos. No cabe esto con los tratados.

Y hay además límites expresos en la propia Constitución, entre los cuales ante todo figura el que representa el derecho internacional de los derechos humanos: "No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario". Consiguientemente, durante el estado de conmoción habrán de operar "los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos, de conformidad con los tratados internacionales".

El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169) es un tratado internacional de carácter multilateral que Colombia tiene ratificado desde el propio año de la Constitución, 1991, en consecuencia con su mismo reconocimiento de derechos indígenas. Viene a cuento recordarlo porque la fecha de proclamación del estado de conmoción ya puede estar indicándonos que tan grave iniciativa del gobierno colombiano algo tiene que ver con los pueblos indígenas. Son las vísperas del 12 de octubre, fecha de una movilización indígena que en Colombia cobra este año especial significación frente a las actuales políticas gubernamentales de continua y creciente vulneración de los derechos indígenas reconocidos por Constitución y por Convenio.

Durante estos últimos años, la legislación transversal sobre recursos viene literalmente minando los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas. La política de libre comercio abunda en el efecto de ningunear los reconocimientos constitucionales e internacionales. La justicia constitucional ha relajado la doctrina garantista de los derechos indígenas que elaboró inmediatamente tras la Constitución. Las acciones militares de la larga y cruenta guerra civil no parece sino que se están aprovechando de parte gubernamental para avanzar en la agresión contra esos derechos. No es causalidad que este doce de octubre no se presentase en Colombia como otra fecha infausta más, sino como el momento de lanzar un ¡Basta ya! a las políticas gubernamentales. La declaración del estado de conmoción ha conmocionado realmente. El riesgo de enfrentamiento lo está alimentando y parece que lo busca el gobierno.

Hay unas reglas todavía en todo caso. Ante todo las constituyen los derechos humanos y los tratados internacionales. Como tal, como tratado internacional, el Convenio 169 no puede suspenderse por el estado de conmoción. Todas las garantías que en él se registran siguen obligando al gobierno colombiano. El mismo faltaría a las obligaciones contraídas de no atenerse a sus previsiones. Pues viene últimamente quebrantándolas de modo sistemático y además simulándolo incluso con cierto éxito ante foros internacionales (http://www.servindi.org/archivo/2008/3934#more-3934), conviene que se vocee esta reciente vuelta de tuerca.

En todo caso, el motivo fundamental que ha de movernos no es el de la defensa de unos determinados instrumentos internacionales frente a los estados que los suscriben y no los respetan. Hay que hacerlos vivos desde luego. Pero los instrumentos sólo son eso, instrumentos. Sirven en el caso para defender la vida y los derechos de personas, comunidades y pueblos. De eso se trata.

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