Ante los sucesos ocurridos el domingo 12 de marzo en la ciudad de Huancabamba (Piura), las instituciones abajo firmantes ponen en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: El domingo 12 de marzo, en circunstancias en que se llevaba a cabo el foro Minería, Agricultura y Desarrollo Sostenible en el local del Terminal Terrestre de Huancabamba, un grupo de personas lideradas por el gerente de Minera Majaz, Raúl Urbina, y el locutor Dúber Mauriola instaló un equipo de sonido en la vía pública y comenzó a lanzar arengas contrarias al evento.
Posteriormente, se produjo una violenta agresión a pedradas contra los expositores, entre quienes se encontraban el economista Juan Aste, el biólogo Fidel Torres y el abogado Quique Rodríguez. La policía reaccionó con total pasividad por varias horas, permitiendo que la violencia continuara. Fueron también afectados la señorita Cisse Toro, integrante de la ONG Cooperacción y Vicente Zapata Alcorta, integrante del Frente de Defensa de Tambogrande quien sufrió una brutal golpiza a manos de la turba, azuzada por Mauriola y de Raúl Urbina, gerente de la empresa Minera Majaz.
Desde el año 2002, Huancabamba se encuentra en estado de conmoción social por la presencia de la empresa británica Monterrico Metals, que bajo el nombre de Majaz pretende explotar un yacimiento minero en la parte más elevada de la provincia. Los campesinos de Huancabamba y Ayabaca en Piura y San Ignacio y Jaén en Cajamarca temen por los impactos que pueden producir las actividades mineras en los frágiles bosques de neblina y páramos, ubicados en las zonas altas y que con ellos se afecten las fuentes de agua. Es más, existe ya una preocupación por los impactos que pueden estar produciendo en estos ecosistemas frágiles las actividades de exploración.
Los hechos de violencia ocurridos el pasado fin de semana se suman a otros ocurridos con anterioridad. Entre ellos, la destrucción de la emisora radial la Poderosa, las salvajes agresiones sufridas por el periodista Federico Ibáñez y la dirigenta campesina Josefa Adrianzén, las descabelladas denuncias por terrorismo contra algunos sacerdotes y agentes pastorales y las campañas de difamación realizadas desde el diario Correo de Piura y el programa televisivo Panorama contra los alcaldes, dirigentes y autoridades eclesiales que han expresado su preocupación sobre lo que viene ocurriendo en la zona, además de la muerte de los campesinos Reemberto Herrera y Melanio García. Todos estos hechos se encuentran en la impunidad. Ningún proyecto minero en el Perú ha pretendido ser llevado a cabo con costos sociales tan altos.
Consideramos que la actividad minera puede ser una importante fuente de recursos para el desarrollo del país, pero a la vez creemos que se debería reconocer que existen lugares donde ésta no es social ni ambientalmente viable, situación que según algunos estudios realizados sería la de Ayabaca, Huancabamba, San Ignacio y Jaén.
Hacemos un llamado a la empresa Majaz para que respete la vida, la integridad física, la libertad de reunión, expresión y opinión de los habitantes de las cuatro provincias afectadas por este proyecto y exigimos que no se repitan hechos de violencia contra quienes promueven la defensa del medio ambiente. Exhortamos a las autoridades de Piura y Cajamarca a brindarles la necesaria protección y recomendamos al Ministerio de Energía y Minas que no se otorgue más concesiones mineras en aquellas zonas donde existe un frágil ecosistema y la posibilidad de generar fuertes conflictos sociales.
Exigimos finalmente que los responsables de los hechos de violencia producidos el 12 de marzo sean sancionados conforme a ley.
Asociación Pro Derechos Humanos - APRODEH
Compañía de Maria - Marianistas
Cooperacción
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CNDDHH
FEDEPAZ
GRUFIDES
Grupo Andes
Red Uniendo Manos contra la Pobreza
Asociación de Yachachiq Solcode
Asociación de Servicios Educativos Rurales - SER
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