Ecuador: Presentan el Mandato Agrario Alternativo a la Asamblea Constituyente y al país

El 10 de julio organizaciones indígenas, campesinas, negras y otros sectores, firmaron y presentaron en rueda de prensa el Mandato Agrario Alternativo, el mismo que será presentado lo antes posible al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, a los asambleístas, al público y organizaciones de base.

El mandato agrario  alternativo surge ante el mandato propuesto por el gobierno al que califican de atentatorio a la soberanía alimentaria.

La soberanía alimentaria, la interculturalidad y la revolución agraria deben estar en todos los espacios y dentro de la sociedad ecuatoriana afirmaron los presentadores.

"Nuestra propuesta no es contradictoria a la propuesta del Presidente. Lo que queremos es aportar a un cambio en el país y se garantice la comida para todos, una alimentación propia y no chatarras, valorando lo nuestro, nuestros productos para así mejorar la economía familiar" dijo Manuela Cobacango.

Miguel Guatemal, vicepresidente de la CONAIE dijo que "ha llegado el momento de discutir, sentar y analizar entre todos la situación del país".

"La Asamblea Constituyente tiene que pensar y repensar sobre la producción en el país. Hay muchas empresas madereras, florícolas, petroleras, palmicultoras, pero el pueblo pobre no comemos flores, ni madera" dijo Guatemal.

"Debemos hacer minga entre la ciudad y el campo y retomar la producción de hace 60-70 años, una producción digna, sana, nutritiva, sin químicos, no como ahora todo contaminado" afirmó Guatemal.

"El mandato agrario alternativo es para todo el pueblo y desde la CONAIE invitamos hacer minga a esta actividad agraria, para mejorar nuestros suelos y producir alimentación sana para nuestros hijos, para el consumo interno y el mercado nacional e incluso internacional" manifestó finalmente Miguel Guatemal.

A la rueda de prensa acudieron representantes de diversos sectores y organizaciones que participaron en la elaboración de esta propuesta.

Manifestaron que juntos, en minga, van a hacer el esfuerzo necesario para estar en ciudad Alfaro y socializar el mandato para que sea acogido por todos los asambleístas.

Finalmente, Manuela Cobacango manifestó que la Mesa y Plan agrario es un espacio importante para construir la unidad, entre organizaciones y sectores sociales.

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Carta a ser entregada al Presidente de la Asamblea Constituyente

Quito, 10 de julio de 2008

Señor

Fernando Cordero

Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente

Ciudad Alfaro, Montecristi

Presente

De nuestra consideración:

Quienes suscribimos esta carta, organizaciones campesinas, pueblos indígenas, y ciudadanos y ciudadanas del campo y la ciudad interesados por el porvenir del agro ecuatoriano, consideramos que la propuesta de Mandato presentada por el poder ejecutivo a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), para implementar un "Programa de Seguridad Alimentaria" es inconveniente porque contraría gravemente los principios de la soberanía alimentaria recientemente aprobados por la ANC.

Es contrario también a una política de apoyo privilegiado a la pequeña y mediana producción campesina y familiar, a la pesca artesanal y a los miles de recolectores que viven en las zonas rurales del Ecuador. En lugar de ello, el Mandato propuesto beneficiaría, de ser aprobado, principalmente a quienes tienen gran responsabilidad en el incremento de los precios de los alimentos, empresas importadoras y comercializadoras de agro tóxicos.

Las acciones de emergencia ante la subida de precios y el aumento de los costos de producción deben contribuir a impulsar una política agraria de largo plazo orientada a reducir la dependencia frente a los insumos provenientes del petróleo y a reducir el monocultivo. Sabemos que el consumo interno está sostenido fundamentalmente por las economías campesinas, que son las que generan la mayor proporción del empleo de los más pobres. Existe una creciente conciencia internacional de que es indispensable un cambio fundamental en los modelos agrarios para enfrentar los precios crecientes de los alimentos, el hambre, las inequidades sociales y los desastres ambientales, tal como se encuentra expresada en las recomendaciones de la IAASTD (1) y en la resolución del Congreso de la FAO del 2007. Tales cambios deberían responder al hecho de que la actual crisis alimentaria tiene orígenes estructurales, por lo que requiere ser enfrentada con medidas que trascienden lo inmediato.

Las medidas clave del mandato, la exoneración del impuesto a la renta y los subsidios a los agroquímicos, son altamente inconvenientes puesto que proveen ventajas adicionales a las grandes empresas agrícolas (que son las que pagan impuesto a la renta) y al reducido grupo monopólico de los importadores de agroquímicos. Por otro lado, las ventajas tributarias, si funcionan, cosa todavía por probarse, reducirían los costos de los más grandes a expensas de los más pequeños, que son quienes abastecen fundamentalmente el mercado interno, acelerando su antigua crisis y llevando a la quiebra a los campesinos. El resultado será la reducción de la oferta de alimentos.

Casi 300 millones de dólares del costo fiscal de la propuesta del ejecutivo se destinarían a un sistema de subsidios directos a la compra de agroquímicos. En primer lugar, es altamente probable que esa medida no reduzca los precios al consumidor final porque el análisis del ejecutivo sobre costos de producción omite el hecho de que una parte fundamental del precio de venta al público de los alimentos deriva de las cadenas oligopólicas de intermediación y comercialización existentes. Una política de reducción del uso de agroquímicos es más efectiva para reducir costos, que subsidiarlos. En segundo lugar, incluso si la idea funcionara, el costo ambiental y social sería muy grave porque profundizaría un modelo agrario dependiente de esos insumos externos y peligrosos para la salud tanto de los productores como de los consumidores, así como el deterioro de los agro-ecosistemas. Adicionalmente, la profundización del actual modelo aceleraría la quiebra de los productores agro-ecológicos y desincentivaría la producción de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados.

En lugar de buscar que los productores para el mercado interno imiten el modelo de agricultura que tristemente se aplica en la agricultura de exportación, la subida de los precios de los alimentos debe ser aprovechada como una oportunidad histórica para reducir la dependencia de agroquímicos y consolidar un modelo agro-ecológico, en el que el Estado debe tener un rol fundamental junto a la sociedad a través de las organizaciones populares.

Consideramos fundamental que los 415 millones de dólares que el gobierno está dispuesto a invertir, sean dirigidos a medidas efectivas que al tiempo que disminuyan los costos de los alimentos para los consumidores, consideren precios justos y estables a los pequeños productores agropecuarios, pescadores artesanales y recolectores. Esto puede lograrse por medio de subsidios directos a la producción en lugar de hacerlo por la vía de la reducción de los costos de los insumos. Un sistema de subsidios destinado especialmente a los pequeños y medianos productores, y en particular a aquellos que reducen el uso de agroquímicos, puede ser más efectivo para favorecer los mercados urbanos de alimentos para los más pobres de las ciudades. El objetivo de estas medidas estaría encaminado a fortalecer el mercado nacional de alimentos y apuntalar el autoabastecimiento alimentario. Adicionalmente, para disminuir los costos de los alimentos es importante dirigir acciones encaminadas a aumentar la productividad, lo cual requiere la recuperación de la infraestructura de riego, especialmente de los canales que apoyen la pequeña y mediana producción.

En síntesis, la propuesta de mandato alternativo se orienta a la recuperación del papel del Estado en la promoción de la pequeña y mediana producción para la consolidación de la soberanía alimentaria.

La actual propuesta es heredera del conjunto de luchas que las organizaciones indígenas y campesinas hemos venido dando en contra de un modelo de desarrollo excluyente encarnado en las diferentes propuestas de libre comercio y contra las cuales se ha opuesto el Presidente Rafael Correa. Paradójicamente, el mandato propuesto por el ejecutivo contradice esta posición, favoreciendo a los grupos monopólicos a los que dice combatir. Por ello, un mandato alternativo como el que presentamos puede ser el inicio de un rediseño de la política agropecuaria del Estado orientada a consolidar la soberanía alimentaria, que sea el producto de un amplio debate participativo que incluya las propuestas de las organizaciones campesinas y los movimientos sociales del Ecuador.

Atentamente,

  • Miguel Guatemal, CONAIE
  • Manuela Cobacango, FENOCIN
  • Humberto Cholango, ECUARUNARI
  • Ángel Cojitambo, Mesa Agraria
  • Líder Góngora, C-CONDEM, Asamblea Nacional Ambiental
  • Carmen Guarderas, CUSMMO
  • Mayra Garzón, Intermon - OXFAM
  • José Rivadeneira, CEA
  • Cecilia Ponce, PROBIO
  • Javier Carrera, Red Guardianes de Semillas
  • Mónica Navarrete, HEIFER
  • Sandra Chancay, HEIFER
  • José Carvajal, VECO
  • Natalia Landívar, FIAN -Ecuador
  • Francisco Hidalgo, SIPAE
  • Rosa Poaquiza, CONMIE
  • Carmen Granda, CMMO
  • Loyda Olivo, FENOCIN
  • Bolívar Lapo, FENOCIN
  • Jorge E. Terán, CAFOLIS
  • Joaquín Torroshina, ECUARUNARI
  • Gonzalo Guzmán, ECUARUNARI
  • Jorge Hidalgo, Movimiento de Mujeres de El Oro
  • David Suárez, Surgente
  • Cecilia Chérrez, Acción Ecológica
  • Natalia Sierra, Surgente
  • Mónica Trujillo, RAPAL - Ecuador
  • Stalin Herrera, IEE
  • Alberto de la Cruz, FENOCIN
  • Pablo Ospina, IEE

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Propuesta de Mandato Agrario

Quito, 10 de julio de 2008

La Asamblea Nacional Constituyente, en uso de las atribuciones propias de los plenos poderes,

Considerando:

Que la crisis alimentaria es el resultado de políticas internacionales orientadas hacia la reducción de la capacidad de los gobiernos a regular sus políticas nacionales agroalimentarias, socavando de esta manera la Soberanía Alimentaria.

Que la crisis alimentaria debe ser una oportunidad para un cambio profundo en el modelo agrario vigente, que fomenta la dependencia a insumos agrícolas producidos en el exterior e impide el desarrollo de una agricultura biológica, ecológica y sana.

Que es obligación del Estado Ecuatoriano bajo las disposiciones internacionales de Derechos Humanos tomar medidas urgentes que garanticen el derecho a alimentarse de la población ecuatoriana, asegurando y recuperando la capacidad de producir de aquellas personas dedicadas a la producción diversificada, sustentable y agro-ecológica de alimentos que aseguren el acceso sostenido a la población en general de alimentos sanos y culturalmente adecuados. Es obligación del Estado asignar los recursos adecuados para estas la implementación de estas medidas.

Que los pequeños y medianos productores agropecuarios, pescadores arte y recolectores artesanales son quienes abastecen primordialmente el mercado interno de alimentos de la canasta básica y garantizan la diversidad productiva interna.

Que la mejora de los precios internos y de la productividad debe basarse ante todo en la diversificación de las ofertas tecnológicas y en el mejoramiento de la infraestructura productiva, especialmente de riego, de las pequeñas y medianas unidades agropecuarias y de acceso a los ecosistemas marino - costeros, de pescadores artesanales y recolectores artesanales.

Que los precios de los productos agropecuarios tienden a favorecer las exportaciones deprimiendo o excluyendo a los pequeños y medianos productores, de pescadores artesanales y recolectores artesanales destinados al mercado interno.

Que entre las causas de la inflación y la crisis mundial de alimentos se encuentra el crecimiento de la producción de agro-combustibles que utilizan las mejores tierras para obtener combustibles poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentarias.

Que, el aumento dramático del precio del petróleo contribuye a precipitar la crisis económica de decenas de miles de pequeñas y medianas empresas así como a paralizar los canales del comercio, teniendo una repercusión negativa sobre los sistemas de transporte y la mayor parte de los servicios públicos.

Que, el Ecuador fue afectado por fenómenos naturales de gran magnitud, como la erupción del volcán Tungurahua y las inundaciones provocadas por el fuerte invierno, lo que ocasionó la destrucción de extensas áreas de producción agropecuaria y de infraestructura vial.

Que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó artículos sobre soberanía alimentaria donde se reconoce, garantiza y promueve el derecho de las personas, las comunidades y los pueblos a la soberanía alimentaria, para alcanzar la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados, sustentada fundamentalmente en la pequeña y mediana producción campesina, familiar, en la pesca artesanal y la recolección artesanal.

Que en la Declaración de Managua, firmada por los presidentes de América latina ante la crisis alimentaria mundial se acordó: "Aunar esfuerzos para incrementar la producción y productividad sostenible de alimentos, con respeto a nuestras tradiciones productivas y de consumo, cuidando nuestras plantas, semillas...; utilizando los recursos locales, creando mejores condiciones financieras, tecnológicas, de mercado, de abastecimiento de insumos, de organización y de asociación, amplia e incluyente".

Que las políticas de crédito del BNF, CFN, se concentran en apoyar al monocultivo, expandir los agro-combustibles, profundizar la dependencia a la tecnología de insumos químicos, la misma que ha provocado grave contaminación del suelo y fuentes de agua, enfermedades, y una pérdida significativa de semillas tradicionales.

Que el INIAP posee un banco de semillas ancestrales de más de 20.000 accesiones que no ha sido puesto a disposición de los agricultores.

Que nuestro país tiene en sus ecosistemas y en los conocimientos ancestrales de sus comunidades indígenas, campesinas, pescadoras artesanales y recolectores el potencial para hacer de la crisis alimentaria una oportunidad para recuperar la autosuficiencia alimentaria.

Acuerda:

Artículo 1. Se declara en emergencia al sector - agro alimentario y de la pesca artesanal y recolección con el objeto de priorizar las medidas previstas en este Mandato y suspendiendo cualquier otra medida, y acuerdo público que ponga en peligro la soberanía alimentaria del Ecuador, y canalizar los recursos suficientes para garantizar la autosuficiencia alimentaria y el acceso a alimentos sanos y culturalmente apropiados en el mercado interno del país

Artículo 2. El programa previsto en esta emergencia será financiado con recursos del Presupuesto General del Estado, provenientes de los excedentes generados por el alza en los precios del petróleo, para lo cual el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Finanzas realizará las modificaciones presupuestarias pertinentes.

Artículo 3. Se establece un sistema de subsidios directos para el productor agropecuario, para los pescadores y recolectores artesanales de productos fundamentales para la alimentación del pueblo. Para llevar adelante este subsidio se proponen los siguientes mecanismos.

Artículo 4. El Estado, a través del MAGAP, establecerá un subsidio para la producción que provenga de unidades agropecuarias de hasta 30 has en la amazonía, 10 has en la costa, y Región Insular, y de 5 has en la región interandina. Habrá un subsidio adicional para el caso de productores de alimentos que no usen insumos químicos, que produzcan de modo orgánico o agro-ecológico que incluirá a los pescadores artesanales y recolectores. El subsidio funcionará hasta diciembre del año 2009, cuando será evaluado y podrá renovarse su aplicación considerando un sistema de pago de los subsidios a los productores de alimentos básicos, basado en las experiencias de comercialización asociativa existentes y consolidando las ferias libres de productores reduciendo las cadenas de intermediación y ampliando la oferta alimentaria a nivel nacional

Artículo 5. Para el establecimiento del subsidio el MAGAP elaborará una tabla con la lista y los precios básicos de los productos a ser subsidiados entre los que se incluirán productos pesqueros artesanales y de recolección artesanal. Los precios de comercialización y el monto subsidiado serán establecidos tomando como referencia para el cálculo los costos de producción. El Estado podrá subsidiar hasta un porcentaje del valor del producto que se definirá en el reglamento respectivo. Para el caso de productos con cadenas cortas de comercialización y de productos duraderos, el Estado, a través del BNF establecerá los acuerdos pertinentes con organizaciones campesinas, cooperativas y redes de comercio justo para asegurar que el subsidio sea entregado al productor.

Artículo 6. Se establece que las compras públicas de los programas de apoyo a la alimentación, a la salud y a la educación, privilegien ante todo el abastecimiento de productos provenientes de los pequeños y medianos productores agropecuarios, de la pesca artesanal y recolección artesanal. Este mecanismo servirá para canalizar parte del subsidio a los productores. Estos programas establecerán la provisión de alimentos diversificando las raciones ofertadas, según la variedad de productos, culturalmente apropiados, perecibles y no perecibles disponibles desde las agriculturas familiares y economías populares de cada región. Se fijarán asimismo para las compras las listas y tablas de productos a ser comprados y sus respectivos porcentaje de subsidio al productor. Las organizaciones y asociaciones campesinas y de productoras, pescadores y recolectores deberán establecer de inmediato coordinación con el MIES para garantizar el producto, la calidad, periodicidad, y cantidad requeridas.

Artículo 7. (Comercialización y subsidios) Para aplicar este sistema de subsidio al resto de los productores de alimentos básicos y sistemas de comercialización solidaria, este se realizará vía subsidio al transporte (transporte gratuito) de los productos de comercialización facilitando el transporte para la venta directa productor consumidor. Para esto Se autoriza a las fuerzas armadas poner a disposición del MAGAP, en coordinación con organizaciones y asociaciones campesinas y de consumidores, hasta por el plazo de un año, su infraestructura de transporte para la comercialización de hortalizas y otros productos que se venden en ferias regionales y ferias libres.

Las organizaciones campesinas y de pescadores artesanales y recolectores artesanales deberán inscribirse y presentar su lista/ número de campesinos inscritos en total y por semana, periodicidad, lugar de comercialización directa, ruta, en la que se utilizará el servicio de transporte del ejército. En coordinación con los Municipios, Intendencias, y organizaciones que promuevan la comercialización solidaria se definirán y establecerán espacios adicionales de ferias libres permanentes para la venta directa productor consumidor que recibe subsidio vía transporte, mientras dure la emergencia alimentaria.

Artículo 8. En el plazo de 45 días a partir de la vigencia de este mandato EL Banco Nacional de Fomento ampliará su programa de renegociación de las deudas de los agricultores que fueron afectados por las inundaciones provocadas durante el último invierno y las de aquellos productores agropecuarios de unidades productivas contraídas hasta diciembre de 2007 por montos inferiores a los 5000 US$.

Artículo 9. Se establecerá una línea de crédito para producción de alimentos para unidades asociativas y organizaciones de productores y de pescadores artesanales y recolectores artesanales en condiciones más favorables y trámites más flexibles recuperando para ello los sistemas de crédito alternativo y cajas solidarias existentes. El BNF, CFN y el MIES serán los encargados de aplicar esta política.

Artículo 10. Se dispone que el INIAP libere aquellas semillas ancestrales que posee en sus bancos de semillas mediante programas de reproducción con organizaciones sociales y de medianos y pequeños productores. Se determina ejecute un programa emergente de investigación, rescate y reproducción de semillas ancestrales.

Artículo 11. Para aumentar la productividad agropecuaria se dispone la urgente rehabilitación y recuperación de la capacidad instalada de los pequeños sistemas de riego en todo el país.

Artículo 12. Para favorecer la participación ciudadana, el MAGAP y el MIES constituirán una veeduría ciudadana, con participación de las organizaciones campesinas e indígenas y de pescadores artesanales y recolectores artesanales, para el acompañamiento y vigilancia de la aplicación de las disposiciones previstas en este mandato.

Artículo 13. Tanto para la aplicación de este Mandato como para las medidas que le estén relacionadas, se dispone que el MAGAP y otras entidades estatales involucradas realicen una redefinición de las políticas agropecuarias de largo plazo del Estado ecuatoriano convocando para el efecto a la participación y diálogo de todas las organizaciones rurales, campesinas e indígenas, y de pescadores artesanales y recolectores artesanales

Notifíquese el contenido de este Mandato Constituyente al Presidente Constitucional de la República, a los representantes de los poderes constituidos y a los órganos de control. Se dispone su difusión para conocimiento del pueblo ecuatoriano. El presente Mandato Constitucional entrará en vigencia en forma inmediata sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Constituyente y en el Registro Oficial.

Discutido y suscrito en el Centro Cívico "Ciudad Alfaro", cantón Montecristi, provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 10 de julio de 2008

Fernando Cordero,

Presidente de la Asamblea Constituyente

Francisco Vergara,

Secretario de la Asamblea Constituyente

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Nota:

(1) La Evaluación Internacional de Conocimiento, Ciencia y Tecnología Agrícola para el Desarrollo, realizada en el ámbito global por un grupo independiente del sector agrícola que involucró a la sociedad civil, diversas organizaciones, sector privado, diferentes gobiernos, la FAO y el Banco Mundial. Contó con la participación de 400 científicos y ha sido adoptada por 60 países en abril del 2008.

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