Por Jorge Agurto
3 de julio, 2008.- El primero de enero de 2008 el Poder Ejecutivo recibió del Congreso de la República facultades por ciento ochenta días para promulgar leyes para adecuar al país al Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con Estados Unidos. El plazo venció el viernes fecha en que el Ejecutivo promulgó un total de 102 decretos legislativos.
De ellos, 71 decretos se expidieron en la última semana y los últimos 37 aparecieron publicados el sábado 28 de junio en el diario oficial El Peruano. Lo que preocupa grandemente es que el Ejecutivo ha aprovechado la concesión de facultades para "sacarle la vuelta" no solo al Congreso, sino también al país y al marco jurídico nacional e internacional.
No sólo se trata de que muchas de las normas expedidas no se relacionan con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos -que es una omisión importante pero secundaria-, sino que imponen al país iniciativas vedadas por el Congreso de la República, que violan la Constitución Política, el derecho a la consulta y agreden brutalmente la institucionalidad de los pueblos y comunidades indígenas del país.
Las normas del "perro del hortelano"
Hay una fábula famosa que ha cobrado actualidad. Se trata del personaje del perro del hortelano que no come... ni deja comer. Alan García ha empleado esta fábula para referirse a las comunidades campesinas y nativas quienes supuestamente están repletas de recursos que no emplean ni utilizan. Es decir para Alan García las comunidades son los perros que frenan el desarrollo.
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"qué diálogo puede haber cuando el gobierno en la práctica ignora a las comunidades campesinas y nativas -a las que cataloga como instituciones ficticias del pasado- y continúa de manera imparable legislando contra ellas? |
Dentro de dicha lógica el Ejecutivo ha promulgado -dentro del paquete de decretos legislativos- veinte normas relacionadas al sector agricultura y que se relacionan directa e indirectamente con las comunidades y productores agropecuarios. En esta oportunidad queremos destacar tres normas altamente lesivas que justifican plenamente la indignación de las organizaciones campesinas e indígenas.
El Decreto Legislativo 994, Ley de promoción de la inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola. Esta norma ha sido denunciada por su carácter confiscatoria y discriminadora. Vulnera el derecho de propiedad comunal, al establecer como terrenos eriazos del Estado a aquellos terrenos comunales que no estén inscritos en Registros Públicos. Impone la inscripción en los registros públicos como un requisito indispensable y daña la seguridad jurídica de las comunidades
El Decreto Legislativo 1015, Ley que unifica los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y selva con las de la costa, para mejorar su producción y competitividad agraria. Esta norma debilita la comunidad al permitir que una minoría decida sobre la tierra comunal, atenta contra la libre decisión de las comunidades y facilita la disposición de tierras comunales. Pretende vender las tierras de las comunidades al mejor postor, bastando que una minoría de comuneros, bajo la forma de "no menos del 50% de los asistentes a la Asamblea", puedan decidir sobre la propiedad de su comunidad.
El Decreto Legislativo 1064, Ley que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario. Esta norma permite, por ejemplo, que el Estado imponga "servidumbres de libre paso de oleoductos, gaseoductos, mineroductos, instalaciones para la exploración y explotación minera" sobre las tierras de uso agrario.
Esas y otras medidas se han promulgado violando el derecho a la consulta y el principio del consentimiento previo, libre e informado contenidos en el Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organización Internacional de Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Instituciones a las que no se puede calificar de un afán extremista como la Defensoría del Pueblo han calificado, por ejemplo, de inconstitucional el DL 1015, y han interpuesto una Acción de Inconstitucionalidad. De igual modo un número importante de congresistas han pedido al Tribunal Constitucional declarar la invalidez de esa norma.
El problema de fondo
Durante su campaña electoral Alan García prometió impulsar la agricultura, renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y controlar la actividad minera revisando el sistema tributario e imponiendo un impuesto a las sobreganancias.
Pero luego de hacer el baile del Teteo y hacer campaña a ritmo de reggaeton para ganar la simpatía de la juventud -que por su edad no recuerda el caos de su primer gobierno- hace todo lo contrario y aplica de manera obediente lo que conviene a su amo del norte.
A pesar que existen normas que amparan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas u originarias Alan ha decidido debilitar a las comunidades campesinas y nativas -aún a riesgo de desaparecerlas- para favorecer la gran inversión privada.
Los principales favorecidos por la política aprista son los grupos empresariales mineros y extractores de gas y petróleo cuya actividad primario exportadora no deja beneficios a la población rural como sucede en la región Pasco, donde el mineral se extrae en grandes tajos abiertos y se exporta sin generar valor agregado ni mejorar las condiciones de vida de la población.
Las diversas organizaciones campesinas e indígenas de costa, sierra y selva del país se vienen pronunciando contra las medidas del gobierno aprista a través de pronunciamientos, conferencias de prensa, plantones de protesta.
Las movilizaciones en andes y amazonía no se dejan de expresar y el 8 y 9 de julio se realizará un Paro Nacional de protesta donde las comunidades nativas y amazónicas manifestarán nuevamente su rechazo a la política del perro del hortelano.
Un gobierno que no ve ni escucha
El gobierno y los medios masivos de información están haciendo días previos al Paro el trabajo de desvirtuar la naturaleza de las medidas de protesta aduciendo que no tienen ningún fundamento, se apoyan en motivaciones políticas o están financiadas desde el exterior.
No perciben que las organizaciones indígenas, por lo común pacíficas y verdaderamente dialogantes, están realmente indignadas y si hoy se están articulando para expresar su legítima protesta es porque se están dando normas orientadas específicamente a debilitarlas, cuando no desaparecerlas, violando cualquier estado democrático de derecho.
Las peticiones de las organizaciones indígenas son claras, coherentes, legítimas y racionales. Ellas piden se proteja el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria de la población actual y futura. ¿De qué sirve poseer tanta biodiversidad y recursos naturales si no se manejan con un criterio de sostenibilidad?.
Asimismo, existe un gran rechazo y desconfianza por las industrias extractivas cuyos impactos afectan la vida, el agua, la tierra, y el agro, es decir, los elementos que aseguran la a sobrevivencia de las comunidades.
Las comunidades indígenas desconfían asimismo de los transgénicos y los biocombustibles que amenazan con afectar la producción de alimentos y encarecerlos. De igual modo demandan una política de Estado que fomente el desarrollo de la agroecología, la ganadería y los camélidos andinos que son las actividades básicas que permiten alimentar a la población del campo y la ciudad.
Cada vez que se anuncia una medida de protesta el gobierno habla de estar dispuesto al diálogo. ¿Pero qué diálogo puede haber cuando el gobierno en la práctica ignora a las comunidades campesinas y nativas a las que cataloga como instituciones ficticias del pasado y continúa de manera imparable legislando contra ellas?.
Desde hace mucho los gobiernos centralistas han dictado unilateralmente desde Lima las políticas públicas nacionales, sin ver ni oír a las comunidades rurales, a pesar que éstas han venido alimentando y subsidiando el crecimiento de las ciudades sin recibir a cambio incentivos y un apoyo sostenido.
El gobierno debe reconocer que las comunidades son instituciones ancestrales con personería jurídica, que poseen derechos colectivos y propiedad en común, patrimonio privado que debe ser protegido legalmente tan igual como Alan García defiende al gran capital privado.
Las comunidades pueden convertirse en un factor dinámico de desarrollo y progreso si el Estado tuviera la decisión política de alentar medidas de promoción que faciliten el crédito para ellas, promoviera relaciones justas de intercambio con el mercado interno y externo, patrocinara el intercambio de experiencias, las cadenas productivas y el manejo de cuencas, y estimulara la actividad empresarial familiar y comunal.
En fin, las organizaciones de los pueblos y comunidades tienen una enorme agenda de propuestas viables, positivas y constructivas que de ser atendidas beneficiarían grandemente al país. Esto es bueno recordarlo y compartirlo en momentos en que Alan García intenta hacernos creer la idea trasnochada de que la única vía al desarrollo, el gran dogma de nuestro tiempo, es la gran inversión privada individual y que todo lo comunitario o colectivo es asunto del pasado.
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