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México: Organizaciones de DDHH exigen investigar a fiscales en caso Basilia Ucan Nah

Servindi, 15 de marzo, 2011.- El Centro de Derechos humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la asociación Indignación exigieron a la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo que investiguen el papel de los servidores públicos en el caso de la indígena maya Basilia Ucan Nah.

Ucan Nah es una indígena maya monolingüe, sentenciada en el 2008 a 12 años de prisión por los delitos de lenocinio y corrupción de menores, en un juicio que no contó con asistencia legal ni traductor.

El pasado martes 8, la indígena recibió la visita de Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), para quien también el caso está lleno de irregularidades.

El Centro Prodh e Indignación manifestaron que de darse el caso la procuraduría “promueva la destitución y sanciones correspondientes, en contra de todo funcionario de la dependencia que realice acciones contrarias a la legalidad”.

Basilia Ucan fue detenida en marzo de 2008, a pesar de que no fue reconocida por sus presuntas víctimas, a excepción de una que se retractó más tarde argumentando que firmó la acusación por presiones del Ministerio Público.

El Centro Prodh e Indignación acusaron a la subprocuradora de la zona maya, María de Jesús Loeza Cachón, de presionar a más personas para que declaren en contra de la indígena, y así mantenerla en prisión.

De acuerdo a las organizaciones no gubernamentales (ONG), Loeza Chacón, acompañada de dos agentes judiciales, presionó a una mujer originaria de la comunidad de Yoactúnm –de donde es Ucan Nah- para que declarara que “desde que Basilia estaba en su pueblo, se emborrachaba y buscaba muchachitas para ofrecerlas”.

“La falsa imputación sostenida y convalidada por las instancias de procuración y administración de justicia es una muestra fehaciente de la reproducción y agudización la discriminación y exclusión contra mujeres indígenas pobres”, señalaron las organizaciones defensoras de Ucan Nah.

A esto se suma que Ambrosio Granados Mohedano, administrador de los cuartos –actualmente fallecido-, quien fue acusado como cómplice de Basilia Ucan Nah, no la reconoció como socia, y en su declaración afirmó que eran funcionarios públicos quienes abusaban de las jóvenes.

Otra acción de presión sería la ocurrida recientemente en la que el personal de la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo coaccionó a una joven para que declarase públicamente en contra de la indígena.

Estos hechos, según el Centro Prodh e Indignación revelan la intención de “desacreditar a Basilia ante la evidencia de las irregularidades en procedimiento penal seguidas en su contra” y “ponen en entredicho la imparcialidad e independencia de la Subprocuraduría regional”.

Además, las irregularidades “exhiben que en su actuar se utilizan criterios ajenos a los de la procuración de justicia y alertan sobre la posibilidad de que dicha institución esté intentando construir una nueva averiguación en contra de Ucan Nah para justificar sus acusaciones”.

Organización Mundial Contra la Tortura se pronuncia

El febrero del presente año, la Organización Mundial Contra la tortura (OMCT), envió una carta a las autoridades de justicia de Quintana Roo, donde manifestaba su preocupación sobre el caso de Basilia Ucan Nah.

La carta fue remitida a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y al Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo, y señala que durante el proceso judicial a Ucan Nah no se respetaron varias garantías jurídicas.

A la OMCT le preocupa que las declaraciones de las supuestas víctimas fueran realizadas bajo coacción y presiones por parte de la policía judicial de Quintana Roo.

Además, las declaraciones nunca señalaron de manera directa a la indígena maya, sino que sólo fueron firmadas por las víctimas que más tarde señalaron no conocer el contenido de los documentos.

La OMCT instó a que el caso de Basilia Ucan Nah sea resuelto con los estándares internacionales, de legalidad de las pruebas y el general respeto por los principios básicos del derecho internacional.

Finalmente la organización mundial expresó su preocupación por todas las irregularidades del proceso y consideró necesario que se lleve a cabo una investigación sobre las mismas, y se restablezcan los derechos de la indígena maya.

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