Por Fundación Tierra (Posición Institucional)
"En realidad, el cuatro de mayo en Santa Cruz, la mayoría de la población sin saberlo conscientemente, aprobará un Estatuto Autonómico que otorgará extraordinarios poderes al futuro Gobernador que, entre otras cosas, definirá todos los derechos propietarios sobre las tierras del departamento, lo que permitirá mantener indefinidamente la actual inequitativa e improductiva estructura agraria regional".
7 de abril de 2008.- La Fundación Tierra fue creada el año 1991, para aportar con propuestas que ayuden a eliminar el latifundio en Bolivia y promover el desarrollo rural sostenible. Desde hace 17 años venimos realizando múltiples investigaciones, sistematizaciones y propuestas especializadas en el tema.
Acompañando las demandas de las organizaciones rurales de campesinos e indígenas de todo el país, hemos influido en algunas políticas públicas para promover el acceso equitativo y sostenible a la tierra, en estricto apego al cumplimiento de las leyes.
Nunca hemos alentado tomas de tierras ni acciones de hecho de ninguna naturaleza. Al contrario, desde sectores radicales se nos ha calificado de reformistas y legalistas.
Actualmente vemos con preocupación el creciente clima de violencia que sectores poderosos están creando en contra de las instituciones públicas para impedir el cumplimiento de las leyes y la verificación del cumplimiento de la Función Económico Social (FES) de la tierra, dispuesta por todas las Constituciones Políticas del Estado de Bolivia y leyes agrarias desde hace más de medio siglo.
El latifundio, es condenado por el Vaticano y por los Obispos Católicos en su carta pastoral Tierra, madre fecunda para todos difundida el año 2000, así como por otras Iglesias Cristianas. Los Obispos afirman que el latifundio es una rémora del pasado que, en la región oriental del país, continúa concentrando tierra, poder económico y político en manos de muy pocas personas.
Esta concentración improductiva de la tierra y el bosque en la zona más rica en recursos naturales renovables del país, es una vergüenza nacional, causa extrema pobreza y genera la exclusión de miles de pobladores del campo. Por eso, todas las constituciones y leyes agrarias de Bolivia castigan el latifundio y establecen que las tierras que no se trabajan –al ser un recurso natural de todos los bolivianos y bolivianas- deben volver a la propiedad del Estado Nacional.
Desde la aprobación de la Ley INRA en 1996 y de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria en el 2006 –que modifica algunos aspectos importantes de la Ley INRA- nunca se había conocido tan claramente como ahora el pensamiento de los gremios agroindustriales del oriente sobre el tema.
Ya el año 1996 habían calificado a la Ley INRA como anti constitucional, vulneradora de la propiedad privada y de tener una visión andino centrista, pero estos temores de los propietarios ilegales de tierras se fueron atenuando, especialmente por la eliminación del pago del impuesto a la tierra de los latifundios y por la efectiva preservación de los mismos, dispuesta por el gobierno del General Hugo Bánzer y de Jorge Quiroga (1997-2001).
Posteriormente, otras administraciones impulsaron una burocrática política de tierras que –a pesar de todo y gracias a la cooperación internacional- logró éxitos parciales en la titulación de importantes territorios indígenas en el oriente. El gobierno de Carlos Mesa intentó frenar el latifundio mediante la prohibición de la subdivisión de grandes predios que, sin embargo, fue boicoteada por el Tribunal Agrario Nacional (TAN) con el fallo del caso Las Chimbas que favoreció a los terratenientes. Aunque un año después el TAN dictaminó en contra de las subdivisiones de grandes predios con el fin de aplicar correctamente la ley y no permitir a los grandes terratenientes subdividir sus haciendas y escapar así a la calificación de latifundio improductivo, el delito quedó en la impunidad.
Dado el origen incierto o ilegal del derecho propietario de muchos grandes predios en el oriente, la declaratoria de una Revolución Agraria realizada por el Presidente Evo Morales el 2 de agosto de 2006, y la posterior aprobación de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, pero particularmente la propuesta de Nueva Constitución Política del Estado –legislación que otorga al Poder Ejecutivo mayores facultades para clasificar el latifundio y revertirlo, para posteriormente redistribuirlo a quien no tiene tierra o la tiene de manera insuficiente- han cohesionado fuertemente al conjunto de los productores agropecuarios del oriente en contra de la reconducción de la reforma agraria.
Lamentablemente la innecesaria agresividad verbal del gobierno ayudó a construir una respuesta de parte de quienes controlan comités cívicos, prefecturas, cooperativas de servicios y medios de comunicación y lograron de esa manera alinear a la mayoría de la región en torno a la legítima demanda autonómica, pero vaciándola de cualquier contenido democratizador en el tema de las tierras.
En criterio de la Fundación Tierra, los Estatutos Autonómicos del Departamento de Santa Cruz han sido elaborados ilegalmente, quienes los redactaron no fueron elegidos para tal fin, los pequeños productores fueron apenas consultados y no se tomó en cuenta la representación de miles de colonizadores, campesinos e indígenas del departamento.
La feroz presión mediática, especialmente de los canales de televisión y de radio de propiedad de los principales latifundistas del departamento de Santa Cruz (UNITEL, RED UNO), ha logrado desinformar a la opinión pública especialmente de las ciudades, en relación al tema de las tierras.
Si bien formalmente el artículo 104 del Estatuto Autonómico afirma que El latifundio, entendido como grandes extensiones de tierras improductivas, no está reconocido por el Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, se lo persigue y sanciona por ser contrario al interés colectivo y no cumplir ninguna función social ni económica social, en la práctica, otros artículos del mismo Estatuto contradicen flagrantemente tal condena.
1. El Estatuto confiere al Gobierno Departamental, en verdad a su Gobernador, la potestad de definir sobre la propiedad, la regularización de sus derechos, la distribución, redistribución y administración de las tierras del Departamento. Ningún Estado Federal o Departamento Autonómico -en ninguna parte del mundo- goza de ese conjunto de atribuciones plenas sobre los recursos naturales.
2. El Estatuto elimina la figura de la reversión del latifundio (expropiación sin indemnización) vigente en la actual CPE y en la propuesta de NCPE. La eliminación de esta figura jurídica –facultad potestativa del Estado para la administración de los derechos de acceso y uso de los recursos naturales renovables como la tierra, el agua y el bosque- es la clave que se esgrime desde el oriente para dar continuidad al latifundio.
3. El Estatuto sólo reconoce a los pueblos indígenas oriundos del departamento su derecho a las Tierras Comunitarias de Origen, excluyendo así a la población migrante Quechua y Aymara, que constituye la mayoría indígena y campesina del departamento de Santa Cruz (los Quechuas y Aymaras son el 56 % del total de indígenas del departamento de Santa Cruz).
4. El Estatuto crea un órgano para el seguimiento a las políticas departamentales de tierras, el Consejo Agrario Departamental, cuyos miembros serán acreditados por el Gobernador, es decir que dependerá de esta sola persona el decidir quién representa a qué sector.
Está claro que en este Consejo no estará ninguno de los representantes de los 250.000 indígenas Quechuas y Aymaras que ahora viven en Santa Cruz, y que la presencia de los pueblos indígenas de las tierras bajas (Chiquitanos, Guaraníes, Mojeños, Guarayos y Ayoreos) será marginal y subordinada al control político del Gobernador.
5. El Estatuto crea un órgano operativo, el Instituto Departamental de Tierras (IDT), para el saneamiento de las tierras, cuya máxima autoridad será designada por el Gobernador de una terna propuesta por el Consejo Agrario Departamental, que a su vez es acreditado por el Gobernador. En otras palabras, el señor Gobernador concentrará el suficiente poder para poner y sacar a su antojo al director del IDT que vea conveniente.
6. El Estatuto establece que será el Gobernador quien firmará todos los títulos de propiedad de las tierras del Departamento de Santa Cruz, en lugar del Presidente de la República, como disponen todas las constituciones políticas del Estado, tanto la actualmente vigente como la propuesta reciente.
7. Finalmente, el Estatuto establece que el Departamento de Santa Cruz elaborará y aprobará su propia ley de tierras. En este contexto de explícita exclusión de las mayorías empobrecidas del área rural, ¿qué orientación tendrá esta ley de tierras?
Estos siete puntos son suficientes para afirmar que una de las principales razones del Estatuto Autonómico es la defensa de la actual estructura de propiedad de la tierra y del latifundio improductivo, y que la voluntad gubernamental de hacer cumplir las leyes agrarias para distribuir la tierra entre todos los bolivianos –exagerada e innecesariamente confrontadora en el plano discursivo- es la causa principal de la crisis política actual.
Lastimosamente, ante el fundamentalismo indigenista de la propuesta de Nueva Constitución Política del Estado que otorgaría derechos exclusivos a los pueblos indígenas sobre la totalidad de los recursos naturales renovables en sus territorios indígenas, los líderes de Santa Cruz han respondido con el fundamentalismo autonomista que –entre otras legítimas demandas descentralizadoras- protege al latifundio como un modo de producción que históricamente ya ha sido eliminado en la mayoría de los países del mundo.
En realidad, el cuatro de mayo en Santa Cruz, la mayoría de la población sin saberlo conscientemente, aprobará un Estatuto Autonómico que otorgará extraordinarios poderes al futuro Gobernador que, entre otras cosas, definirá todos los derechos propietarios sobre las tierras del departamento, lo que permitirá mantener indefinidamente la actual inequitativa e improductiva estructura agraria regional.
Fuente: Observatorio de la Revolución Agraria en Bolivia, Fundación Tierra
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Para los interesados en profundizar el tema les comunicamos que la Fundación Tierra ha publicado en marzo de este año el libro: Los barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy, el mismo que puede ser descargado en formato pdf desde el siguiente enlace electrónico:
- Los barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy (pdf, 308 páginas)
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