Servindi, 27 de octubre, 2010.- A pesar de que la contaminación continúa en los ríos Huachocolpa y Escalera y de haberse comprobado negligencia en el derrame de 25 mil metros cúbicos de desechos tóxicos, Minera Caudalosa empezaría a operar.
La Sala Penal de Huancavelica aprobó ayer el levantamiento de la medida cautelar que le permite a Caudalosa reiniciar sus operaciones sin tomar en cuenta los gravísimos hechos.
Asimismo, existe una denuncia penal presentada por el fiscal Frank Ponce Rosado en contra de la minera que todavía se encuentra en mesa de partes del Poder Judicial de Huancavelica, debido a la reciente huelga de trabajadores.
La denuncia halla responsabilidad en Caudalosa por contaminación ambiental en varios ríos a lo largo de cien kilómetros, así como contaminación por plomo en once niños, uno de ellos de solo tres años de edad.
Un reporte de la Autoridad Nacional del Agua, advirtió que luego de cuatro meses de ocurrido el hecho, persisten concentraciones de minerales tóxicos en cinco puntos críticos.
Cerca a los poblados Totorapampa y Chuñumayo las concentraciones arsénico, cadmio, hierro, manganeso, plomo y zinc superan lo permitido por el Estándar de Calidad Ambiental.
Presión para que no se investigue
Tanto el juez y el fiscal a cargo han sufrido una serie de acciones legales por parte de la minera que buscan obstaculizar la investigación.
Contra Ponce Rosado se han presentado tres hábeas corpus por abuso de autoridad con el ánimo explícito de que paralice la investigación.
Asimismo la minera ha presentado hasta tres recusaciones contra el juez del 2° Juzgado Penal de Huancavelica, que ha derivado en que la Sala Penal levante la medida cautelar.
Los vocales que votaron a favor de la minera Caudalosa son Omar Páucar Cueva y Wilfredo Ayala Valentín. El voto discordante fue de Jorge Bonifaz Mere.
Falta de garantías
Para los dirigentes de la zona, es muy probable que las autoridades judiciales apañen a la minera en su intento de impedir las investigaciones.
Por eso, estarían solicitando que este caso pase a la Corte Suprema con la intención de que se garantice un proceso transparente.
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