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Colombia: Asesinatos de líderes indígenas deben esclarecerse

Servindi, 17 de septiembre, 2010.- Diversas instituciones y comunidades indígenas pidieron a las autoridades esclarecer los asesinatos selectivos y la liberación de sus líderes secuestrados.

Seis líderes de los pueblos U’wa, Sikuani y Pasto, fueron asesinados a sangre fría y dos fueron secuestrados.

Cronología de una muerte anunciada

29 de agosto

Richard Alexander Peña Martínez, guardia indígena de Miranda, murió asesinaron con seis disparos.

26 de agosto

Ramiro Inampues, concejal de Guachacal, Nariño, junto a su esposa María Lina Galíndez, fueron secuestrados y días después fueron hallados muertos en un río.

18 de agosto

Secuestro de Martín Esteban Reyes y Federico Guastar, asesores de la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidara de Nariño (ACIESNA).

14 de agosto

Jaime Reyes (34) era parte del resguardo Parreros y miembro del cabildo La Esperanza, indígena Sikuani, perdió la vida.

13 de agosto

Fue asesinada Carmen Elisa Mora, líder Uwa (34) coordinadora de la Oficina de Asuntos Indígenas en la alcaldía del municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, madre de dos niños y cuatro meses de embarazo.

27 de julio

Luis Alfredo Socarras Pimienta, líder indígena wayúu, candidato dos veces a la alcaldía del municipio de Manaure, fue asesinado.

El candidato se encontraba frente a procesos de reclamación de derechos fundamentales de su comunidad en el campo del Régimen Subsidiado de Salud y los Recursos del Sistema General de Participación SGP de los Resguardos Indígenas, en el municipio de Manaure.

Por su parte, Yuri Rosero, secretario de formación y capacitación de la Alianza Social Indígena (ASI), natural de Nariño, denunció la compleja situación que atraviesan los indígenas de Colombia.

“Sobre todo en Nariño, Chocó y Antioquia, cada muerte de un líder es un golpe que busca acabar con el movimiento indígena. Nos preocupa el silencio de las autoridades, parece que las amenazas a la comunidad (indígena) fueran algo normal, algo que ya pasó a un segundo plano”, sostuvo.

“Don Ramiro primero formó parte de las Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, fue gobernador de su resguardo indígena durante cuatro períodos, y se alistaba para lanzarse a la alcaldía de Guachacal”, informó.

“Era un hombre preocupado por la defensa de la tierra. Cuando estuvo al mando del resguardo logró recuperar una hacienda para convertirla en territorio indígena”, explicó Yuri .

“La muerte del concejal Ramiro nos alarmó a todos. Él llegó al Concejo con el apoyo de más de mil votos, y sus recientes gestiones eran respaldadas por la comunidad. Él se oponía, y lo manifestaba, a la creación de una anunciada base militar en el resguardo Colimba, donde habitan cerca de cinco mil indígenas”, informó.

Para la concejal de Bogotá, Ati Quigua, quien pidió ante el Concejo de Bogotá, una acción urgente a favor de los más de 500 aborígenes de la etnia embera que viven en condición de desplazamiento, los pueblos indígenas están siendo víctimas de “asesinatos selectivos y sistemáticos”.

“No se están protegiendo los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados, que se leen en el Auto 004 de la Corte Constitucional”,

Asimismo, lamenta que el desplazamiento del que han sido víctimas estas comunidades, obligue a estas personas a optar por el camino de la mendicidad y la violencia.

Alonso Tobón, presidente de la Alianza Social Indígena, dijo que “es consecuencia del conflicto armado, particularmente en los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó”.

“Todas estas muertes son el resultado de la confrontación que hay en esas zonas entre el ejército y la guerrilla, donde la comunidad está en el medio”, señala.

Además, que pide que se investigue el caso de los indígenas que están siendo atropellados sus derechos fundamentales.

"Pedimos al Gobierno y al aparato judicial que hagan un esfuerzo para dar con las personas que están detrás de las muertes de nuestros líderes".

“Está bien que el Ejército persiga a los violentos, pero que no se haga a costa de la seguridad de nuestros pueblos. Estamos en medio del conflicto y no hay protección”, concluyó.

Cabe señalar que en la Organización Nacional Indígena, (ONIC) emitió un comunicado sobre peligro de extinción de los pueblos indígenas.

"En dos o tres años, más del 50 por ciento de los 24 millones de hectáreas que ocupan los pueblos indígenas habrán sido entregadas a petroleras y detrás de ellas vendrán las mineras y las madereras", afirma el comunicado.

Vulneración de sus derechos

Los casos denunciados por la Defensoría, referentes a la vulneración de los derechos de pueblos indígenas se relacionan con:

Derecho a la diversidad étnica y cultural: por desconocimiento de los pueblos indígenas, por negar la existencia de este grupo poblacional en determinadas zonas del país, por negarse a reconocer la inscripción de cabildos, entre otros.

Derecho al territorio: por constitución, saneamiento, ampliación, por factores del conflicto armado interno, implementación de proyectos de cultivo de explotación económica, especialmente en los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare,Vichada, Amazonas y Putumayo.

Derecho a la Autonomía: relacionado con el gobierno propio ejercido por las autoridades tradicionales indígenas; jurisdicción especial; consulta previa, participación, concertación y desarrollo.

En el caso particular de Nariño, la Defensoría del Pueblo emitió la Resolución Nº 053 del 05 de Junio de 2008, donde hace diferentes recomendaciones a fin de restablecer los derechos de las personas integrantes del Pueblo Awá, comunidad en la cual, luego de un serie de entrevistas y un proceso de acompañamiento, la Defensoría pudo “… establecer que han sido vulnerados de manera grave y sistemática derechos individuales como colectivos del pueblo indígena awá del departamento de Nariño”.

Respuesta de las autoridades

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que los asesinatos de los indígenas son una vulneración de sus derechos colectivos ya que los líderes cumplen su función de defender, preservar y reproducir la cultual ancestral. (ver documento)

Asimismo, instó al Estado colombiano a investigar estos crímenes, llevar a la justicia y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, y atender las necesidades de protección y seguridad de los líderes y autoridades indígenas.

Liliana Pinchao, asesora de las Autoridades Indígenas de Colombia, declaró en Caracol Radio que las amenazas son permanentes por parte de organizaciones armadas pero el Gobierno no garantiza su protección.

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