Servindi, 20 de agosto, 2010.- En conferencia de prensa realizada ayer representantes de organizaciones indígenas y congresistas denunciaron la intención del gobierno de imponer una Ley de consulta previa distorsionada y que trasgrede el Convenio 169 de la OIT y otros derechos de los pueblos indígenas.
Los dirigentes estuvieron acompañados de los voceros de los grupos parlamentarios: Bancada Bloque Popular, Partido Nacionalista así como otros congresistas.
Por su parte, Daniel Abugattás, vocero de la Bancada Nacionalista, señaló que la ley allanada en la Comisión de Constitución no tiene nada que se le parezca a la Ley de Consulta consensuada en los Pueblos Indígenas.
En tal sentido, ratificó la posición de la bancada nacionalista de rechazar el proyecto, e ir por la insistencia de la Ley aprobada el 19 de mayo.
Asimismo, reafirmó que la Ley allanada debe volver a la Comisión de Constitución y Reglamento porque no ha sido consultada ni a los pueblos originarios, ni a la OIT. La ley del Gobierno es abiertamente atentatoria contra el Convenio 169 de la OIT aseguró.
Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), denunció el interés del Gobierno de aprobar una ley “que nunca fue consultada a los pueblos indígenas”.
La Ley que el Gobierno pretende imponer a rajatabla “modifica totalmente la aprobada el 19 de mayo y no tiene el consentimiento ni representa el interés de los pueblos indígenas de ninguna manera” afirmó.
El dirigente amazónico sostuvo que “si el gobierno insiste con esta Ley allanada, los pueblos indígenas van a rechazarla de forma contundente”.
Pizango Chota exhortó a todos los compatriotas a solidarizarse con la situación de los indígenas, el riesgo que se presenta con la Ley que intenta aprobar el Gobierno, y unir fuerzas para defender el interés del país y la democracia verdadera.
Por su parte, los dirigentes Mario Palacios y Melchor Lima, representantes de la CONACAMI y la CCP respectivamente, señalaron que la intención del gobierno es de contar con una Ley tramposa y antidemocrática.
Palacios, afirmó que “la responsabilidad del Congreso es muy grande, porque si la intención del Ejecutivo es socavar y atentar contra el Estado de Derecho, el Legislativo debe corregir esto y preservar la democracia inclusiva, no la democracia excluyente y autoritaria.”
Las organizaciones indígenas anunciaron que continuarán con acciones regionales en la defensa de una Ley de Consulta Previa auténtica y que participarán en la movilización de los pueblos convocada para el 12 de octubre.
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