Si los indígenas siguen siendo comúnmente discriminados por la llamada sociedad "culta" hay un sector que está en uno de los últimos eslabones de opresión y abuso cotidiano. Se trata de los indígenas procesados judicialmente y privados de su libertad.
- Juicio a comunidad nativa Unipacuyacu, Pucallpa (mp3, 8.38 minutos)
Fidel Inuma Tapullima es un joven agente municipal que pertenece al pueblo indígena Cacataibo. El pasó un año en prisión, injustamente, por impedir el tráfico y tala ilegal de madera.
Los cacataibo son una etnia amazónica que supervive con aproximadamente mil quinientas personas, y habitan un área geográfica sujeta a fuertes presiones externas como la colonización, el narcotráfico y la tala ilegal.
 Fidel Inuma Tapullima y Ricardo Pereira, Jefe de la Comunidad Indígena Unipacuyacu |
La depredación ilegal de los bosques tropicales de la amazonía es considerada un crimen forestal, que viola normas nacionales e internacionales.
El Perú pierde al año 8.5 millones de dólares en impuestos por la tala ilegal, lo que constituye un negocio multimillonario para los traficantes.
En diversas regiones amazónicas esta actividad ilícita convive asociada con otros crímenes como la corrupción de funcionarios, el terrorismo y el tráfico de drogas. Sin embargo, el Estado es impotente para impedirlo.
Ken Yamashita, director adjunto de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) del Perú, estima que diariamente se pierden unas 590 hectáreas de bosques o el equivalente a 1,200 canchas de fútbol por día.
La tala ilegal amenaza con desaparecer de la amazonía peruana valiosas especies como el cedro o la caoba. Este delito impune se realiza cotidianamente ante la falta de una eficiente institucionalidad ambiental y la ausencia del Estado.
La presencia de campamentos ilegales, demanda consumo de carne y alienta la caza furtiva que diezman los hábitats de las especies que hoy se encuentran en peligro de extinción.
Por todas estas razones habían sobrados motivos para que la comunidad nativa Unipacuyacu interviniera al maderero ilegal Daniel Luis Arbe Tapia quién conducía un lote de 17 mil 500 pies de madera ilegalmente extraída del territorio Cacataibo, sin contar con licencia para la extracción forestal.
Arbe Tapia pretendió congraciarse con la comunidad nativa entregando 500 soles, aproximadamente 166 dólares, y la promesa de donar dos baterías y una antena de radio.
Sin embargo, el ilegal maderero denunció a las autoridades comunales por robo agravado y extorsión, logrando encarcelar a Inuma Tapullima, quien estuvo un año privado de su libertad, sin una sentencia judicial que lo condenara.
Felizmente, gracias al Programa de Defensa Legal de la Organización Regional Aidesep Ucayali, y que es auspiciado por la Fundación Solsticio de Dinamarca, se ha provisto de defensa legal a Inuma Tapullima y otros denunciados.
Tapullima logró recuperar su libertad, o mejor dicho semi libertad, pues solo se ha cambiado la orden de detención por la de comparecencia.
Pero la pesadilla de Inuma Tapullima continúa. Junto al jefe de la comunidad Ricardo Pereira y otros denunciados tienen que trasladarse cada semana desde su comunidad hasta la ciudad de Pucallpa.
Se trata de un viaje de muchas horas en bote y otras más por carretera, con un gasto de por lo menos 30 dólares por viaje. Además, deben gastar también en alimentación y alojamiento, tan solo para presenciar las burocráticas y lentas audiencias de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.
Aunque usted no lo crea. ellos recibieron unos 166 dólares para recuperar en algo la depredación ilegal del propio bosque de su comunidad a la fecha vienen gastando -solo por cumplir con las citaciones judiciales- muchas veces más dicho monto.
Estamos pues ante un juicio que el propio Estado a través del Poder Judicial -en complicidad con ilegales madereros desde octubre de 2005- oprime el frágil cuello de indígenas humildes e inocentes, que lo único que han hecho es defender la integridad de su bosque amazónico.
A ellos se les ha depredado sus bosques tropicales. Ahora se les arranca de su hábitat natural y se les obliga a afrontar un juicio penal cuyos engorrosos procedimientos ellos desconocen.
¿Es posible que la justicia trate de esta manera a quienes custodian nuestros bosques tropicales?
¿Hasta cuándo los madereros ilegales seguirán corrompiendo autoridades y haciendo de las suyas de manera impune?
Mientras tanto el abogado Jorge Tacuri ha presentado un recurso judicial en el que señala que la conducta de los procesados no constituye delito y no es justiciable penalmente. Esta solicitud está pendiente de resolución.
Abogado Jorge Tacuri sustenta acción de naturaleza de excepción
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