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ONU: "Los estados deben reformarse para atender y cumplir derechos de los PPII"

Servindi, 21 de abril, 2010.- Además de la adopción de normas legales es necesario que los estados también realizen reformas y se adecúen para cumplir a cabalidad con los derechos de los pueblos indígenas fue una de las ideas de consenso que arrojó un panel realizado hoy en las Naciones Unidas.

Se trata del evento paralelo: "Mecanismos para la participación de los Pueblos Indígenas: La experiencia de América Latina" que se realizó en el marco del noveno periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas que fue organizado por el Grupo Interagencial de Pueblos Indígenas América Latina y el Caribe.

Red de instituciones defensoras de los DDHH

Alicia Abanto, Jefa de la Defensoría del Pueblo de Perú y coordinadora de la Red de Instituciones de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, dijo que el caso de Bagua evidenció la urgente necesidad de institucionalizar el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas.

Para hacer efectiva esta institucionalización es conveniente la adpción de una ley marco de derecho a la consulta y además una reforma del Estado que facilite este proceso de diálogo. "En ciertos casos se requiere reformar al estado para mejorar su capacidad de atender a los pueblos indigenas" dijo.

Abanto señaló que la situación en América Latina y el Caribe es similar y enfrentan tres grandes dificultades. La primera es que la normatividad está dispersa y es insuficiente. "Esto configura una situación de derechos humanos vulnerados o incumplidos" expresó.

Una segunda dificultad es la insuficiente capacidad de gestión de políticas públicas para pueblos indígenas. Observó que la polarización politica dificulta el introducir estos temas en el debate público.

Un tercera dificultad es que se requiere un mayor fortalecimiento de las organizaciones representativas de los pueblos indigenas para garantizar la calidad de su participación en los procesos de consultas y participación que aún son incipientes, afirmó.

Derecho de consulta y participación

Los estados principalmente solo informan pero no dialogan. "En el mejor de los casos la participación a veces se reduce a recibir opiniones de las organizaciones" indicó Abanto.

"Una de las mayores preocupaciones por parte de los gobiernos es que el derecho a la consulta impacte de forma negativa en la política sobre recursos naturales", señaló.

Superar esta situación requiere el aporte de todos los actores para que perciban que todos salen ganando con el cumplimiento del derecho a la participación y la consulta.

Actualmente se debate el derecho a la Consulta en Colombia, y tanto en México y Perú se debate una ley marco sobre el derecho a la consulta entendida como la promoción de un diálogo intercultural de buena fe.

La Red de Derechos Humanos

La red tiene el compromiso de desarrollar un trabajo coordinado para contribuir al cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en sus respectivos países, y que son Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Venezuela y Perú.

Las instituciones de derechos humanos de esos países -como las defensorías, procuradorías y coordinadoraas de derechos humanos- buscan trabajar en equipo, mejorar las sinergias, mejorar sus intervenciones en el Estado y esperan tener una coordinación con todos los actores para mejorar su trabajo.

La consulta es también una forma de participación

Leonardo Alvarado, asistente del relator James Anaya, sostuvo que la participación de los pueblos indígenas no se reduce únicamente a los partidos politicos indígenas. "El derecho a la consulta es de por sí un medio de participación que debe ser respetado" sostuvo.

"Los Estados deben comunicarse en pie de igualdad con los representantes de las instituciones elegidos por los propios pueblos indígenas" agregó. "El Estado no debe elegir a los líderes indígenas sino que debe crear los espacios para la formación y capacitación en aspectos técnicos pero no en la toma de decisiones".

"Se trata de un mecanismo de relacionamiento entre Estado y pueblos indígenas, en el marco de ciertos principios como el de no discriminación y respeto de la libre determinación, como parte de un plan integral" señaló el especialista.

Uno de los desafíos es superar la percepcion de los estados que creen que la consulta es un derecho de veto y que puede entorpecer los proyectos de desarrollo. "Pero el veto no es el marco de referencia para el análisis de la consulta".

"Se trata de un diálogo de buena fe donde se pueda hallar entendimientos mutuos y se respete el consentimiento previo, libre e informado" precisó.

El derecho a la participación se inicia desde lo local

La joven quechua de Perú, Tania Pariona, afirmó que el desafío de las mujeres para ejercer su derecho a la participación se inicia desde lo local, donde se tiene que bregar para avanzar en las propias organizaciones indígenas mixtas.

La delegada de la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAAP) explicó la importancia que tiene para las mujeres incidir en los espacios de participación de los gobiernos locales y regionales donde pueden concretarse algunos avances efectivos.

Señaló, como ejemplo, una ordenanza regional que reconoce las lenguas e identidades indígenas y que ha servido como palanca para empezar a diseñar un programa de educación bilingüe e intercultural.

Recalcó que falta avanzar mucho en lograr que los funcionarios conozcan y respeten los derechos a la consulta y la participación de los pueblos indígenas. La mentalidad burocrática los lleva solo a cumplir "solo lo que está escrito como norma legal y bajo sanciones" indicó.

Pariona saludó la labor encomiable de la Defensoría del Pueblo de Perú por su labor eficiente de defensa y demandó que extienda su labor hacia las comunidades de base para que se les apoye en aprender los mecanismos para ejercer sus derechos.

También criticó la política de promoción de las industrias extractivas y la tergiversación del derecho a la consulta, que es mal manejada y empleada para dividir a las comunidades y a las organizaciones, señaló.

Finalmente, afirmó que en el Estado peruano debe haber un espacio para el diálogo permanente porque el Indepa "tiene una función muy limitada y las propuestas desde los pueblos indígenas no llegan hacia el Estado".

Consulta es diálogo y toma de decisiones

Elisa Canqui Mollo, miembro del Foro Permanente, resumió finalmente que la consulta es un derecho ganado por los pueblos indígenas que los estados están en la obligacion de cumplir. El vacío de cómo operar ese derecho no debe servir para incumplirlo y hay que seguir los mejores estándares de aplicación señaló.

Llamó la atención sobre que el derecho a la consulta se ha focalizado en los megaproyectos pero también existen numerosos proyectos pequeños que se ejecutan directamente, vulneran a los pueblos indígenas y nunca son consultados.

También afirmó que el proceso de consulta no es solo un proceso de diálogo sino también un proceso de decisión donde los pueblos indigenas deben tomar decisiones en el marco de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

"Los estados no son quienes los que deciden quienes participan en las consultas. Si los estados van a fortalecer la participación indígena deben hacerlo respetando la autonomía de los pueblos indígenas porque hay sesgos en algunos estados para vulnerar este derecho" expresó Canqui.

Rol de preguntas

Jaime Corisepa, representante de la Federación Nativa del río Madre de Dios y afluentes (Fenamad) expresó su inquietud por la forma cómo enfrentar la continua violación del Estado peruano del derecho a la consulta.

Citó como ejemplo la superposición del lote de hidrocarburos a favor de Hunt Oil sobre la Reserva Comunal Amarakaire y el proyecto de la central hidroeléctrica Inambari. Informó que las comunidades amazónicas del Perú están en un estado de alerta y movilización permanente para defender sus derechos.

Eduardo Perochena, funcionario del Ministerio de Agricultura del Perú intervino para aclarar que el Indepa se ha elevado de categoría y ha pasado a la Presidencia del Consejo de Ministros y ya no se encuentra en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano, como refirió Tania Pariona.

Asimismo, acotó que en el Indepa hay representación nativa y se ha instalado una oficina descentralizada en la zona de Santa María de Nieva a cargo del lider indígena Evaristo Nugkuag.

En dialogo con Servindi el citado funcionario confirmó que el proceso de diálogo derivado del conflicto de Bagua culminó el 19 de enero por mandato de una resolución ministerial cuando el Grupo Nacional de Coordinación para los Pueblos Amazónicos terminó sus funciones.

"El Grupo cumplió su encargo de elaborar productos de las cuatro mesas el 12 de enero de 2010 a la Presidencia del Consejo de Ministros quién a su vez derivó copia de esos informes a los sectores públicos correspondientes" dijo Perochena.

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