- Shin Imai, profesor de la Universidad Osgoode Hall Law, recuerda que el Gobierno canadiense, le negó licencia a una empresa minera que pretendía desaparecer una laguna.
Servindi, 20 de octubre, 2015.- Shin Imai, representante del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa de Canadá, informó que juristas de Canadá presentaron un amicus curiae al Tribunal Constitucional de Perú desde la perspectiva del derecho internacional en relación al proyecto Conga.
En el programa No Hay Derecho de Ideeleradio afirmó que “En el amicus curiae que presentamos al TC sobre el caso Conga, hicimos una ilustración sobre un caso en Canadá similar al proyecto Conga" y donde un tribunal ambiental consideró la suspensión del proyecto.
Se trata del proyecto New Prosperity Mine, un proyecto ambicioso de oro y cobre, de cielo abierto, que generaría que ingresos por 11 mil millones de dólares, casi tres veces más que el caso Conga, estimó Shin Imai.
"El proyecto New Prosperity Mine, tal y como sucede con el proyecto Conga, estima un daño permanente en el medio ambiente al utilizar un lago como una balsa de residuos con la creación de reservorios artificiales de agua, por lo que es necesario mitigar el impacto”, detalló.
La justicia canadiense decidió que el citado proyecto contenía incertidumbres y riesgos existenciales y por consiguiente ameritaba su suspensión.
"El proyecto New Prosperity Mine en Canadá es muy similar al caso Conga. Al Tribunal Constitucional le corresponde asumir la tarea de ponderar el derecho a la libertad de empresa con el derecho al agua, el medio ambiente y la salud de los pobladores cajamarquinos" agregó.
"Canadá al igual que el Perú es un país minero, también tenemos pueblos indígenas y comunidades que tienen derechos sobre sus tierras donde se impusieron proyectos mineros. El debate en Perú es ¿cómo crecer y utilizar los beneficios de estos proyectos mineros y reducir los impactos?, Yo creo que para reducir los impactos en algunos casos deben haber soluciones muy serias”.
“En tal caso, creemos que el Tribunal Constitucional del Perú le corresponde asumir la tarea de ponderar entre el reconocimiento de la libertad de empresa de la compañía minera Yanacocha S.R.L., y los derechos fundamentales al agua, al medio ambiente, a la salud y a la vida de los pobladores de Cajamarca”, acotó.
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