Servindi, 20 de abril, 2015.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
- Mundo Indígena Perú, 20 de abril, 2015 (Archivo mp3, 6 minutos, 20 segundos. Descargar con un clic en el enlace y elegir Guardar Como).
Mundo Indígena Perú - 20 de abril de 2015
Cuarto paquetazo. El dictamen del proyecto de Ley 3941, conocido como “Cuarto Paquetazo”, sigue acumulando pronunciamientos en contra desde diversos frentes, mientras sigue pendiente su debate en el Congreso.
La Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las comunidades del Perú cuestionaron el artículo referido al derecho de servidumbre a favor de los titulares de los proyectos de inversión.
Señalaron que el Estado no puede ofertar, como señala el dictamen, territorios eriazos considerados de propiedad estatal porque, entre otras razones, no existe un catastro actualizado.
El desconocimiento de los límites de sus propios predios podría generar que se entreguen a inversionistas tierras en posesión de comunidades o particulares privados.
Por su parte, la periodista Claudia Cisneros, en su columna del diario La República, afirmó que con el proyecto 3941, el Gobierno está llevando al extremo el abuso y discriminación hacia los pueblos originarios, en alianza con los poderes económicos.
La periodista calificó de “racista y discriminadora” la decisión de los seis legisladores que votaron a favor del proyecto en la Comisión de Pueblos del Congreso y se negaron a escuchar a los representantes de las organizaciones indígenas nacionales presentes en la sesión.
Señaló, de otro lado, que el argumento del Ejecutivo sobre la exclusión de la selva de este proyecto para respetar los derechos de las comunidades indígenas, es solo una coartada, porque resulta que miles de comunidades no están tituladas.
Respuesta amazónica. La organización indígena amazónica AIDESEP desarrolló un Consejo de Coordinación Ampliado para analizar el contexto de agresión legislativa en el que se pretende aprobar el citado proyecto 3941.
En la sesión participaron representantes de las nueve organizaciones regionales, que articulan a 92 federaciones indígenas y representan a 1500 comunidades nativas.
AIDESEP expresó su rechazo al cuarto paquetazo porque recorta territorios, paraliza titulaciones, anula compensaciones por servidumbre de uso de tierras y además vulnera la Constitución y desconoce el Convenio 169 de la OIT.
Henderson Rengifo, presidente de AIDESEP, hizo un llamado al gobierno y al Congreso de la República para que se archive la propuesta legislativa y no permitan que se continúen atropellando los derechos indígenas.
Tía María. El ex ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, sostuvo que el Gobierno repite con el proyecto minero Tía María la misma estrategia errónea que aplicó con el proyecto Conga, hace unos años.
Giesecke cuestionó, en esos términos, la reciente detención del presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, y el modo en cómo el Estado busca a toda costa que se ejecute el citado proyecto.
Rechazó también las versiones del gobierno que responsabilizan a unos cuantos dirigentes de los enfrentamientos que se vienen registrando en Islay.
Consideró que la salida a la conflictividad pasa porque se realice una reunión con toda la población interesada donde se explique cómo se han levantado las observaciones hechas al primer estudio de impacto ambiental.
Show mediático. Autoridades distritales del Valle de Tambo, el alcalde de Islay y dos dirigentes sociales calificaron de “show mediático” la Mesa de Desarrollo que se inició el 14 de abril en Mollendo, en el marco del conflicto suscitado por el proyecto minero Tía María.
Mediante un comunicado, indicaron que la aparente búsqueda de diálogo por parte del Gobierno se contradice con los ataques de policías contra los agricultores que protestan.
Para las autoridades ediles, la posición de no permitir que la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) revise el segundo EIA de Tía María, demuestra la falta de credibilidad del Ministerio de Energía y Minas.
Banco Mundial. Un informe publicado por el diario The Huffington Post revela los impactos sociales y ambientales de varios proyectos financiados por el Banco Mundial en todo el mundo.
Uno de los casos analizados en el informe fue el de Minera Yanacocha, que recibió un financiamiento de US$23 millones de parte de la entidad financiera.
La investigación, que contó con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, sostiene que el citado banco financió 239 proyectos de alto riesgo ambiental y social.
Fiscalización ambiental. En manos del Indecopi se encuentra el destino del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), luego de que las empresas mineras pidieran eliminar el Aporte por Regulación, tributo que le permite realizar sus funciones.
El 13 de abril, se llevó a cabo la audiencia pública ante el Tribunal de Indecopi, que resolverá a nivel administrativo si dicho aporte continúa o sufre alguna modificación.
Según opinó el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible la intención de eliminar el aporte por regulación responde a una estrategia de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía para que “la factura de la fiscalización ambiental la paguen todos los peruanos” y no solo el sector empresarial.
Añadir nuevo comentario